La Reforma Universitaria que, en 1918, destacó el esfuerzo de muchos universitarios pululando alrededor de la reivindicación de la autonomía universitaria, entendida como el aforo de libertades y derechos, resultó en la victoria que permitió que la universidad “autónoma” se asimilara a una República. Por supuesto a una República democrática.
Pero como no puede haber democracia sin igualdad, lleva a reconocer que la democracia igualitaria debe complementarse por una “meritocracia”. Así podría validarse como Universidad. Y es la intención que la mantiene en permanente movimiento.
El centro del problema
Justo he aquí, el problema que oscurece todo. Y es que acá el enredo se permea cuando la universidad plantea actuar con base en una “meritocracia” como palanca de toda articulación que movilice elementos de razón de una universidad democrática, La situación enmaraña su dinámica académica ya que siempre aparece atravesada la política (mal entendida y peor ejercida). Mejor dicho, se trata de la politiquería ya que ésta simboliza el bastión de cuánta ignominia se vea dotada de poder. O de cuánto abuso busque pivotar, amparar o regular la elaboración y toma de decisiones académicas sobre las cuales se fundamenta la misión de la Universidad. Tanto como se coordinan y verifican la función universitaria.
Precisamente, ahí es donde las elecciones universitarias o cualquier otro proceso electoral, se traba en asuntos que buscan aprovechar la oportunidad pues, políticamente, beneficia a actores y electores. Aunque al final, lo que sucede es el socavamiento de cuanta oportunidad aparezca en el camino de la Universidad.
En su esencia teórica, toda elección debe regirse por condiciones éticas que comprometan civilidad y moralidad. Condiciones políticas que pauten el pluralismo. Condiciones jurídicas que atiendan la normativa legal. Económicas que velen por las finanzas. Condiciones sociales que resguarden la convivencia ciudadana. Y condiciones culturales que atiendan lo correspondiente a tolerancia y respeto. Es necesario comprender que cualquier elección registra realidades que suscriben otras disposiciones. Entre las mismas hay que contar aquellas de orden organizacional, promocionales y de planificación. Pero, dado el trajín en que las mismas se desenvuelven, se ven afectadas por la antipolítica. Sobre todo, cuando el odio, el orgullo y la soberbia, envuelven sus praxis.
Otras cuestiones
Mucho se ha dicho sobre el problema que anega el terreno sobre el cual se intenta el acto de elegir a quienes habrán de conducir procesos de gobierno. Aún más, sin tener algún conocimiento de las implicaciones del concepto de gobierno, de organización, política y de gerencia. Es como aquella paradoja que reza: “la miseria no delibera, se vende”. O “si quieres elecciones, prepárate para elegir”
En consecuencia, poca conciencia se tiene de que la gobernabilidad y gobernanza de la academia a ser alcanzadas, depende del gobierno que guíe el respectivo ejercicio. Es por eso, que toda elección universitaria, cualquiera sea el rango académico, estudiantil, profesoral o administrativo, exige una reflexión profunda por parte de los electores.
Si la universidad autónoma no logra propiciar los cambios propios que apunten al desarrollo del país, no siempre la culpa debe achacarse a procesos eleccionarios equivocados antes que a la incapacidad de los universitarios para actuar a instancia de las oportunidades que ofrecen dichos comicios.
Tal vez acá cabría el aforismo de Mario Cuomo, dirigente político norteamericano, quien fuera gobernador de New York entre 1983 y 1994, cuando expresó que “se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa”. O bien, como el Dr. Carlos Matus Romo, en la Revista de la CEPAL, Nº 31, escribió: (…) los partidos políticos son capaces de ganar elecciones, pero incapaces de gobernar con eficacia”.
Particularidades electorales en la ULA
Tan afanoso exordio, vale para contextualizar lo que significaron las elecciones estudiantiles universitarias, ocurridas recientemente (29 octubre, 2025) en la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.
Calificar que se dieron entre sombras y vocerías, fue porque su desarrollo si bien sucedió al amparo de la reglamentación establecida por el Consejo Universitario y en el plazo preestablecido, a su alrededor se vivieron distintas dificultades que dejaron entrever que dichas elecciones se realizaron en un marco de “contraproducente escasez”. O a decir de algunos, el evento electoral en cuestión, llegaría a verse cuales “elecciones de la mendicidad”. Pues se dieron, gracias al arrojo de quienes dirigieron su realización y el aporte de la afabilidad de algunos y de instancias de universitarias empeñadas en colaborar. Lo contrario, haría quedar cual “grotesco fiasco” o “hundida en la desvergüenza” a la Universidad que se precia de ser “crítica, democrática popular y autónoma”.
