Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, presentó una hoja de ruta orientada a la reactivación de la industria, centrada en la flexibilización de leyes vigentes y la creación de nuevos mecanismos de financiamiento para proyectos habitacionales.
Durante una entrevista en el programa Penzini con Todo, el directivo subrayó que la recuperación del sector pasa necesariamente por una actualización del marco jurídico que rige la construcción y la comercialización de viviendas.
Reformas legales prioritarias
González Travieso enfatizó la necesidad de modificar dos instrumentos clave para incentivar la inversión:
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Ley contra la Estafa Inmobiliaria: Se busca su flexibilización para dinamizar la construcción de nuevos desarrollos.
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Ley del Deudor Hipotecario: La reforma permitiría que los promotores otorguen créditos directos, agilizando la venta de inmuebles sin las trabas actuales.
«Estamos evaluando la posibilidad de establecer financiamientos con hipotecas en moneda dura. Aunque aún no es una medida oficial, es parte de las propuestas que ponemos sobre la mesa», aclaró el representante gremial.
Inyección de capital: El uso de fondos en el exterior
Una de las propuestas más ambiciosas del sector es la utilización de fondos provenientes de la venta petrolera que permanecen retenidos en el exterior. La Cámara sugiere la creación de un fideicomiso que permita inyectar capital directo a proyectos urbanísticos que se encuentran paralizados o inconclusos.
Para González Travieso, esta iniciativa obligaría a una revisión profunda de la normativa legal, lo cual es visto como un paso positivo para el gremio: «Esto sería producto de una nueva economía en la que ya estamos trabajando», apuntó.
Créditos hipotecarios: Una meta a mediano plazo
Pese al optimismo por las reformas, el presidente de la Cámara Inmobiliaria fue cauteloso respecto al regreso del crédito bancario tradicional. Estimó que la reactivación masiva de préstamos hipotecarios se concretará en un plazo de 3 a 5 años.
Esta proyección responde a la necesidad de estabilizar previamente las condiciones macroeconómicas y financieras del país para garantizar la sostenibilidad del sistema de préstamos.