El embajador colombiano, Luis Eladio Pérez Bonilla, aseguró que su país podría ayudar a Venezuela a suministrar alimentos, debido a la escasez por el contrabando de extracción en la frontera, problema reconocido por el Gobierno nacional.
En entrevista exclusiva con Globovisión.com, destacó que Colombia «anhela recuperar el mercado venezolano» y según dijo, antes de la ruptura de relaciones entre las dos naciones en el año 2008, alrededor de 70 % de los productos que se consumían en el territorio nacional provenían del país vecino.
Luego de este incidente diplomático, Pérez destacó que Venezuela tuvo que recurrir a otros mercados internacionales para importar alimentos y comercializarlos con subsidio, que a su juicio “está desgastando a la economía del país”.
Agregó que el contrabando no solo perjudica a Venezuela con el desabastecimiento, sino también a las industrias colombianas, “porque al vender productos (provenientes del territorio nacional) a un costo más barato, existe una competencia desleal”, detalló.
“Venezuela debe garantizar seguridad y confianza económica”
Actualmente, las relaciones entre los países se mantienen estables, por lo que instó al Gobierno nacional a crear las condiciones para que se invierta en Venezuela.
Pérez Bonilla añadió que la deuda de Venezuela con comerciantes colombianos oscila los 3 mil millones de dólares entre expropiaciones y las divisas que se le deben a diversos sectores.
Acciones para evitar el contrabando
El embajador destacó que la diferencia de precio entre ambos países «da para lo que sea», es decir, es lo que incita a las actividades ilícitas. Pérez propuso que si se establecen aranceles a un precio común, no habrá diferencia en los montos de los productos y esto ocasionaría la disminución de este delito.
Asimismo, enfatizó que las medidas que se tomen “no siempre serán suficientes”, si no se ataca el problema de raíz, que a su juicio es la corrupción.
Este mes de febrero el Ejecutivo anunció que va a “triturar” las mafias del contrabando y aprobó la Ley de Precios Justos que establece entre 10 y 14 años de prisión a quienes recurran en el contrabando de extracción.
Este mismo mes se reunieron los cancilleres Elías Jaua y María Ángela Holguín para trabajar en erradicar este delito en la frontera. En dicha reunión se firmó un memorando de entendimiento con métodos de trabajo entre los cuerpos de seguridad y autoridades administrativas de ambas naciones.
Además, todos los bienes incautados serán repatriados, especialmente los subsidiados por el Gobierno nacional.
A propósito de este encuentro entre los cancilleres, el embajador colombiano no descartó que se incluya en una segunda fase de diálogos a la empresa privada venezolana, debido a las acusaciones del presidente de la asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre que los empresarios también podrían estar involucrados en este delito.
Fuente: GV
