El canciller de Venezuela, Yván Gil, refutó categóricamente las aseveraciones de la Misión de Observación de la ONU, tildándolas de “falsa y vergonzosa” invención. La Misión había imputado al Gobierno venezolano la implementación de tácticas represivas encubiertas bajo la operación denominada “Brazalete Blanco”.

El Canciller Gil descalificó las imputaciones como “acusaciones infundadas y mentiras”, arguyendo que son una campaña difamatoria orquestada por la “ultraderecha” del Grupo de Lima, con el respaldo explícito de Estados Unidos. Según el funcionario, estas acusaciones constituyen una flagrante transgresión de “todos los principios de la Carta de la ONU”.

En un comunicado oficial, el Gobierno venezolano expresó: “El mundo ha sido testigo hoy de una de las páginas más vergonzosas en materia de Derechos Humanos, una Misión que emite juicios parcializados con fines meramente políticos, cómplice de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela, y reiteradamente han exhibido planes de asesinar su presidente y causar caos y destrucción a su pueblo”.

Además, el Ejecutivo nacional del país caribeño rechazó rotundamente cualquier resolución emanada de lo que consideran un “adefesio”, y simultáneamente criticó a la Misión de la ONU por su aparente indiferencia ante el conflicto en Gaza, el cual ha resultado en más de 31.000 fallecidos, mayormente civiles.

El Gobierno reafirmó su compromiso con los derechos humanos, declarando: “Venezuela reitera su compromiso con la promoción, respeto y protección de los derechos humanos como un valor supremo, en consonancia con sus obligaciones internacionales”.

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