El luto colombiano por el cruel asesinato de un líder demócrata que habría podido representar un viraje en el horizonte político del país pondrá a cada colombiano a reflexionar sobre el destino de su patria… incluso a aquellos cercanos a las izquierdas.
El país atraviesa, en vista del proceso electoral que se avecina, una de las más difíciles coyunturas políticas de su historia, abonada su gravedad, además, por un entorno internacional inestable y una realidad regional adversa a los intereses del colectivo nacional. Venezuela, Cuba, México, Brasil se dan de la mano en servir de puente para el negocio de la droga, principal fuente de recursos de la violencia guerrillera y Estados Unidos aprovecha esta coyuntura para poner orden en un tablero que afecta a sus ciudadanos y compromete su seguridad interna.
Sin mencionar a Colombia y su aporte incuestionable a esta situación, Washington se ha estado armando de las herramientas legales formales para actuar con mucho mayor contundencia que hasta el presente y el gobierno de Donald Trump parece estar más comprometido que nunca en desterrar al crimen del narcotráfico con acciones hasta ahora no explicitadas.
Especular sobre cuál forma revestirá en adelante la batalla de Washington en contra del narcoterrorismo no es lo que corresponde. Teorías posibles y escenarios teóricos de actuación de los Estados Unidos abundan, a cada cual más hipotéticos y originales. Muy pocos en la capital estadounidense están al tanto de lo que se está estratégicamente cocinando. Lo que sí está claro es que la declaratoria de criminalidad terrorista del Cártel del Golfo, el Cártel de los Soles y el rol del Tren de Aragua tendrá un efecto indudable sobre Colombia como eje principalísimo del aporte de cocaína al narcotráfico y sobre la aceleración de la inseguridad en la región, que se traduce en terror, pobreza y en migración al norte. Pensemos solo en el Catatumbo para saber cuánto les preocupa a los norteamericanos el epicentro de narcoviolencia que protagoniza esa región y cuánto ella permeará al resto del continente.
Así que en esta nueva etapa que Colombia atraviesa a causa del dolor compartido por el asesinato de un joven líder demócrata como Miguel Uribe Turbay debe servir al conjunto de la sociedad para protagonizar un cambio radical que les asegure un gobierno constructor de la paz interna. Ese no es el gobierno de Gustavo Petro ni de ninguno de sus seguidores del Pacto Histórico.
La posibilidad de una suspensión de la contienda electoral sigue estando en el tablero y el discurso confrontacional del mandatario, capaz de provocar más y más enfrentamientos seguirá animando a sus seguidores. El país al unísono debe impedir que tal opción tome tracción en la Casa de Nariño. Ello, más que nada, le hará honor a la gesta del valiente líder asesinado a mansalva en los días pasados.
La violencia colombiana es la distorsión social que mayor rechazo provoca y es la causa principal del destierro voluntario de millones de los ciudadanos neogranadinos. De allí que este es el momento propicio para que toda la sociedad se aglutine en torno a una propuesta que marque un antes y un después; es la hora de dejar a un lado la contienda política abrasiva y destructiva para juntarse en torno a un único proyecto de viraje que resuelva de una buena vez el drama de la violencia que proviene de la conjunción de droga, guerrilla y terrorismo.
Ello debe ser exigido por toda la ciudadanía a los políticos de cada tolda. Esa debe ser la posición al interior de cada familia, de cada agrupación, de cada gremio, de cada religión.
Fotografía de una imagen del fallecido precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, este lunes en la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
