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Asfixia a El Carabobeño acarrea sanciones penales contra el Estado

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Asfixia a El Carabobeño acarrea sanciones penales contra el Estado

El Estado venezolano, como único distribuidor de papel periódico, está asfixiando a El Carabobeño, por lo cual están dadas las condiciones para una demanda por responsabilidad derivada del daño, en violación fragante de la libertad económica consagrada en el texto constitucional de 1999, que prohíbe el monopolio; y además, burlándose del principio de la libre competencia.

 

 

Aníbal Rueda, exmagistrado de la extinta Corte Suprema de Jusiticia, argumentó su declaración explicando que no se trata de una violación específica de la libertad de información, ni tampoco de la libertad de expresión. Se centra, en sí, del ejercicio de la figura del monopolio, de la vulneración de otros principios constitucionales.

 

 

Entre esos principios está el trato desigual al de otros medios de comunicación, los cuales disfrutan de suministro necesario para su actividad. “Estamos en presencia de la desigualdad, como principio execrado de nuestra Carta Magna”.

 

 

Se vulnera el ejercicio de libertad empresarial, consagrada como parte de la libertad económica, porque la publicación del diario está amenazada y se disminuye la calidad de la empresa por la irracional medida que conlleva a limitar su natural función: publicación de un periódico escrito, que carece de papel.

 

 

El doctor Rueda considera que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), que tiene el monopolio del papel, impone la restricción de la libertad de trabajo en El Carabobeño causándole a su personal inseguridad, intranquilidad y permanente amenaza de cierre que conllevaría la pérdida de su fuente laboral, en un estado, carente de fuentes suficientes para la mano de obra calificada.

 

 

“La conducta del Estado, a través de una empresa monopolizadora, lo hace pasible de responsabilidad civil o patrimonial, penal; por violación de principios constitutivos de Derechos Humanos fundamentales, contra la empresa, los trabajadores y la población, principios consagrados en los textos de los tratados internacionales suscritos por la República, referentes al derecho a la información”.

 

 

Alfredo Fermín  | afermin@el-carabobeno.com

 

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