En los días recientes, la prensa que sigue la evolución de Colombia de cara a su proceso electoral ha terminado por reconocer una realidad incómoda: en el ocaso del gobierno de Gustavo Petro, la situación de seguridad interna del país no solo no ha mejorado, sino que se ha deteriorado de manera alarmante.
Las cifras son elocuentes. La llamada Paz Total, eje central de su proyecto político, no solo ha fracasado en sus objetivos declarados, sino que ha contribuido a un reacomodo del poder territorial en favor de grupos armados ilegales. Lejos de consolidar la autoridad del Estado, el país asiste hoy a la expansión de estructuras criminales que han llenado los vacíos dejados por una estrategia errática y, en muchos casos, complaciente.
Diversas evaluaciones coinciden en el diagnóstico: Colombia enfrenta un aumento sostenido de la violencia, una mayor fragmentación de los actores armados y una pérdida de control estatal en zonas estratégicas. El número de combatientes ilegales —cercano a los 27.000 entre miembros activos y redes de apoyo— refleja no solo la resiliencia, sino el fortalecimiento de estas organizaciones bajo un esquema de negociación que no exigió contraprestaciones verificables.
El resultado está a la vista. Narcotráfico, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores y control social armado se han consolidado como formas de gobernanza en amplias regiones del país. La población civil ha quedado atrapada entre estructuras que imponen normas, cobran tributos y ejercen violencia con relativa impunidad. Las fuerzas del orden, por su parte, han visto erosionada su capacidad operativa y su moral.
En este contexto, resulta particularmente revelador que el presidente Petro insista en proyectar hacia el exterior una agenda de seguridad que no logró materializar en su propio territorio. Su decisión de trasladarse a Caracas para coordinar acciones con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, roza lo inverosímil: pretende ofrecer fórmulas de estabilización desde un balance interno claramente deficitario.
Pero más inquietante aún es la negativa persistente del mandatario a reconocer el fracaso de su política. No hay autocrítica, no hay rectificación de fondo, no hay siquiera un reconocimiento explícito de que la estrategia no produjo los resultados prometidos. En su lugar, se mantiene un discurso que insiste en presentar avances donde los hechos indican retrocesos.
Del lado venezolano, las condiciones no son más alentadoras. Las zonas fronterizas han sido durante años espacios de operación para guerrillas, disidencias y redes del narcotráfico. La capacidad real del Estado venezolano para ejercer control efectivo sobre estos territorios sigue siendo, cuando menos, cuestionable. En ese escenario, la reunión bilateral difícilmente puede interpretarse como un punto de inflexión.
Más bien, todo apunta a un ejercicio de puesta en escena. Una cumbre útil para producir titulares, para alimentar la narrativa de cooperación y para enviar señales políticas en múltiples direcciones, incluida Washington, que observa con cautela cualquier movimiento en torno a Venezuela. Pero en términos concretos, su capacidad de alterar las dinámicas criminales en la frontera es prácticamente nula.
El problema de fondo no es la ausencia de reuniones, sino la falta de resultados. Y en ese terreno, la Paz Total deja un legado difícil de defender: más violencia, más fragmentación y menos Estado.
A estas alturas, el viaje a Caracas no parece responder a una estrategia coherente de seguridad, sino a la necesidad de sostener un relato. Un relato que, frente a la evidencia acumulada, se sostiene cada vez con mayor dificultad.
Beatriz De Majo
