Antonio José Monagas: A propósito de una nueva ley de Universidades

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Antonio José Monagas: A propósito de una nueva ley de Universidades

Hay necesidades prioritarias. Otras, urgentes. Aunque al advertir los enredos que genera la dinámica política, tanto como la movilidad social, no es difícil inferir que hay necesidades que adquieren sentido bajo las circunstancias que arrojan las realidades. En consecuencia, puede hablarse de necesidades que al mismo tiempo califican de urgentes y prioritarias.

Una nueva Ley de Universidades o Ley de Educación Superior, calzaría con un tipo especial de categorización. Pudiera ser que la misma cabría en una categoría de razón “emergente”.

Un primer análisis del problema, haría ver que la redacción de una nueva Ley de Universidades acarrea -indistintamente de la incidencia y formalidad que puede comprometer ante el contexto socio-político de la Venezuela actual- no es un asunto de inmediata facturación. Y eso, no es poca cosa. Además, deberá reconocerse que existen distintos proyectos formulados frente a la profusa necesidad de formular una nueva Ley de Universidades, lo cual ha sido una exigencia permanente que ocupó a varias universidades centros de estudio, e individualidades académicas, a finales del siglo XX. Particularmente en la década de los noventa. De manera que referir tan sentida necesidad, cual es la redacción de una nueva ley enfocada a remozar o renovar el papel rector de las universidades en la educación, la cultura y la ciencia, tal como lo insta el artículo tercero de la existente Ley de Universidades, no es un asunto novedoso.

Problemas contextuales
Dicha tarea, podría convertirse no tanto en razón de confluencia de contrariedades. Pero sí, en razón válida para dar cuenta de que, el país se ha quedado en el rezago de la contemporaneidad tecnológica y del liderazgo que exige la sociedad del conocimiento y que exige la aceleración educacional establecida por el ritmo que dicta el discurrir del siglo XXI.

Así ha venido sucediendo a consecuencia del estrecho margen que las realidades vigentes vienen demostrando. Específicamente, por el problema que tiene a Venezuela condenada a seguir padeciendo los males de un país cuya dinámica política y gubernamental ha deformado interesantes propuestas de desarrollo económico y social. Porque, además la línea vinculante entre Estado, Gobierno y Partido (política), es bastante delgada. Por tanto, quebradiza. Y, esta situación ha terminado descubriendo problemas provocados por la sumisión de la gestión técnica a la voluntad política.

No hay duda que la influencia de tan pervertida situación, ocasionó la incidencia de serios problemas políticos y administrativos, irresolutos. Con la fuerza necesaria para generar corrupción y depravación -en toda la estructura pública- a niveles impensados.

Pretender la redacción de una nueva Ley de Universidades, en el marco de complicaciones de tal naturaleza (las anteriormente aludidas), seguramente, excitarán nuevos problemas. Pues como dice el popular refrán: “peor es el remedio que la enfermedad”. Pero que dicha pretensión: una nueva ley de Universidades, terminaría develando la intrínseca paradoja que se esconde debajo de tan reveladora intención.

Evitar que la Universidad siga rezagada ante las necesidades que surgen de las nuevas maneras de producir y distribuir conocimientos, tanto como de gerenciar y organizar la dinámica académica universitaria a la luz de las exigencias determinadas por las nuevas realidades, urgencias y prioridades institucionales, que resultan poco acordes con una presunta Ley de Universidades elaborada desde un primigenio estado de eventualidades. Lo que pasó, fue que tales necesidades, consumieron la postura de buena parte del articulado actual. Más aún, en los actuales momentos de incertidumbre política que vive Venezuela.

Plausible solución
El ejemplo de algunas Constituciones Políticas que rigen conglomerados regidos por la égida política del federalismo, toda vez que regulan el ámbito geopolítico de países altamente desarrollados, pudiera servir de referencia válida para Venezuela. Lo que vale atender y entender, es que esos países actualizan sus legislaciones, a partir de “enmiendas” las cuales simplemente lucen como añadidos que “(…) modifican, corrigen o sustituyen el contenido de un texto, documento o ley (…)” (Del Diccionarios de la RAE). Las mismas, a instancia de lo que requiere cada problema específico, se conciben como “enmiendas legislativas”.

Vale decir que si bien Venezuela goza de una Ley de Universidades cuya fundamentación jurídica y funcionalidad operativa viene acumulándose desde el siglo decimonónico, hay redundantes razones para examinar el contexto de una posible Ley de Universidades. La vigente normativa universitaria, que data de septiembre de 1970, es una efectiva razón para considerar el andamiaje sobre el cual la universidad venezolana -entre tantos problemas- ha sustentado su funcionalidad y viabilidad. Claro está que ateniéndose a las realidades y particularidades que circunscriben la respectiva institucionalidad.

Los debates que originaron su elaboración, asentados sobre criterios académico-jurídicos, reivindicados por la Reforma de Córdova, que además inspiraron la Ley de Universidades sancionada por la Junta de Gobierno el 5 diciembre de 1958, coadyuvaron a formular la actual legislación. Incluso anteriores ensayos legislativos al de 1958. Ello justifica que la normativa actual, pese a significativas carencias, es plausible de ser remozada. En consecuencia, objeto de una actualización en ciertos ámbitos. Y eso la muestra “insuficiente”. Pero no, sustituible por la mera intención de subordinarla a la voluntad política imperante. Su cuerpo normativo, indiscutiblemente padece de innegables deficiencias que ameritan una renovación. Cambios que profundicen consideraciones que impulsen nuevas funciones. Y entre las modificaciones que dicho problema exige, luce pertinente acudir a la “enmienda” que determina nuevas condiciones sin tener que reemplazar la vigente ley.

Entre algunas insuficiencias constatadas, cabría mencionar, primeramente, lo referente a la “autonomía universitaria’ toda vez que su comprensión ha sido cuestionada por deficiente en cuanto a su discernimiento y aplicación. Asimismo, la función vinculada al manejo de las tecnologías de información y comunicación las cuales han recibido poca relevancia. Igualmente, a lo que respecta personal docente y de investigación, sistema electoral universitario, instancias de desarrollo y gestión académica y administrativa, el problema de la organización universitaria, los órganos de cogobierno profesoral y estudiantil, la enseñanza universitaria, la relación de la Universidad con el entorno social y empresarial, el ingreso del personal de la comunidad universitaria. También, la necesidad de categorizar los rangos de conocimiento que inciden en el desarrollo académico-universitario y en el desarrollo local y nacional.

Al cierre
En fin, a pesar de cualquier justificación declarada a esta intención, debe reconocerse que una ley no es condición suficiente para hacer de una buena universidad, una gran universidad. Hay razones que pesan sobre tan ingente propósito. El liderazgo, la gerencia y la motivación, son razones determinantes en la línea de acción necesaria para remozar las universidades. Las designaciones presupuestarias, deben ser objeto de toda reforma habilitada pues son indicadores de cuánto puede la institución universitaria hacer de esa razón, la “punta de lanza” de la calidad de la educación expuesta. Esta disertación fue esbozada, a propósito de una nueva ley de Universidades.Universidades

 

Antonio José Monagas

 

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