El 21 de diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó las medidas cautelares que, desde hace casi 20 meses, pesan sobre 14 ciudadanos: se insiste en mantener la prohibición que le impide salir del país. Uno de los afectados, José Ramón Medina, cuya desvinculación con la empresa es un hecho público desde hace más de 10 años, solicitó la revisión de su caso. A pesar de demostrar que la medida es inconstitucional, ilegal e injusta, se le ratificó la prohibición. Una aberración, ni más ni menos, que contrasta con lo ocurrido con José Simón Elarba, persona próxima al régimen que fue excluido de la medida de ratificación, con lo cual puede entrar y salir de país, que es lo que debería ocurrir con todos los afectados.
Y es que ni los miembros de la Junta Directiva ni tampoco las personas que integran el Consejo Editorial –cuyo carácter es estrictamente el de un grupo asesor–, tienen relación alguna con las decisiones de carácter editorial que se toman en el día a día del periódico. Por lo tanto, desde un principio la decisión del tribunal tiene este carácter: es completamente ajena a la realidad. Carece de fundamentos. Es la pura arbitrariedad. Así como incluyeron a José Ramón Medina, han podido incluirlo a usted, ciudadano lector, por el simple hecho de haber leído la noticia. Es decir, han podido prohibirle la salida del país a los varios millones de lectores de El Nacional, simplemente por haber leído la noticia de que el Departamento de Estado está investigando a Diosdado Cabello por sus posibles vínculos con el narcotráfico.
La ratificación por parte del TSJ de esta anomalía obliga a recordar los hechos: ABC, uno de los diarios fundamentales de España, y The Wall Street Journal, publicaron la noticia de la investigación en curso sobre el señor Cabello. La misma fue reproducida por más de 80 medios de comunicación, entre ellos, El Nacional. La reacción del investigado fue la de demandar, en su lógica camorrera, no a todos los medios de comunicación que reprodujeron la noticia en el planeta entero, sino a La Patilla, a Tal Cual y a este periódico. La insólita medida judicial ha sido ratificada ahora por el TSJ, a pesar de carecer de justificación. Es una decisión descarada y contumaz, que se abraza a su error, y que pone en evidencia, una vez más, el sometimiento pleno del aparato judicial venezolano a los dictados del omnipotente Cabello.
Lo que acabo de contar no es más que un ejemplo del estado de indefensión que pesa sobre personas e instituciones en Venezuela. Con la excepción de los miembros de las oligarquías que se han apropiado del país –clanes como los Cabello, los Flores, los Maduro, los Rodríguez, los Chávez y otros– sobre el resto del país, casi 30 millones de personas, pende esta realidad: la de un Poder Judicial que no tiene ninguna otra finalidad que la de garantizar la permanencia en el poder del régimen. Por lo tanto, que nadie se haga ilusiones al respecto: las violaciones a la Constitución y a las leyes continuarán. En lo inmediato, seguiremos siendo personas sin derechos. Víctimas de la revolución bonita.
Editorial de El Nacional
Miguel Henrique Otero
