CIV pide a Defensoría del Pueblo exhortar a Ejecutivo revisión de ascensores prontamente

CIV pide a Defensoría del Pueblo exhortar a Ejecutivo revisión de ascensores prontamente

Recomienda suspender certificación Sencamer, temporalmente y validar empresas con su Registro Mercantil vigente o firma de ingenieros mecánicos colegiados

El Colegio de Ingeniero de Venezuela (CIV) solicitó a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, su mediación y exhortar al Ejecutivo nacional y municipal fijar un lapso perentorio de 24 horas para la evaluación técnica por parte de empresas registradas o ingenieros/arquitectos colegiados, y 24 horas adicionales para que las Juntas de Condominio reactiven el servicio.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela, a cargo del vicepresidente del CIV, arquitecto, Richard Casanova expuso otras recomendaciones para evitar el “confinamiento indirecto” de miles de personas en edificaciones multifamiliares:

*Suspender temporalmente la obligatoriedad de la certificación Sencamer durante la contingencia, validando la operación de las empresas con su Registro Mercantil vigente o la firma de ingenieros mecánicos colegiados.

*Prohibir cobros de honorarios adicionales por parte de las empresas de mantenimiento para las inspecciones derivadas del evento sísmico.

*Advertir sobre responsabilidades legales: Recordar a autoridades y Juntas de Condominio que la inobservancia o la ejecución de órdenes absurdas que resulten en lesiones o desenlaces fatales por falta de evacuación médica, generan responsabilidad civil, administrativa y penal directa.

Casanova señaló que: “La acción responde a la paralización indefinida de los sistemas de transporte vertical (ascensores) tras el reciente evento telúrico, una medida que ya acumula casi un mes debido a instrucciones burocráticas e interpretaciones ambiguas que han generado temor a sanciones en las Juntas de Condominio”.

Estándares internacionales

El arquitecto explicó que la norma europea EN81-77 y directrices de Japón contemplan dos fases operativas ante sismos: la detención automática inmediata durante el evento y la fase de continuidad operativa que exige la inspección expedita para restablecer el servicio en un lapso no mayor a 72 horas (ventana de vulnerabilidad).

“Mantener un edificio de gran altura sin ascensores por casi un mes no incrementa la seguridad; por el contrario, degrada la habitabilidad de la estructura y traslada el riesgo hacia emergencias médicas, desabastecimiento e inmovilización forzosa, afectando críticamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida”, afirmó Casanova.

Describió que Sencamer se ha convertido en un cuello de botella porque carece de capacidad técnica inmediata para certificar masivamente a las empresas del sector en plena contingencia, por lo que pretender imponer este registro retrasa por meses la evaluación de miles de edificaciones.

También, manifestó que, el gremio tachó de “inadmisible e inmoral” que empresas de mantenimiento con contratos vigentes en condominios pretendan realizar cobros extraordinarios por ejecutar la inspección post sismo, recordando que dicha evaluación es una obligación intrínseca de la conservación del equipo.

 

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