El 21 de noviembre de 2020, un tribunal ordenó el traslado de Salvador Franco a un centro asistencial. La orden fue incumplida reiteradamente por las autoridades de la cárcel de El Rodeo II
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este miércoles 6 de enero su preocupación por la muerte del indígena pemón Salvador Franco, quien estaba preso junto a otras 12 personas de la misma etnia por el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla en diciembre de 2019.
Ante esta situación, la oficina que preside Michelle Bachelet solicitó a las autoridades venezolanas que se realice una investigación «inmediata e independiente», además de solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se protejan los derechos de los privados de libertad, incluyendo el acceso a atención médica.
#Venezuela: We are concerned by the death in detention of Salvador Franco, an indigenous Pemón. We call on the authorities to conduct a prompt and independent investigation and to take all necessary measures to protect the rights of all detainees, including access to healthcare.
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 6, 2021
El pemón Salvador Franco falleció el pasado 3 de enero, al parecer por desnutrición y tuberculosis según los resultados de la autopsia. Desde enero de 2020 permanecía recluido en la cárcel de El Rodeo II, acusado por los presuntos delitos de terrorismo y sustracción de armas de fuego o municiones en resguardo, por supuestamente participar en el asalto a dos unidades militares en Santa Elena de Uairén, al sur del estado Bolívar.
El pasado 21 de noviembre, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) ordenó que Franco -al igual que los otros 12 indígenas pemones que se encuentran en su causa- fuese trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica. Sin embargo, la orden judicial nunca fue cumplida, indicaron sus familiares.
Hasta la fecha, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo.
Organizaciones se pronuncian
15 organizaciones no gubernamentales, incluyendo la Conferencia Episcopal Venezolana, responsabilizaron en un comunicado al Estado por la muerte del indígena Salvador Franco, además de exigir atención médica para los otros 12 pemones que se encuentran recluidos en la cárcel de El Rodeo II.
Estas 15 organizaciones solicitan «que se juzgue a los responsables de la muerte de Salvador Franco, y que los poderes públicos competentes asuman su corresponsabilidad por acción u omisión en este injusto crimen».
En el escrito, las organizaciones también piden que se agilice el juicio a los 12 pemones restantes, para garantizar justicia y que sean retornados cuanto antes a su comunidad de origen. Otra de las solicitudes es que se realice una «investigación exhaustiva y objetiva» sobre los verdaderos responsables del asalto a instalaciones militares en diciembre de 2019.
TalCual