Timar la autonomía
En principio, es propio manifestar que tal evento no fue representativo de lo que dicta el artículo 109 constitucional cuando refiere que “el Estado reconocerá la autonomía como principio y jerarquía (…)”. Ni como principio, que, según la RAE, es toda “norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta”. Tampoco como jerarquía, pues según la RAE, es “gradación de personas, valores o dignidades”.
Aceptar lo que expone la Constitución al aludir que se reconoce la autonomía como “principio” no se corresponde con lo que la Filosofía admite cuando hace ver que un principio es una “verdad fundamental” asociada al ejercicio del respeto, entre otros valores morales y políticos. Mucho menos, con lo que las realidades exigen de cara a lo “justo”.
Lo mismo sucede con el hecho de reconocer la autonomía como “jerarquía”, pues en lo jurídico, la jerarquía establece cotas de categoría que aplican en cuanto a la prioridad en términos del rango que la ley le provee. Y en la realidad, se desconoce la Pirámide de Kelsen (esquema gráfico que simboliza la jerarquía de las normas jurídicas, donde la Constitución, o ley fundamental, se ubica en la cúspide. De ella se derivan las demás normas validándose el sistema jurídico en su totalidad).
El mismo artículo 109 constitucional reza que “se consagra la autonomía universitaria (…)” razón por la cual “las universidades autónomas se darán sus propias normas de gobierno (…)” tampoco se apega al significado de “consagración”.
Consagrar la autonomía universitaria, hace ver a las universidades instituciones seculares, que en efecto son. Pero por la misma autonomía que supuestamente gozan, además de que la Constitución consagra su potestad autonómica, no deben confundirse con organizaciones de uso común. Por lo tanto, deben recibir una especial consideración por parte del Estado lo cual, en la realidad, no es así.
La cuestión acá observada, evidencia craso desconocimiento de la relación de subordinación entre normas jurídicas. La Constitución como norma fundamental, supone entonces respecto de otras instituciones carentes del mismo nivel de importancia, otorgarle la debida atención a lo que, por su función rectora en la educación, la cultura y la ciencia, es merecedora.
Inferencias sustantivas
Bajo este cúmulo de relaciones presuntamente legales, pero incongruentes con el dictado constitucional, asimismo, con el pronunciado por la Ley de Universidades (vigente) cuando determina “la autonomía organizativa, en virtud de la cual podrá dictar sus normas internas” (Del artículo 9, parágrafo 1º) y que a su vez, compromete la aplicación de la “autonomía administrativa” que le infunde autoridad “(…) para elegir y nombrar sus autoridades (…)” la Universidad de Los Andes, desde la Comisión Electoral Central, CEC, procede a realizar las elecciones estudiantiles a solicitud de la Federación de Centros Universitarios, FCU. Vale esta aclaración por cuanto esta Federación -a pesar de contar con la autonomía para procurar su propio proceso electoral, no cuenta con la capacidad organizacional, logística, de control y coordinación, para llevar adelante su respectiva realización.
Sin embargo, la aludida Comisión Electoral, entre sombras y vocerías, y en medio de la precariedad institucional que padece la universidad autónoma nacional, sin el equipamiento suficiente ni recursos económicos, sólo valiéndose de la voluntad y disposición de sus miembros (féminas todas) académicas de primera línea, juntaron sus esfuerzos, capacidades y potencialidades para sacar adelante el compromiso asumido. Aun cuando la tarea emprendida obvió la racha de problemas que intentaron abstraer las susodichas elecciones de las realidades más inmediatas y urgentes dibujadas a través de llamados de libertad y derechos ante unos comicios que debieron regular la elección de múltiples cargos de gobierno y cogobierno universitario.
Ahogos, aprietos y trances de variadas especies político-administrativas, brotaron del egoísmo y envidias de muchos que dicen “vivir” el mundo académico. Quienes con maledicencia juzgan a la universidad y su academia sin razón alguna, jugaron al papel del “gato y del ratón” apoyados en la arbitrariedad de solapados cómplices y perturbados congéneres.
En conclusión
La improvisación y la imprevisión de erráticos procedimientos, pretendieron deformar y trastornar la ruta trazada por la CEC. La mala intención de muchos, intentaron que el proceso electoral ulandino, se viera envuelto en la opacidad propia de sombras socarronas que acompañaron al deseo de ungir desesperanza y desventura a las elecciones estudiantiles universitarias. Aunque no lograron sus oscuros y más inmediatos propósitos. En todo caso, el compromiso político electoral dejó ondeando alguna tentadora suspicacia en el ambiente. Sin embargo, y pese a todo, fue un evento que respiró difusión y algarabía. Escrito con otras palabras, fue un evento que reflejó la imagen de unas elecciones estudiantiles, entre sombras y vocerías.
