Mucho ha sucedido en Chile desde que Augusto Pinochet dejó de mandar. Es un país que ha sabido reconstruirse, reconciliarse y perdonarse para mantener la democracia tan ansiada. Pero ese sistema se sostenía sobre una Constitución redactada por la dictadura y es un anhelo de sus ciudadanos contar con una que sea producto de un debate sano de ideas. El domingo tendrán la oportunidad de aprobar una propuesta, pero parece que no cubre las expectativas de la mayoría y corre el riesgo de quedar como un papel de trabajo.
Hace ya unos días que está prohibido en Chile publicar resultados de encuestas sobre la propuesta constitucional, pero las últimas daban una ventaja de 10 puntos al rechazo sobre la aprobación. Esto indudablemente ha puesto nerviosos a los del gobierno de Gabriel Boric, al punto de que prometen hacerle reformas inmediatas a los asuntos más polémicos si es aprobada tal como está; esto parece un chiste.
El proceso para redactar este nuevo modelo constitucional ha sido largo pero consistente. Primero se les preguntó a los chilenos si querían cambiar la Constitución que dejó Pinochet, a lo que respondieron en las urnas mayoritariamente que sí. Luego se votó para elegir a los 155 encargados de hacer propuestas, llevar los debates y sacar el conjunto de artículos, que al final fueron 388 más 57 normas transitorias, lo que la hace una de las más largas del mundo.
El problema es que de progresista, como prometieron que sería, tiene muy poco. Algunos analistas, como Andrés Velasco, decano de la escuela de Políticas Públicas del London School of Economics and Political Science, asegura que los preceptos constitucionales que se enuncian refuerzan más el sentido tradicional y centrista del Estado; considera que la eliminación del Senado (como en Venezuela y en Cuba) resta controles necesarios en materia legislativa.
Parece que muchos chilenos son conscientes de que no es el mejor proyecto de Constitución y por eso los partidarios del rechazo pareciera que son mayoría. Se trata de una votación obligatoria de un padrón electoral de un poco más de 15 millones de electores. Los expertos aspiran a que voten por lo menos 9 millones, pero hay que tomar en cuenta que hay por lo menos 15% de indecisos que en este caso sí podrían modificar los resultados.
Muy elocuente es la oferta del gobierno de “garantizar” ciertas reformas después del plebiscito, ¿no suena eso bastante desalentador? Es un mensaje claro de que ni ellos están seguros de lo que allí se dice. En todo caso, hasta los momentos ha sido un proceso bastante transparente en su ejecución, sobre todo si se compara con la “Constituyente” venezolana de 2017 que no hizo absolutamente nada en 3 años. El proyecto de Chile llevó apenas 12 meses con fuertes discusiones, desacuerdos y acuerdos y un verdadero trabajo que, aunque al parecer no cumple con reales requisitos del derecho constitucional, fue producto de un intercambio serio.
Esperemos que los chilenos tomen la mejor decisión para su país. De cualquier modo, si es rechazada la propuesta, la mayoría está de acuerdo en que la carta magna hecha por Pinochet no puede seguir siendo la base sobre la que se desarrolla Chile.
Editorial de El Nacional
