La ofensiva económica que el Gobierno ha tomado a través del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía es una estrategia integral que apunta hacia la construcción de una economía socialista, que proteja el poder adquisitivo de los venezolanos, así lo expresó este lunes el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.
«Estamos avanzando hacia la construcción de un nuevo modelo productivo socialista. Todos los sectores (productivos) que quieran producir, trabajar y aportar valor agregado para el país son bienvenidos, pero aquellos que quieran especular, que quieran robar al pueblo, no tienen espacio alguno», indicó Arreaza, en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).
Aseguró que a través del poder habilitante, el Gobierno ha ido hasta «la estructura misma de la economía venezolana» para identificar los problemas y aportar soluciones a través de medidas económicas.
«Hemos diseñado políticas, leyes, acciones, para a través del poder habilitante ir a los nudos críticos, desatarlos», dijo.
Resaltó que el Estado continuará aplicando «todo el peso de la Ley» contra los empresarios y comerciantes del país que no han ajustado los precios y márgenes de ganancias de los artículos que expenden al pueblo venezolano.
Durante su alocución, Arreaza lamentó que no existan cámaras económicas serias que protejan tanto a comerciantes como a consumidores.
«Si hubiese cámaras que promovieran y protegieran al comerciante, ellos estarían incorporados a esta batalla, fomentando la reflexión y buscando la manera de tener un margen razonable de ganancias para no robar al pueblo, pero por el contrario, se oponen a lo que estamos haciendo y lanzan predicciones prematuras de cosas que no pasarán», sentenció Arreaza.
Aseguró que gracias a esta política de ofensiva económica y a las constantes fiscalizaciones que realizan los grupos de inspectores interministeriales, el Gobierno ha logrado, progresivamente, estabilizar la economía nacional, lo que garantiza una mejor situación económica para el 2014.
«Esas predicciones anticipadas que lanzan quienes se oponen no sucederán porque tenemos las riendas de la economía del país. Con las leyes, con los voceros del pueblo, vamos a tomar las medidas, las acciones que hayan que tomarse para poder estabilizar definitivamente la economía en Venezuela», enfatizó.
Accionista detenido
Luego de una inspección efectuada en la sucursal en el Centro Comercial San Ignacio de la tienda de calzado Converse, en la que se observaron delitos de usura, remarcaje y ocultamiento de precios que le generaban a la tienda un total de 716% de ganancias, fue detenido el accionista mayoritario de este establecimiento.
El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, Hebert García Plaza, participó en la inspección y en un pase informativo transmitido por VTV lamentó que el pueblo estuviese siendo burlado con los altos precios fijados en los artículos de la referida tienda.
«Se aprovechan de la necesidad de la gente, por la premura de adquirir productos en estas fechas para regalos (…) Aquí detectamos delito de usura, remarcaje y ocultamiento de precios», indicó García Plaza.
Entre las irregularidades encontradas durante la inspección, está el precio de los calzados para niños, cuyos precios oscilan entre 1.000 y 4.196 bolívares.
«¿Cuánto tiempo pueden usar los niños estos zapatos? ¿Uno, dos meses? Ya llegó el momento de reflexionar. A partir de este momento las personas que estén cometiendo este tipo de delitos serán detenidos», enfatizó.
Indicó además que habían productos que tenían más de un año y medio en la tienda, y sus precios eran iguales a la de la mercancía de la nueva temporada.
«Encontramos zapatos para adultos, que con un margen de ganancia justo debían ser vendidos a 2.900 bolívares y aquí los vendían a más de 7.000 bolívares», dijo.
Entre la mercancía con sobreprecio se encontraron jeans para caballero que eran vendidos entre 5.000 y 9.000 bolívares.
«No podemos seguir permitiendo estos atropellos al pueblo venezolano», puntualizó.
Multa a juguetería Oritoys
Con 5.000 Unidades Tributarias (UT) fue multada este lunes la juguetería Oritoys, ubicada en el municipio Baruta del estado Miranda, por incurrir en el delito de usura y venta especulativa, al ofrecer productos con una escala de sobrepecio superior al 464%.
El general Luis Motta Dominguez, quien se encuentra al frente de la ofensiva económica en la entidad mirandina, recalcó que durante la inspección se encontraron irregularidades en la estructura de costos que luego el público paga, sin saberlo, comprando productos a precios inflados.
«No hay una verdadera estructura de costo porque el dueño del local es el papá de quien lo alquila, aparece que cobra alquiler y ese costo es anexado a la estructura de costo, que ya deja de ser real con respecto a la venta que después realizan de los productos. Todo ese costo es anexado al valor de los productos que ofrecen», señaló.
Informó también que el dueño del local será presentado ante el Ministerio Público para cumplir con el debido procedimiento legal que fue abierto durante la inspección de este lunes.
«La mayoría de los productos aquí ofertados estaban marcando 464% de sobreprecio, determinado una vez calculada su verdadera estructura de costo. Por eso estamos interviniendo, en los procductos, los ítems más afectados en esta época navideña son juguetes y alimentos», indicó el general Motta Dominguez.
Investigación a Distribuidora Galván
Durante un contacto telefónico, el ministro de Alimentación Felix Osorio, informó que continúan las investigaciones a la empresa Distribuidora Galván vinculada a delitos de especulación y usura.
«Nosotros llegamos (a inspeccionar la empresa) por denuncias graves que hicieron los trabajadores.
Encontramos delitos graves que van contra la salud pública», expresó Osorio, al referirse a los artículos vencidos que funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios (Indepabis), encontró días pasados durante una inspección.
«Ellos (los dueños de la empresa) obligaban a los trabajadores a desempacar estos productos (vencidos), lavarlos, empacarlos y ubicarlos entre los alimentos sanos (…) Hay cinco personas detenidas por esto», señaló.
«Estaban enriqueciéndose del pueblo y atentando contra su salud al vender productos en mal estado», agregó el ministro.
Asimismo, indicó que algunos alimentos estaban siendo vendidos con 400% de sobreprecio.
