La Cidh expresó hoy su “profunda preocupación” y urgió a Venezuela a tomar medidas tras la muerte porintoxicación de 48 reclusos que días antes habían protagonizado huelgas de hambre y protestas contra los supuestos malos tratos recibidos en la cárcel.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) urgió al Estado de Venezuela a que tome las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos como los sucedidos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental “David Viloria”, conocido “Cárcel de Uribana”, en Lara.
En un comunicado emitido en Washington, la Cidh dio la cifra de al menos 40 reos fallecidos, aunque la ministra venezolana de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, confirmó la muerte de 48 reos y la intoxicación de 145 personas, 20 de las cuales permanecen en coma.
De acuerdo con la información de la Cidh, durante el 24 y el 25 de noviembre los reclusos ejecutaron actos de protesta (incluida una huelga de hambre) contra los supuestos abusos de las autoridades del penal.
Mientras se sucedían las protestas, las autoridades iniciaron el 25 de noviembre un proceso de traslado masivo de internos hacia otros penales e intentaron controlar la situación en la cárcel “David Viloria” con la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana.
En ese contexto, el 26 de noviembre, se hizo pública la intoxicación de los internos al parecer por la ingesta de medicamentos combinados.
Según el Ministerio Penitenciario, ese día “algunos privados de libertad, en situación de insubordinación procedieron a asaltar el puesto de salud e ingresaron violentamente al área de enfermería, (…) procediendo a ingerir múltiples fármacos“, en señal de “insubordinación” para pedir la destitución del director del centro.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), órgano judicial de la OEA con sede en Costa Rica, ya dictó medidas provisionales contra Venezuela por este penal el 2 de febrero de 2007 y la reiteró con una resolución el 13 de febrero de 2013.
En esas ocasiones, la Corte pidió a Venezuela que adoptara de forma “inmediata y definitiva” las medidas necesarias para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de los internos, así como de quienes los visitan o trabajan allí.
Por eso, la Cidh recordó hoy a Venezuela que tiene “el deber jurídico ineludible” de adoptar acciones concretas para proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de los reclusos. Además, la Cidh recuerda al país latinoamericano que tiene “la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia” todas las muertes de personas bajo su custodia para dirimir quiénes fueron los autores intelectuales o las autoridades responsables.
Globovisión
