La frase es del vocero de la presidencia de Colombia, quien la ha hecho pública en una alocución distribuida a través de las redes: la decisión del gobierno de De la Espriella de gobernar dentro de parámetros de austeridad. Vale la pena hacer de esta comunicación oficial un tema de análisis. La administración nueva está queriendo hacer patente ante la ciudadanía que ha llegado la hora de contar cada peso que se gasta en el manejo del Estado, porque “la masa no está para bollos”.
La circular 06 emitida por el Gobierno nacional fue el objeto de una aparición pública del vocero gubernamental, Miller Soto Solano, en la que, en términos inequívocos y firmes, comunicó al país cómo se gestionarán en lo sucesivo los viajes de funcionarios que se efectúan con cargo al erario público. Ello es apenas una pequeña muestra del tono, el estilo y la determinación del Ejecutivo de ahorrar en los detalles, porque una suma de asuntos de poca monta hace enorme bulto a la hora de comprometer las finanzas estatales.
La realidad es que la economía colombiana atraviesa momentos difíciles en extremo. Su solución es bastante más compleja que la intención de austeridad que se está expresando a través de varias vías. La de restringir viajes, publicidad y gastos protocolarios es una de ellas, pero no es la más significativa. Es preciso señalar que también se está instrumentando la reducción de las contrataciones estatales y el recorte de algunas partidas del presupuesto de 2027 en compras de bienes y servicios, en inversiones no prioritarias y en más de 250 partidas de gasto. Por igual, se ha tomado la decisión de revisar las exenciones tributarias y subsidios.
Todo lo anterior es bastante, sin duda, pero no es suficiente para enderezar el rumbo del déficit fiscal. Se trata de objetivos de ahorro relevantes, pero para evaluar su impacto hay que comprobar cuánto se ejecuta efectivamente, si las reducciones son permanentes y cuál terminará siendo la eficiencia del recorte.
Aunque anuncios como el de Soto Solano llevarían a pensar que es una manera de “gobernar distinto”, las medidas efectistas citadas pudieran no ser suficientes frente a la magnitud del problema fiscal. El gobierno ha planteado disminuir el déficit hasta 2,3 % del PIB al cierre de 2027. Se trata de una meta que deberá contrastarse con las cifras efectivas de ingresos, gastos e intereses de la deuda.
En este momento, lo adecuado es pensar que el presupuesto total para 2027, que ha sido incrementado en 14,2 % en relación al de 2026, y el peso del servicio de la deuda —7,3 % del PIB del año entrante— muestran que el desafío fiscal continúa siendo considerable. Esta ciclópea tarea debe ser abordada con una dosis importante de sindéresis económica. Por encima de todo, es preciso que el ajuste no destruya la inversión productiva, no deteriore el empleo ni obstaculice los servicios esenciales que contribuyen al crecimiento.
Hay, además, una distinción política y económica importante: reducir el gasto improductivo no es lo mismo que reducir indiscriminadamente el gasto público. Una administración puede recortar contratos y publicidad y, sin embargo, mantener un déficit elevado si los intereses de la deuda, las pensiones, las transferencias y otros compromisos obligatorios continúan aumentando.
El tema es en extremo complejo y una buena decisión también ha sido la de buscar apoyo en el FMI. La prueba decisiva será que el ahorro administrativo se convierta en una mejora duradera de las cuentas públicas, sin que se paralicen proyectos de inversiones que pueden comprometer el crecimiento futuro.
En efecto, la “cosa está apretada” y la voluntad política de ubicar al país en una senda de crecimiento sostenible al tiempo que resuelve las falencias económicas sí está en el ánimo del nuevo gobernante. Sí, lo adecuado es hacerle ver a la ciudadanía que todo es poco a la hora de cuidar los dineros con los que opera el país en esta hora de gallinas flacas.
Beatriz de Majo
