Las más de ocho millones de víctimas que ha dejado medio siglo de guerra en Colombia encontrarán por fin respuesta a la pregunta que llevan haciéndose demasiado tiempo: ¿Por qué? El presidente Juan Manuel Santos ha firmado la mañana del miércoles los decretos leyes que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto.
«La verdad trae sanación», ha dicho Lisina Collazos, indígena y víctima de la masacre del Naya, en la que en 2001 más de 400 paramilitares, con la connivencia del Ejército, asesinaron a 24 personas, y otras siete siguen desaparecidas. Como ella, otros seis representantes de distintos colectivos que han sufrido el conflicto armado han recordado, con sus testimonios, que la única manera de no volver a repetir la historia es la memoria a través de «la verdad total».
La Comisión y la Unidad de búsqueda de desaparecidos, contempladas en los acuerdos de paz firmados tras más de cuatro años de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, comenzarán a funcionar «en lo inmediato», ha dicho Santos sin concretar una fecha exacta. Estos organismos, en colaboración con la Justicia Especial para la Paz, tendrán la tarea temporal de esclarecer, juzgar y sancionar a excombatientes, guerrilleros y militares que hayan cometido violaciones de derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
«Las víctimas estarán en el centro de los procesos», ha vuelto a decir el presidente. Y ellas han recogido el guante sin dejar de recordarle al Gobierno, las FARC y las fuerzas militares, presentes en el acto, que la verdad tiene que venir desde «todas las orillas del conflicto». Ariel Baquero, campesino y ganadero, le ha recordado a la guerrilla que los meses que estuvo secuestrado su familia vivió algo similar a la peste. «Aquel tiempo nos persigue, nadie quería acercarse a nosotros por miedo», ha relatado mientras miraba a los representantes estatales y les reclamaba falta de atención. A ellos se han dirigido también las víctimas de crímenes de Estado. «Señor presidente, desclasifique los archivos del Ejército que tanta información ocultan», ha dicho Alejandra Gaviria, cuyos padres, militantes de Unión Patriótica y el partido comunista fueron desaparecidos a finales de los ochenta.
Yolanda Perea, afrodescendiente y víctima de violencia sexual, una de esas lacras de la guerra que quedó en un segundo plano, ha alzado la voz para acabar con el estigma. «Con nuestra voz, no solo la de los victimarios, conseguiremos explicar que nosotras no tuvimos la culpa». A su lado, Hugo Mario Cárdenas, le ha puesto voz a los centenares de periodistas que en el ejercicio de su trabajo perdieron la vida con el único objetivo de silenciar el conflicto. Teresita Gaviria, líder de las Madres de la Candelaria que buscan a sus hijos desaparecidos, ha puesto a disposición de estos organismos a más de 800 mujeres, algunas ya septuagenarias: «Fuimos a las cárceles a por información, ahora mis muchachas están listas para seguir trabajando. Hemos aprendido a perdonar».
Al recuerdo de las víctimas y la convicción de que una nueva Colombia ya está en construcción, se ha unido el fantasma de la polarización que divide el país. Sin nombres propios, Yolanda Pinto de Gaviria, mujer de Guillermo Gaviria, exgobernador de Antioquia, secuestrado y asesinado por las FARC, le ha dicho a «ellos y ellas» que les ayuden en la tarea. «Vamos a dejar de matarnos, y eso lo vale todo. Solo un ciego, un bruto o un lleno de odio no lo llega a entender».
Tribunal Especial para la Paz
En el mismo acto, el presidente Santos y los ministros de Interior y Justicia de Colombia han firmado el decreto que pone en marcha el comité que escogerá a los magistrados del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial. Los cinco miembros son delegados del Secretario General de la ONU, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Centro Internacional de Justicia Transicional, de la Corte Europea de Derechos Humanos, y de la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado.
El País
Por Confirmado: Gabriella Garcés
