El Parlamento Europeo ha organizado una misión en febrero de 2026, integrada en el Grupo de Seguimiento de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos (LIBE), para evaluar la situación del Estado de Derecho en España.
Esta iniciativa responde a informes recurrentes de la Comisión Europea que señalan deficiencias persistentes en independencia judicial y lucha contra la corrupción, así como al bloqueo prolongado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde 2018 por falta de acuerdo político para su renovación.
La misión tiene por objeto analiza los efectos de este bloqueo sobre nombramientos y funcionamiento de tribunales superiores, la politización percibida de la Fiscalía General del Estado —cuya dependencia orgánica del Gobierno ha sido cuestionada por el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia— y el impacto de reformas como la “ley Bolaños” de eficiencia organizativa.
Bloqueo del CGPJ y preocupación europea
El CGPJ en funciones cuenta con facultades limitadas, lo que ha dejado decenas de plazas en la cúpula judicial sin cubrir o provisionales, erosionando la confianza en la independencia judicial según advertencias previas de Bruselas y el Parlamento Europeo. Esta situación ha colocado a la justicia española en el foco del debate europeo sobre posibles retrocesos democráticos (“backsliding”).
Colapso judicial en el Tribunal Supremo
La Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo acordó el 26 de enero de 2026 dictar providencias estándar para más de 4.500 asuntos pendientes, instando a las partes a acuerdos transaccionales y advirtiendo que la negativa injustificada podría repercutir en costas, como medida para descongestionar la Sala. Diversos analistas interpretan esta iniciativa como un síntoma de que el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas enfrenta serios retos en la cúspide del sistema judicial español.
La crisis en la Audiencia Nacional y reformas organizativas
La Audiencia Nacional ha notificado demoras en causas complejas por la salida masiva de funcionarios —tras procesos de estabilización de interinos y aplicación de la ley de eficiencia organizativa—, dejando decenas de procedimientos sin tramitación durante semanas. La Sala de Gobierno ha elevado informes repetidos al CGPJ solicitando al menos dos nuevos juzgados centrales de instrucción y refuerzo estable de la Sala de lo Penal, alertando de un “riesgo cierto de colapso” que el órgano en funciones no puede resolver plenamente por sus limitaciones. Esta sobrecarga afecta investigaciones de corrupción, terrorismo, crimen organizado y delitos económicos, cuestionando la capacidad del Estado para cumplir obligaciones de la Unión Europea en materia de lucha contra la criminalidad grave.
La posición del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
El CGAE aprobó este febrero de 2025 una declaración institucional “En defensa del Estado de Derecho y de los valores europeos e internacionales”, instando a las instituciones europeas a reforzar compromisos contra retrocesos en independencia judicial, legalidad internacional y derechos fundamentales.
El CGAE también ha alertado del colapso de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en la Audiencia Nacional, donde retribuciones insuficientes en macrocausas amenazan la igualdad de armas y el acceso efectivo a la defensa.
Además, impulsa una agenda de formación y digitalización para más de 230.000 colegiados hacia 2026, posicionando a la Abogacía como garante de derechos ciudadanos ante disfunciones judiciales.
Informes de la Comisión Jurídica del CGAE y doctrina europea sobre nombramiento e inamovilidad de los jueces e independencia judicial
La Comisión Jurídica del CGAE elabora informes anuales sobre el CGPJ, independencia judicial e interferencias políticas, alineados con recomendaciones de la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa, que enfatizan despolitizar nombramientos, garantizar inamovilidad judicial y blindar la jurisdicción frente a presiones externas. El Informe de la Comisión de Venecia CDL-AD(2010)004 defiende que los consejos de la magistratura tengan mayoría de jueces elegidos por pares para reducir influencia partidista, estándar al que España ha sido invitada a adaptarse en dictámenes recientes. El CGAE ha expuesto esta visión ante la Comisión de Venecia, destacando su rol en procesos justos.
Las expectativas ante los resultados de la misión LIBE
Las conclusiones preliminares de la misión LIBE —aún no públicas— podrían derivar en informes o resoluciones que influyan favorablemente en el debate español sobre renovación del CGPJ, reforma de la Fiscalía, dotación de medios a la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, y respeto a la separación de poderes.
En este contexto, la respuesta articulada de jueces, fiscales y abogados —denunciando disfunciones y proponiendo soluciones— podría transformar la supervisión europea en una oportunidad para fortalecer el Estado de derecho.
Carlos Sarmiento Sosa
