Cinco años después del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, la investigación judicial en Haití continúa sin avances sustanciales y sin que se haya iniciado un juicio.
Mientras tanto, el país sigue inmerso en una profunda crisis, con las bandas armadas controlando gran parte de Puerto Príncipe, una situación humanitaria cada vez más grave y sin un horizonte claro para la celebración de elecciones que permitan restaurar el orden institucional.
Moïse fue torturado y asesinado en la madrugada del 7 de julio de 2021 durante un ataque contra su residencia de Pèlerin 5, en Pétion-Ville (Puerto Príncipe).
El crimen lo perpetró un grupo de mercenarios entre los que había un gran número de colombianos y estadounidenses, que contaron con la complicidad de agentes de las unidades especializadas del Palacio Nacional encargadas de garantizar la seguridad del jefe de Estado.
A diferencia de Estados Unidos, donde nueve implicados ya han sido condenados, la causa en Haití ha estado marcada por cambio de jueces de instrucción, dimisiones, órdenes de arresto y decisiones judiciales que han ralentizado el proceso.
De acuerdo con la acusación, los condenados conspiraron en el sur de Florida (EE.UU.) para organizar el secuestro de Moïse, una operación presentada inicialmente a los mercenarios colombianos como un arresto legal supuestamente respaldado por agencias estadounidenses, en parte debido a que algunos implicados tenían vínculos previos como informantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Sin embargo, según testimonios, la operación derivó en el asesinato tras fallidos intentos de captura.
Un expediente aún sin cerrar
El expediente se encuentra en una fase de investigación complementaria ordenada en octubre de 2025 por la Corte de Apelación de Puerto Príncipe, que consideró insuficiente la instrucción realizada hasta entonces y encomendó el caso al juez Jean Denis Cyprien.
El magistrado ha interrogado durante los últimos meses a exfuncionarios del Gobierno de Moïse, dirigentes políticos y sociales y responsables de la actual transición, además de ordenar nuevas diligencias para ampliar las pesquisas.
Esta constituye la tercera investigación desarrollada por las autoridades haitianas. Las dos anteriores estuvieron a cargo de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) y del juez instructor Walther Cyprien.
La búsqueda de los autores intelectuales
La Corte de Apelación ordenó ampliar la investigación para reunir nuevas pruebas, determinar las fuentes de financiación del asesinato, identificar la participación de los acusados y obtener registros telefónicos correspondientes al período comprendido entre abril y agosto de 2021.
Asimismo, dispuso mantener en prisión a los acusados ya detenidos y rechazó las solicitudes de libertad presentadas por Marky Kessa, Joseph Félix Badio y 17 ciudadanos colombianos procesados en el caso.
A comienzos de 2024, el entonces juez instructor Walther Wesser Voltaire procesó a unas 50 personas, entre ellas la ex primera dama Martine Moïse, el expresidente Michel Martelly y el ex primer ministro Claude Joseph.
Sin embargo, esa resolución fue anulada por la Corte de Apelación en octubre de 2025 al considerar que la investigación debía profundizarse para identificar a los autores intelectuales del crimen y esclarecer la cadena de mando.
Un proceso marcado por la inestabilidad
Desde el asesinato de Moïse, al menos seis jueces de instrucción han asumido el caso. Algunos renunciaron por amenazas o motivos de seguridad y otros fueron apartados de sus funciones, mientras la Fiscalía de Puerto Príncipe también ha registrado frecuentes cambios de responsables.
En ese mismo período, Haití ha tenido varios primeros ministros -Ariel Henry, el interino Michel Patrick Boisve, Gary Conille y Alix Didier Fils-Aimé- además del actual Consejo Presidencial de Transición.
Todos prometieron llevar ante la justicia a los responsables del magnicidio, pero cinco años después esas promesas siguen sin materializarse.
Crisis institucional y de seguridad
El estancamiento de la investigación coincide con el deterioro de la situación institucional del país, que lleva una década sin celebrar elecciones generales y, desde el asesinato de Moïse, carece de presidente, Parlamento y Senado elegidos por voto popular.
Al mismo tiempo, la violencia de las bandas armadas se ha intensificado.
Más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas por la inseguridad y alrededor del 75 % del área metropolitana de Puerto Príncipe permanece bajo el control de grupos armados, lo que mantiene en la incertidumbre la celebración de las elecciones previstas para este año.
