El cerco a la ciudad ucraniana de Mariúpol, uno de los principales objetivos del ejército ruso por su situación estratégica entre el Donbás y Crimea, causó la muerte de al menos 1.348 civiles, incluyendo 70 niños, manifestó este jueves la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
La intensidad y el alcance de las hostilidades en Mariúpol, “principal campo de batalla de Ucrania”, indican claramente que se han producido “graves violaciones de derechos humanos”, indicó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para debatir la situación en la ciudad portuaria.
Las muertes de civiles se debieron principalmente a ataques aéreos, bombardeos de tanques y artillería y armas ligeras durante los combates callejeros, dijo la alta comisionada, quien aclaró que la cifra real de muertos “seguramente sea muy superior” debido a las dificultades de recuento de cadáveres en la zona.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Bachelet hasta el próximo 31 de agosto calcula que hasta el 90% de los edificios residenciales han sido dañados o destruidos, así como el 60% de las casas particulares, y como resultado en torno a 350.000 personas se han visto obligadas a abandonar la ciudad.
“La situación humanitaria es devastadora, y los civiles siguen siendo los más afectados por este conflicto”, dijo la alta comisionada, quien citó el ataque al teatro de Mariúpol como el ejemplo más evidente de los abusos sufridos por los civiles en el asedio.
En los tejados de ese teatro bombardeado, donde había cientos de civiles escondidos, había carteles que indicaban claramente que había niños, recordó Bachelet en su intervención de hoy.
La alta comisionada pidió garantizar la seguridad en los corredores humanitarios de la ciudad, y afirmó que su oficina ha recibido denuncias de abusos y malos tratos contra los civiles que los usaron así como casos de separación familiar al llegar a la frontera.
Debe darse prioridad inmediata a la retirada de los restos explosivos de la ciudad, así como a la recuperación, identificación y entierro decente de todos los restos mortales. “La Federación Rusa debe cumplir todas las obligaciones que le impone el derecho internacional”, concluyó Bachelet.
