La Asamblea Nacional comienza el período legislativo de 2016 con el objetivo de modificar dos decisiones trascendentales para el país que fueron tomadas, de forma atropellada y en medio de la distracción navideña, por el Parlamento anterior y por el presidente Nicolás Maduro. Se trata de la designación, que se realizó el 23 de diciembre, de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, y de la reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela, vía Habilitante, que se publicó el 4 de enero.
La bancada de la Mesa de la Unidad Democrática considera inconstitucionales ambas decisiones. En la primera sesión ordinaria de la AN, que se realizó el 6 de enero, el diputado Alfonso Marquina propuso la instalación de una comisión que investigará las irregularidades que se cometieron en el nombramiento de esos magistrados. La propuesta se aprobó y esa comisión se instala hoy a las 10:00 am para definir tareas.
Marquina rechazó varias irregularidades en el proceso, como el hecho de que en la revisión de las postulaciones a magistrados no se incluyó a ninguno de los parlamentarios de la MUD que formaban parte del Comité de Postulaciones Judiciales o que nunca se identificarán las salas del TSJ que se renovarían.
“Hubo presiones indebidas a los magistrados para forzar sus renuncias, y candidatos con claras vinculaciones partidistas, como el propio Elvis Amoroso o Calixto Ortega”, dijo el diputado.
La bancada de la MUD rechaza también que incluso algunos dirigentes del PSUV, siendo diputados de ese partido, votaron por sí mismos para magistrados.
Marquina advirtió que el PSUV violó el artículo 71 de la Ley Orgánica del TSJ, que establece los lapsos para las impugnaciones de esos candidatos. También establece 15 días para impugnar a los aspirantes y señala que vencido ese lapso, el Comité de Postulaciones Judiciales fijará posición sobre las objeciones que hayan sido recibidas en un lapso de 8 días continuos, y notificará a los afectados para una audiencia dentro de los 3 días siguientes, para que exponga sus alegatos y pruebas que contradigan las impugnaciones en su contra. “Nada de eso ocurrió”, afirmó Marquina.
Fuentes políticas afirman que el trabajo de la comisión puede llevar a dos destinos: a la remoción de los magistrados o a la suspensión, por fallas en el proceso de su designación.
A investigar. La comisión parlamentaria que iniciará las investigaciones está presidida por el diputado Carlos Berrizbeitia e integrada por Juan Miguel Matheus, Freddy Valera, Stalin González, María Gabriela Hernández, Américo De Grazia y Juan Pablo García.
El PSUV no formará parte del equipo, pues rechazó la decisión. El diputado Pedro Carreño dijo que la pretensión de revisar la designación de magistrados constituye un golpe de Estado y calificó de “adefesio” la propuesta. “Solo mediante autorización del Poder Moral Republicano podrán removerse a magistrados del TSJ”.
El diputado Berrizbeitia aclaró que el proceso será largo, pues se trata de la independencia del Poder Judicial, y que el objetivo de la comisión se limita a estudiar la elección de los magistrados y a recopilar todo lo que hizo el Comité para definir qué ocurrió. “Desde hoy comenzamos a hacer consultas con los abogados de primer nivel, constitucionalistas, y decanos de las universidades, para revisar las designacion
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