Actualmente, el sector público de salud cuenta con 42.500 camas para atender a la población del país y el sector privado dispone de 7.600 camas (cerca de 15% del total). Sin embargo, las clínicas están atendiendo, en promedio, a 55% de la población del país según datos del Banco Central de Venezuela, de encuestas familiares aplicadas.
«Reconocemos que el Gobierno está haciendo esfuerzos por mejorar la salud pública del país, pero siguen algunas dificultades. Hay un problema, las clínicas estamos dando una solución. Por eso abogamos por la conciliación y el entendimiento, porque las clínicas somos parte de la solución, no somos parte del problema», señaló Hipólito García, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales (Avch).
Con esa exposición, García, junto con otros nueve directivos de clínicas, explicó que ese sector está atendiendo a 10 millones de empleados públicos representados por la Alianza Interistitucional por la Salud (AIS), que agrupa a 45 instituciones del Estado, más los trabajadores de empresas privadas, con un problema estructural causado por la inflación, deudas, dificultades para importar, escasez de recurso humano especializado, de divisas, fallas en el inventario de insumos y medicinas e incremento de costos. Por ello reiteraron que la aplicación de las tarifas de servicios médicos, publicadas de forma inconsulta en la Gaceta Oficial N° 40.196, es inviable.
El jueves, trabajadores públicos que apoyan la regulación de las clínicas y la aplicación de la providencia informaron que los montos publicados en Gaceta surgieron de un análisis hecho a 63 mil facturas de centros privados. Sobre eso, Eduardo Mathinson, del Centro Médico Docente La Trinidad, aclaró que esas facturas son de 2011 y fueron las que se usaron para establecer el baremo de precios de la AIS que se acordó en marzo de 2012; por ello los precios no están ajustados a la realidad.
García informó que el 4 de julio le plantearon a la superintendente nacional de costos y precios justos, Karlin Granadillo, la dificultad de aplicar la providencia. «Nos pidió una exposición de motivos y la entregamos el 8 julio. Han sido muy receptivos, deben estar analizando las estructuras de costos y movimiento de insumos que le entregamos. Nos ratificó que, con base en el análisis, harán cambios; no sabemos cuándo», informó García.
Esperan que la decisión se tome pronto. «La aplicación de estos montos nos llevaría al cierre de algunos servicios», recalcó Carlos Rosales, vicepresidente de la Avch. Destacaron que están de acuerdo con la regulación, pero que sea ajustada a la realidad.
Fuente: ÚN
