La decisión llega después de que la Corte Penal Internacional anunciara el cierre de su oficina en Caracas por la falta de progresos con las autoridades
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela presentó este martes 2 de diciembre un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que el país suramericano se retire de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la «falta de progreso real» con las autoridades venezolanas.
«Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento», indicó el diputado oficialista Roy Daza, en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.
A su juicio, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la Ley Aprobatoria de la Corte Penal Internacional es una decisión importante, en un momento en que todas las instituciones, dijo, deben actuar en unidad, así como las fuerzas políticas.
Daza explicó que la Fiscalía de la CPI se ha convertido en una institución con «fines ajenos» para la que fue creada.
Cierre de la oficina de la CPI en Caracas
Por su parte, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, dijo que el Parlamento y el pueblo de venezolano muestran su «profundo desprecio» por la inacción de «aquellos» que fueron «cómplices» del «genocidio» en Gaza.
El lunes 1° de diciembre, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementareidad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país suramericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.
No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
El gobierno de Venezuela acusó ese mismo lunes a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» contra el país suramericano.
En un comunicado publicado por la Cancillería, el Ejecutivo de Nicolás Maduro dijo que «es muy obvio» que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad y así, sostuvo, lo ha demostrado en «todas las instancias» en un proceso que tachó de «instrumentalizado con fines geopolíticos».
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
