Sus ventajas tiene, sin duda alguna, que el nuevo presidente de Colombia sea abogado. Un ciudadano que ostente cualquier otra profesión espontáneamente no se habría paseado por el hecho de que, ante la transformación histórica que ha convertido a la insurgencia armada en crimen organizado, se requiere un régimen legal que lo atienda y la instauración de uno ad hoc que lo penalice adecuadamente.
La alianza de los criminales con el terrorismo internacional es otro hecho protuberante que requiere normas específicas y castigos ejemplarizantes. Todo el sustrato de operaciones económicas y financieras novedosas y modernas, que sirven de sustento al entramado criminal, requiere igualmente ser seguido, desmontado y sancionado con armas distintas a las del pasado.
Ese es el caso en Colombia: las herramientas legales con que cuenta el país no están siendo suficientes para castigar el entramado de actividades ilegales ligadas al narcoterrorismo y al crimen organizado. La razón no hay que buscarla demasiado lejos: el proceso de Paz Total iniciado y puesto en marcha durante el periodo de gobierno pasado permitió tal cantidad de desmanes que el ordenamiento actual resulta insuficiente para combatir el universo de hechos ilícitos que crecieron, se diversificaron y se fortalecieron a la sombra de la administración de Gustavo Petro. Solo en 2025 tuvieron lugar 1398 acciones de terrorismo de diversa índole en el marco de la Paz Total.
Es así como ese crecimiento desbordado de la delincuencia ha hecho imperativo formular y llevar a la aprobación del Congreso un marco jurídico novedoso para que el Estado pueda luchar contra la criminalidad en todas sus nuevas formas. Eso es el Estatuto Antiterrorista.
Bajo la nueva presidencia, la fuerza pública colombiana ha retomado con decisión y apoyo las tareas de persecución y eliminación de las bandas criminales en todas sus formas. En los recientes días, el mundo ha podido observar el notorio cambio del accionar estatal en este terreno y los éxitos que han estado protagonizando en la batalla contra estos grupos. De la Espriella, en su estrategia comunicacional, lo ha informado con un detalle, fuerza y valentía encomiables.
El nuevo Estatuto va encaminado a eliminar la tolerancia, acelerar los procesos, endurecer las penas, diferenciar y castigar cada una de las nuevas formas de delinquir, recalificar los grupos, instrumentar el uso de novedosas formas de tecnología, establecer mecanismos de control de criptoactivos, manejar mejor la información, crear lazos entre las fuerzas públicas y usar la cooperación internacional para consolidar éxitos rápidos y sostenidos en la batalla contra viejas y nuevas maneras de delinquir.
Una novedad debe ser puesta de relieve: la creación de un Registro de Organizaciones Delictivas, lo que permitiría diseñar una política pública para hacer un seguimiento minucioso a cada una y perseguir sus economías y las fuentes de sus recursos. Hablamos de estructuras grandes y pequeñas también —en algunas ciudades de Colombia hasta los taxistas pagan vacunas a los extorsionistas— que configuran economías subterráneas que deben ser desmontadas al mismo ritmo que los crímenes vinculados con ellas.
El estatuto igualmente se ocupa de la política carcelaria y en ello destaca un régimen penitenciario especial para los cabecillas de las organizaciones, al tiempo que ordena el caos del régimen penitenciario actual, que favorece la organización de delitos de todo tipo desde los sitios de reclusión.
La norma apenas entra a revisión en el Consejo Superior de Política Criminal; luego le tocará pasar la aprobación del Poder Legislativo y el examen de la revisión constitucional. Pero, como era de esperarse, no existe una buena iniciativa que no tenga un detractor. El primero en levantar una voz de desacuerdo ha sido Iván Cepeda, quien teme que este estatuto sustituya a la Carta Magna colombiana.
El camino por andar de este nuevo y valiente paso es aún largo. El tema debe ser debatido en todas sus aristas y debe contar con el mayor apoyo nacional porque en ello va la estabilidad del país. Sin esto, y al paso que va Colombia en este terreno, el Estado neogranadino seguirá debilitándose. Se trata de una fuerza normativa adecuada a los tiempos y, una vez discutida y adaptada, el Estado debe constituirse en un frente común de cara a la delincuencia individual y a la organizada, nacional y transnacional.
Beatriz de Majo