En los tribunales federales de Estados Unidos se desarrolla un litigio de dimensiones históricas y consecuencias geopolíticas de largo alcance. En el centro de este drama legal se encuentra Citgo Petroleum Corporation, la joya más preciada de los activos venezolanos en el exterior, hoy en proceso de subasta judicial por orden del juez Leonard Stark en Delaware. Lo que está en juego no es solo una refinería con capacidad para procesar más de 800.000 barriles diarios, sino también el principio de autonomía corporativa frente a las responsabilidades de un Estado quebrado.
Subasta en marcha, veredicto pendiente
La Corte de Delaware ha recibido ofertas mejoradas de al menos tres consorcios interesados en adquirir PDV Holding, la empresa matriz de Citgo. Este proceso deriva de una demanda iniciada hace ocho años por la minera canadiense Crystallex, que logró que el tribunal reconociera la responsabilidad de PDVH por deudas del Estado venezolano, producto de las expropiaciones y obligaciones impagas por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El monto total de reclamos asciende a casi 19.000 millones de dólares. Aunque la subasta está avanzada, el fallo definitivo se espera para el 18 de agosto. Hasta la fecha la oferta recomendada para quedarse con Citgo es la del grupo liderado por Gold Reserve, por un monto de 7.380 millones de dólares; sin embargo, la incertidumbre aún reina.
Quién quiere quedarse con Citgo
La primera oferta formal fue presentada en marzo por Red Tree Investments, afiliada a Contrarian Funds, con una propuesta de 3.700 millones de dólares, incluyendo un pago adicional de 2.000 millones de dólares a tenedores del bono Pdvsa 2020. Desde entonces, se han sumado competidores de peso:
El mencionado consorcio liderado por Gold Reserve, Rusoro Mining y Koch Industries.
Otro encabezado por Black Lion Capital Advisors.
Y una propuesta de la comercializadora global Vitol que llegó a última hora.
También se menciona el interés de Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, aunque su oferta final no ha sido confirmada.
Lo que Venezuela puede perder
Para Venezuela, la pérdida de Citgo sería un golpe irreversible. Con una deuda externa que ya supera los 150.000 millones de dólares, y tras haber perdido activos en Europa y Asia, esta refinería es el último gran bastión económico en manos venezolanas. Si el Estado no logra preservar una participación accionaria —algo que solo sería posible con respaldo político simultáneo desde Caracas y Washington, actualmente improbable por las sanciones—, Citgo pasaría a manos de acreedores internacionales.
Citgo sin Pdvsa: una ruptura estratégica
Desde 2019, a partir de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Citgo opera como entidad separada de Pdvsa, su empresa matriz en Venezuela. Ya no procesa crudo venezolano y ha tenido que diversificar sus proveedores. Este distanciamiento estructural ha sido clave en los litigios en los que se intenta probar que Citgo no debe ser considerada “alter ego” del Estado venezolano. Sin embargo, su desempeño financiero se ha deteriorado: en 2024 apenas generó 305 millones de dólares de ganancia, frente a los 2.000 millones de dólares de 2023.
La defensa silenciosa de la oposición
Desde que el gobierno interino venezolano, reconocido en su momento por la administración Trump, asumió el control de la junta directiva de Citgo, ha financiado activamente su defensa legal. Ese esfuerzo ha incluido el pago de bufetes de abogados, cabildeo en Washington y solicitudes al Departamento del Tesoro para impedir embargos. La legitimidad de esa estrategia reside en un principio: Citgo no es un brazo del Estado venezolano. Si se reconoce lo contrario, se abre la puerta a embargos indiscriminados de activos corporativos por deudas soberanas.
La reacción política
Mientras la oposición ve en Citgo un activo estratégico para una futura recuperación económica con un gobierno democrático, el régimen de Maduro ha calificado la subasta como un robo de un bien soberano por parte de tribunales estadounidenses. No obstante, ha hecho poco —más allá de declaraciones— para participar en el proceso o articular una defensa efectiva.
La pelea no termina con la subasta
Incluso si se adjudica la venta, el conflicto legal no concluirá. Acreedores como ConocoPhillips (con reclamos por 12.000 millones de dólares) y Gold Reserve continúan sus acciones en otras jurisdicciones para embargar activos venezolanos. Algunos demandantes han sido excluidos del proceso por no cumplir los requisitos legales, mientras que otros se han retirado debido a los altos costos y la incertidumbre sobre el retorno de sus inversiones.
Un activo, muchos reclamos
Aunque Citgo ha sido valorada entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, los reclamos de los acreedores suman 18.900 millones de dólares. Esto implica que no todos recibirán compensación. La presión sobre el tribunal de Delaware es enorme: debe equilibrar principios de justicia financiera, respeto al derecho corporativo y las repercusiones políticas de un fallo que podría desencadenar reacciones desde el Congreso estadounidense hasta el Departamento del Tesoro.
El próximo acto
Las fuerzas democráticas intentan convencer a la Corte de Delaware de que Citgo no debe ser tratado como el alter ego del Estado venezolano, especialmente a la luz del reciente fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que concluyó que PDV Holding no puede ser considerado una extensión del Estado venezolano. Si ganan, preservarán no solo un activo, sino la coherencia legal de una arquitectura empresarial diseñada para resistir el colapso del Estado.
Pero si pierden, Citgo se convertirá en el trofeo de una guerra judicial sin precedentes, donde se cruzan el derecho, la política y la geopolítica. En esta contienda aún sin desenlace, Citgo sigue en la cuerda floja. El telón no ha caído. Y el próximo acto promete definir el futuro de uno de los pocos activos estratégicos que le quedan a Venezuela en el exterior.
