De las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, debe entenderse que la nueva arquitectura petrolera entre Washington y Caracas abre una ventana de negocios inédita para Venezuela, pero no equivale a una reinstauración democrática ni garantiza un cambio político genuino, al menos a corto plazo. Pareciera que en la lógica del presidente Donald Trump, Venezuela es un tablero energético y geopolítico en el que lo decisivo es quién firma y asegura los contratos petroleros bajo reglas diseñadas por Washington, D. C., no quién democratiza al país.
Según Rubio —quien ha sido calificado como el dirigente dentro de la administración estadounidense con mayor claridad conceptual, histórica y estratégica sobre lo que ocurre en Venezuela—, el país que dejó Nicolás Maduro era algo más que una dictadura fallida, un “riesgo estratégico insostenible” para Estados Unidos: Venezuela funcionaba como plataforma de Irán en el hemisferio occidental, pieza del eje ruso junto con Cuba y Nicaragua y proveedor de crudo con fuertes descuentos para China, utilizado para pagar deuda en lugar de aliviar la crisis interna; y a eso se sumaba la etiqueta de “régimen de narcotráfico”, por la articulación con las FARC, el ELN y redes de tráfico de drogas como el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua que, por cierto, el secretario Rubio no mencionó.
En este contexto, puede observarse que la administración Trump ha optado por una estrategia que puede resumirse en dos palabras: petróleo y política. El petróleo es el instrumento de presión y, al mismo tiempo, el motor de la eventual recuperación económica; la política, el terreno donde se define quién capitaliza esa recuperación y bajo qué reglas.
En el frente petrolero, Washington no desmantela de inmediato el régimen de sanciones, sino que se aprovecha de él. El esquema diseñado permite que el crudo venezolano sujeto a sanciones se venda a precio de mercado, pero los ingresos no pasan por las manos habituales —organismos o empresas del Estado venezolano— sino que se depositan en cuentas bajo supervisión estadounidense, con destino teórico a servicios esenciales como seguridad, saneamiento y salud. Para ilustrar a los senadores, Rubio les reveló que ya se autorizó un desembolso inicial de 300 millones de dólares para evitar el colapso de los servicios públicos, mientras el resto permanece congelado a la espera de nuevas licencias.
Este mecanismo no solo estabiliza a corto plazo, sino que transfiere a Washington una palanca decisiva sobre el flujo de caja del Estado venezolano. El mensaje es claro: la llave del petróleo, y por tanto de la gobernabilidad económica, está en las manos del lado norteamericano. De hecho, el propio presidente Trump había anunciado días atrás que el gobierno interino entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de “alta calidad”, con la promesa de que los recursos serán utilizados “en beneficio de los pueblos de Venezuela y de Estados Unidos”.
El otro aspecto dentro del área energética es la estrategia normativa. Rubio destacó la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que, según él, abre varios candados activados desde los años de Chávez a la inversión privada, lo que luce como una apertura todavía parcial pero sobre la que asoman oscuros nubarrones de inconstitucionalidad, pero suficiente para enviar una señal a potenciales inversores: se busca “ventas sin corrupción y sin favoritismos” y se intenta reducir la dependencia de Rusia, China e Irán, sustituyendo insumos críticos rusos por suministros estadounidenses.
Pero todo este andamiaje energético está concebido como preludio de un rediseño político. Rubio estructura el plan en tres fases —estabilización, recuperación y transición democrática— donde el petróleo financia y condiciona el tránsito de una etapa a otra. La estabilización se concentra en impedir el colapso del Estado y un éxodo masivo hacia países vecinos, particularmente Colombia; la recuperación, en normalizar la industria petrolera; la transición, en construir una arquitectura institucional que permita hablar de elecciones “libres y justas”. En fin, competitivas.
En el tablero político interno, la jugada se muestra más compleja. Estados Unidos dialoga con la sedicente presidenta encargada Delcy Rodríguez —vicepresidenta de Maduro, pero no imputada por narcotráfico— al tiempo que abre espacio a figuras opositoras como María Corina Machado, a quien Rubio ve como posible parte de la transición. Es una apuesta pragmática: “Guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen”, recordó el secretario de Estado.
Lo que omite Rubio es que todo el andamiaje que sostenía a Maduro constituía una estructura de facto producto no sólo del fraude electoral de julio de 2024, sino de toda una serie de infracciones a la Constitución de 1999 que abarca hechos inconstitucionales como el nombramiento de magistrados del dócil Tribunal Supremo de Justicia y de su Sala Constitucional, la misma esta última que inventó la servil sentencia que “ordenó” a la vicepresidenta encargarse de la Presidencia de la República por ausencia “temporal” del usurpador Maduro.
Rubio repite que el objetivo final es una Venezuela “amigable, estable, próspera y democrática”, con elecciones en las que todos los sectores de la sociedad puedan participar y no se excluya a la oposición ni se restrinja el acceso a los medios. La liberación paulatina de hasta unos 2.000 presos políticos es presentada por él como el primer síntoma de apertura, aunque admite que el avance es lento y frágil. En este sentido, hay que traer a colación que distintas organizaciones no gubernamentales exigen a diario la libertad inmediata de todos los presos políticos.
Para ilustrar el horizonte, Rubio recurre a la comparación con la transición española tras la muerte de Francisco Franco. No promete plazos, pero insiste en que se trata de un proceso que “lleva tiempo”, con etapas de negociación, reformas graduales y riesgo permanente de retroceso si se afloja la supervisión, la que no será solo interna: estará mediada por el control externo de los recursos petroleros y por la presencia diplomática estadounidense que se proyecta restablecer primero desde Bogotá y luego con presencia física en Caracas.
Como se observa, el resultado es un modelo de transición en el que petróleo y política se entrelazan: el crudo financia la estabilidad y condiciona la apertura, mientras la configuración del nuevo poder político define quién administra esa renta y bajo qué marco regulatorio. Para Washington, Venezuela deja de ser solo un serio problema humanitario o de seguridad y se convierte en un laboratorio de realineamiento estratégico en el hemisferio. Por su parte, para Caracas, para todos los venezolanos, la pregunta primordial es si esta ecuación permitirá finalmente traducir la riqueza petrolera en instituciones democráticas sólidas en una sociedad más justa y con mejores condiciones de vida que supere la deplorable destrucción llevada a cabo por una fallida y perversa revolución “bolivariana”.
Fuente: https://www.telemundo51.com/noticias/local/en-vivo-rubio-explica-politica-de-eeuu-hacia-venezuela-estabilizacion-transicion-y-realineamiento-estrategico/2744732/
Fuente: https://www.rtve.es/noticias/20260128/marco-rubio-venezuela-delcy-rodriguez-maria-corina-machado-estados-unidos/16914069.shtml
Carlos Sarmiento Sosa
