La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró este lunes preocupada por la destitución de los diputados opositores en Nicaragua e instó al Estado a adoptar todas las medidas que sean necesarias «a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos en el país».
El pasado 28 de julio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua destituyó a 28 diputados opositores miembros del Partido Liberal Independiente (PLI), segunda fuerza política del país según los resultados electorales de 2011. Los diputados destituidos no habían aceptado como líder del PLI a Pedro Reyes, desoyendo un orden judicial, destacó DPA.
En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nicaragüense dirimió un conflicto interno en las filas del PLI, retirándole la representación legal del Partido Liberal Independiente al líder opositor, Eduardo Montealegre, y posteriormente se la otorgó a Pedro Reyes, quien junto con otras facciones liberales reclamaban la representación de dicho partido político.
Según la CIDH, con esta decisión, «las personas elegidas por voto popular para ejercer el cargo de diputado fueron reemplazadas por una decisión judicial emitida en un contexto político de año electoral».
«El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política», recordó la Comisión a través de un comunicado.
La Comisión explicó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que «no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción del estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial».
«Si la decisión de destitución tiene como resultado que autoridades electas por el mandato del voto no pueden terminar de ejercer el cargo en el período para el cual fueron electas, dicha decisión podría constituir una restricción indebida al ejercicio de los derechos políticos», añadió la CIDH.
La Comisión exhortó al Estado de Nicaragua a «generar las condiciones y mecanismos adecuados para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación».
La CIDH también recomendó al Estado nicaragüense adoptar las medidas necesarias para «garantizar el debido respeto a las facultades de los adversarios políticos que han sido electos e investidos por el mandato popular».
Nicaragua celebra elecciones generales el próximo 6 de noviembre. En estos comicios se elegirá al presidente, vicepresidente y diputados nacionales y departamentales.
EU