En el extremo opuesto del espectro aparece Venezuela, que otra vez alcanza el último lugar del Rule of Law Index®, el denigrante puesto 142 de 142 países. El World Justice Project la retrata como un Estado donde, como he afirmado en anteriores oportunidades, la separación de poderes está prácticamente desmantelada, la justicia carece de independencia y la corrupción atraviesa tanto la administración civil como el sistema penal.
Para verificar el retroceso global del Estado de derecho en el mundo existe un termómetro claro al cual acudo con frecuencia: el Rule of Law Index® del World Justice Project , que muestra cómo se amplìa la brecha entre los países que refuerzan sus contrapesos institucionales y aquellos donde el poder se ejerce cada vez con menos límites. En ese mapa, España se mantiene en la franja media de las democracias avanzadas, mientras Venezuela se hunde en el fondo del ranking mundial, y el no menos importante Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional le coloca cifra a la misma fractura.
España, un Estado de derecho bajo presión
Pues bien, según el 2025 WJP Rule of Law Index®, España ocupa el puesto 25 de 143 países y el 18 de 31 en la región formada por la UE, la European Free Trade Association y Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), lo que puede arrojar como conclusión que si bien el resultado no es lo deseado por la mayoría de los ciudadanos que aspiran a que sus administraciones públicas estén signadas por las pautas del buen gobierno corporativo, no es una mala clasificación, pero consolida una tendencia de ligera erosión en varios de los pilares que sostienen el Estado de Derecho.
El informe detecta retrocesos en tres frentes especialmente sensibles: los límites al poder del gubernamental, la apertura institucional y la protección de los derechos fundamentales. Las advertencias apuntan al debilitamiento de algunos controles parlamentarios y judiciales, a la creciente percepción de interferencia política en la justicia y a una menor confianza ciudadana en la igualdad ante la ley.
En paralelo, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional registra que España cae al puesto 49 de 182 países, con 55 puntos sobre 100, su peor registro en treinta años y por debajo de la media de la UE. La organización subraya que el problema no son solo los escándalos puntuales, sino la falta de una estrategia nacional anticorrupción, la opacidad en los cabildeos (lobbies)y los conflictos de interés y la degradación de algunos estándares de integridad pública.
La élite del Estado de derecho… y lo que España no está haciendo
En la parte alta del Rule of Law Index® se repite —prácticamente una constante— el mismo grupo que encabeza el ranking de corrupción: Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda o los Países Bajos alcanzan las mejores puntuaciones gracias a una combinación de justicia independiente, controles estrictos al poder ejecutivo y una cultura política asentada en la rendición de cuentas. Allí donde el Estado de Derecho es fuerte, los índices de corrupción tienden a ser bajos, los derechos se protegen mejor y la confianza en las instituciones se traduce en estabilidad económica.
Para España, esa comparación pareciera presentarse como un espejo incómodo. No se trata solo de escalar posiciones en una tabla, sino de asumir que diez puntos de diferencia en el IPC o varios escalones en el Rule of Law Index® reflejan otra forma de regular la puerta giratoria, de supervisar la contratación pública o de blindar a los órganos de control, especialmente a la justicia y a las dependencias de investigación criminal, frente a presiones partidistas. Transparencia Internacional insiste en que España carece aún de una estrategia integral que conecte todas esas piezas: prevención, transparencia, control de lobbies(¿Zapatero?), protección de denunciantes y sanción efectiva.
Venezuela: la ruptura del Estado de derecho
En el extremo opuesto del espectro aparece Venezuela, que otra vez alcanza el último lugar del Rule of Law Index®, el denigrante puesto 142 de 142 países. El World Justice Project la retrata como un Estado donde, como he afirmado en anteriores oportunidades, la separación de poderes está prácticamente desmantelada, la justicia carece de independencia y la corrupción atraviesa tanto la administración civil como el sistema penal.
Los datos son coherentes con el lugar de Venezuela en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde figura entre los países con peores puntuaciones del planeta, junto a Estados colapsados o en guerra. Allí, la corrupción ha dejado de ser un hecho punible a constituir la estructura misma del poder que ha dado vida a innumerables fortunas, un mecanismo de lealtad política y de reparto de rentas que busca bloquear cualquier posibilidad de reforma creíble sin una transformación profunda del régimen, sin una transición hacia la democracia, la reinstitucionalización del Estado de Derecho y la seguridad jurídica.
Dos ligas distintas y una advertencia para España
Entre la élite del Estado de Derecho y el caso Venezuela en los últimos peldaño se extiende una amplia “clase media” institucional donde hoy se ubica España. No vive bajo un control absoluto del poder político sobre las instituciones, ni goza de la solidez de las democracias del norte europeo, pero acusa síntomas de fatiga institucional: polarización extrema, desconfianza ciudadana, descrédito de la justicia y deterioro de los indicadores de integridad, lo que es público y notorio.
Lo paradójico es la coincidencia en la apreciación y resultados de ambos índices: cuando decaen los frenos al poder —checks & balances— y se erosionan la transparencia y el control, el Estado de Derecho se resiente y la corrupción gana terreno. Gráficamente, el Rule of Law Index® muestra los cimientos; el IPC revela la grieta más visible. Y el contraste con Venezuela, donde el suelo ya se ha hundido, funciona como recordatorio de que la caída no es nunca súbita, sino el resultado de una larga cadena de renuncias a la vigilancia democráticadurante un largo cuarto de siglo.
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Carlos J. Sarmiento Sosa








