No es un secreto para nadie que la nación venezolana se encuentra llena de deudas. Esta razón motivó a su gobierno, a pedir un préstamo de 500 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para llevar cabo los mencionados pagos. Este organismo lo aprobó y el Poder Judicial lo resguardó en el Banco Central de Venezuela.
En este sentido, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos manifestaron rechazo por tal medida. A pesar de ello, el presidente ejecutivo de la CAF, Luis Carranza Ugarte, anunció su apoyo al mandatario nacional, Nicolás Maduro. Asimismo, de acuerdo a Versión Final, la CAF corre el riesgo de quedar en default y expuesta.
En el mismo orden de ideas, “seguramente esto complicará más la relación con Venezuela que ya está muy mal”, aseguraron en la Cancillería a La Nación de Argentina en relación a la Casa Rosada en donde el encargado de emitir el voto en contra fue el secretario de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Hacienda, Félix Martín Soto.
También, esta autoridad comentó que “Argentina no reconoce a Maduro”. A pesar de ello, este gobierno se abstuvo de votar, el año pasado, en contra del gobierno nacional cuando este hizo la solicitud ante el organismo mencionado. Estos se excusaron en el hecho de que necesitaban la aprobación de 1300 millones de dólares por motivos políticos varios.
Igualmente, Brasil y Colombia mantuvieron la postura de Argentina mientras que Bolivia y Venezuela fueron los impulsores del voto positivo. En retrospectiva, Argentina alegó que su voto, ahora, negativo se fundamenta en la coyuntura de Venezuela que no ofrece “un panorama claro de cómo afrontarán sus futuros compromisos con el respectivo pago a la entidad internacional”.
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De igual forma, mencionó “la falta de claridad del uso de los fondos” con lo cual desencadenó el siguiente comentario: “Concluimos que no es conveniente acompañar esta operación, por lo cual emitimos nuestro voto negativo” y cerró su participación diciendo que el préstamo era ilegal porque no había sido aprobado por la Asamblea Nacional, organismo competente para ello.
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