En medio de la supuesta crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, la alcaldesa xenófoba Claudia López añadió un ingrediente que le ha costado fuertes críticas: relacionar la población migrante (refiriéndose a los venezolanos) con el crimen de la ciudad.
López, en la mañana, había anunciado dos medidas. Una que apoyaba las acciones que viene adelantando Migración Colombia con el Estatuto de Protección a Migrantes a través del prerregistro virtual; registro biométrico y entrega de documento de identificación; y la otra, que causó resistencia por varios sectores de la sociedad, la creación de un comando especial de la Policía para combatir estructuras criminales que involucren a migrantes.
No obstante, a pesar de que Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, había estado en el Consejo de Seguridad Distrital donde se discutieron estas medidas, después de una reunión que sostuvo con Iván Duque, presidente de la República, indicó que la creación de estos comandos es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente.
“En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo d e mecanismos, tenemos que trabajar en la defensa de colombianos en las ciudades y en la protección de migrantes”, indicó el funcionario, y agregó que en asuntos migratorios se ha avanzado en procesos de identificación de presuntos responsables.
Por esto, la apuesta seguirá siendo el enfoque de la primera medida, con la cual se han registrado más de 1,1 millones de venezolanos a nivel nacional.
Apuestas con la identificación
López sostuvo que este proceso le permitiría a la población migrante acceder a beneficios de empleo o desarrollo económico que hay en la ciudad. Pero, además de esto, el Distrito buscaba judicializar o expulsar del país a extranjeros que cometan delitos.
Espinosa sostuvo que en los casos de criminalidad, la posición del Gobierno Nacional seguirá siendo la no deportación. “Una persona que comete un delito es alguien que debe ser objeto de judicialización”, dijo.
Nastassja Rojas, investigadora en migración, menciona que desde el discurso se debe fomentar la construcción de confianza para que migrantes se acojan a este tipo de procesos institucionales.
“Al hacer su proceso de registro se genera confianza, ellos sienten que son bienvenidos y cuando hay derechos se entienden que hay deberes”, explica.
Herramientas de registro e identificación son valiosas en términos de inclusión. Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela, manifiesta que el dar este reconocimiento y respaldo es importante siempre y cuando traiga consigo un proceso de socialización, donde sea adoptado por todos los sectores desde acceso a servicios y bienes públicos hasta relaciones con el sector privado en el trabajo o procesos con entidades bancarias.
Rodríguez afirma que esta identificación le permitiría a la población migrante vulnerable solicitar apoyos del Estado. “No es que se le vaya a dar más que a un colombiano. Se le va a dar acceso a la educación pública, lo cual es un derecho de un niño, niña o adolescente”, sostiene e indica que ese gasto social se verá reflejado en la sociedad colombiana en el mediano y largo plazo cuando esta población apueste por mejoras en la construcción de país.
