La modificación del artículo 65 abre la vía para un nuevo Comité de Postulaciones Judiciales, en lo que representa el primer paso legislativo tras las negociaciones entre la administración de Delcy Rodríguez y la representación de la AN de 2015.
La Asamblea Nacional aprobó este jueves 27 de agosto, por unanimidad y en primera discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), marcando el primer avance formal de los compromisos suscritos en la mesa de negociación entre el equipo de Jorge Rodríguez y la delegación opositora encabezada por Dinorah Figuera.
El proyecto de ley abre la ruta para reestructurar el Comité de Postulaciones Judiciales que evaluará y seleccionará a los 32 magistrados del máximo tribunal. Sin embargo, la medida parlamentaria no implica una renovación inmediata, pues debe cumplir con la segunda discusión y su posterior promulgación.
Cambios clave en la estructura del Comité de Postulaciones
El ajuste legislativo se enfoca de manera puntual en la composición del órgano ejecutor de las postulaciones:
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Modificación del artículo 65: La cantidad total de integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales se eleva de 21 a 23 miembros.
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Nueva correlación de fuerzas: Se mantiene la representación de 11 diputados y se incrementa de 10 a 12 la cuota asignada a la sociedad civil.
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Aclaratoria sobre lapsos: La duración de dos años de gestión del comité no constituye una enmienda nueva; este período ya se encontraba estipulado en el texto legal previo.
| Elemento normativo | Normativa previa | Propuesta de reforma |
| Total de miembros del CPJ | 21 integrantes | 23 integrantes |
| Diputados | 11 parlamentarios | 11 parlamentarios |
| Sociedad civil | 10 representantes | 12 representantes |
| Duración del Comité | 2 años | 2 años (se mantiene) |
Contexto político y equilibrio de poder
Esta enmienda ocurre a solo tres meses de la reforma parcial sancionada el 12 de mayo de 2026 (publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 7.025), evidenciando un viraje en la agenda legislativa producto del nuevo contexto de negociación directa, facilitado bajo la influencia de la administración estadounidense.
Analistas coinciden en que la viabilidad de un cambio institucional real no dependerá únicamente de la modificación numérica de la ley, sino de la transparencia en la conformación del comité y del margen de participación efectiva que se otorgue a las distintas fuerzas en la escogencia final de los magistrados.