No se trata, por supuesto, de la célebre película Quo vadis? de los inicios de la segunda mitad del siglo XX, basada en la monumental novela del escritor polaco Henryk Sienkiewicz, galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1905.
El título de aquella obra, expresión latina que significa “¿Adónde vas?”, proviene de un episodio de la tradición cristiana en el que el apóstol Pedro, huyendo de Roma durante las persecuciones de Nerón, se encuentra con Cristo en el camino y le pregunta: Quo vadis, Domine? (“¿Adónde vas, Señor?”); Jesús le responde que va a Roma para ser crucificado de nuevo, lo que impulsa a Pedro a regresar y enfrentar su destino, convirtiendo así el título en símbolo de la encrucijada moral entre huir o asumir la responsabilidad histórica.
En ese mismo sentido, Venezuela parece hallarse hoy frente a su propio “quo vadis”: una interrogación sobre el rumbo que debe tomar tras veinticinco años de desgobierno de la nefasta “revolución bolivariana” que ha originado una crisis política, económica y espiritual que ha arrasado con la nación.
A esta coyuntura se suma la reciente formulación, desde Washington, de un esquema en tres fases que el interinato tutelado ha aceptado con una llamativa docilidad que más parece una sumisa práctica de la proskynesis que una negociación entre iguales; acaso una actitud explicable a la luz de la frase del senador estadounidense Bernie Moreno: “[… ] las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cambian la mente de bastante gente [… ] ”.
La primera fase se presenta como “estabilización del país y restauración de la seguridad”, orientada a reducir la violencia, restablecer el orden público y crear condiciones mínimas de convivencia que permitan avanzar.
La segunda promete “recuperación económica para beneficio de todos los venezolanos”, con énfasis en la reactivación productiva, el acceso a bienes básicos, la mejora de servicios y, en general, resultados tangibles en la vida cotidiana.
La tercera y última anuncia la “transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”, vinculada a la reapertura de la misión diplomática y de los canales económicos y aéreos entre Caracas y Washington.
Estos planteamientos, ordenados y en apariencia racionales, evidencian, sin embargo, la urgencia de un cambio institucional estructural —parlamentarismo, descentralización efectiva, modelos colegiados de poder— y de una nueva cultura ciudadana que desplace la lógica del caudillo por la del ciudadano responsable, en un ambiente de madurez política y reconciliación.
En efecto, cuando un número más que significativo de ciudadanos está descontento con la gestión de un régimen que ha llevado al país al borde del precipicio, existe el derecho —y el deber— de buscar alternativas, mediante mecanismos democráticos y constitucionales, para sustituir ese sistema por otro que prometa una mayor suma de felicidad a sus habitantes.
En ese marco, aparte de exigir enérgicamente la inmediata libertad de los presos políticos y el cese de la represión, se habla de procesos de transición, de reconstrucción institucional y de su reforzamiento para garantizar la soberanía nacional, territorial, financiera y económica; de la recomposición de las fuerzas armadas y de los organismos financieros; de la redención democrática y de nuevas elecciones presidenciales libres y competitivas convocadas por un organismo confiable y transparente —no “tramparente”— que garantice los resultados electorales; de un máximo tribunal respetable, integrado por magistrados imparciales e independientes; y de políticas económicas transitorias que estabilicen los salarios y pensiones, las finanzas y la economía nacionales, así como medidas para superar el empobrecimiento de la población y la desigualdad social.
Todo ello es válido como proyecto o plan concebido por mentes preocupadas que buscan una salida democrática. Pero estas ideas son solo mecanismos o procesos: instrumentos que deben estar al servicio de un objetivo claro de país. Si se quiere restaurar un orden democrático con vocación de permanencia, no basta acumular diagnósticos, procedimientos y buenas intenciones institucionales; es imprescindible precisar antes el horizonte nacional que se persigue.
De allí la necesidad de definir con toda claridad qué se quiere. Si el propósito es construir un país de primer mundo, todos esos planteamientos serán insuficientes si no se les agregan dos pilares indispensables, llamados a dar verdadera estabilidad, bonanza y bienestar a la población: los valores y la educación. Determinado el objetivo, y sumados a él los mecanismos democráticos e institucionales, además de una política sostenida de formación ciudadana y rescate ético, además de una asistencia sanitaria adecuada, solo entonces podrá vislumbrarse la luz al final del túnel.
Este escenario obliga a formular la pregunta de fondo que da título a estas líneas: ¿Quo vadis, Venezuela? ¿Hacia una nueva reproducción del caudillismo —rojo u opositor— bajo nuevos actores, o hacia una transición democrática que consolide un país de primer mundo, con instituciones sólidas, ciudadanía activa y un verdadero Estado de Derecho?
Carlos Sarmiento Sosa
