“La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere
y lo nuevo no puede nacer; en este interregno aparece una gran
variedad de fenómenos morbosos.”
Antonio Gramsci
La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y su posterior presentación ante la justicia de Estados Unidos cerró un ciclo político, pero no resolvió el problema histórico que ese ciclo encarnaba. El chavismomadurismo no fue únicamente un régimen personalista, sino una forma específica de organización del poder, anclada en la renta petrolera, la movilización populista y la captura del Estado. La ausencia de Maduro no implica, por tanto, la disolución de esa forma de poder. Lo que se abre es una coyuntura que recuerda a una crisis de época: un momento en que el viejo orden ha perdido su capacidad de generar consenso, mientras el nuevo aún no se ha materializado en instituciones, prácticas y un sentido común compartido.
El dilema venezolano no se reduce a la transición de dictadura a democracia, sino a la posibilidad —mucho más exigente— de una transición pospopulista rentista, esto es la superación de una lógica política que ha estructurado la vida pública durante un cuarto de siglo.
El populismo rentista como forma histórica de poder
El populismo, en su versión venezolana, fue una respuesta a la crisis de representación de la democracia puntofijista y a la persistencia de desigualdades sociales. Su rasgo distintivo fue la articulación de una identidad política polarizada —“pueblo” versus “élite”— sostenida por la redistribución de renta petrolera y por un liderazgo carismático que reconfiguró las instituciones como instrumentos de una voluntad unificada. En términos materiales, el chavismo fue un bloque histórico rentista: una alianza entre aparato estatal, sectores militares, redes clientelares y una base popular integrada mediante transferencias y símbolos.
Con Maduro, ese bloque se transformó. La fuerte caída de la renta petrolera, las sanciones internacionales y el colapso productivo erosionaron el fundamento material del consenso. El populismo degeneró en una forma de dominación sin hegemonía, sostenida por coerción, economías ilícitas y fragmentación de élites. Lo que emerge tras su captura es un fenómeno inédito: un populismo sin líder, administrado por una coalición burocrático-militar que busca estabilizar el orden sin desmontar sus fundamentos autoritarios.
Autoritarismo reconfigurado y tecnocracia sin democracia
La experiencia comparada muestra que la caída de un líder populista no conduce necesariamente a la democratización. En múltiples contextos, el populismo se metamorfosea en un autoritarismo reformado, que adopta liberalización económica parcial mientras preserva mecanismos de control político. Venezuela se aproxima a ese escenario: apertura selectiva del sector petrolero mediante contratos de participación productiva, excarcelaciones tácticas de presos políticos y negociaciones con Estados Unidos orientadas a aliviar sanciones, todo ello sin un desmontaje efectivo del aparato de dominación.
Este patrón no es accidental. Las élites del madurismo perciben la transición como pérdida: temen persecución judicial, pérdida de rentas y desprotección política. Desde la perspectiva de la teoría de la decisión, ello incentiva conductas de alto riesgo y reformas mínimas, diseñadas para asegurar supervivencia. La oposición, en cambio, percibe la transición como una ganancia potencial y tiende a adoptar posiciones prudentes, aceptando acuerdos graduales que preservan enclaves del viejo orden. Este desbalance estructural explica por qué las transiciones suelen ser pactadas y por qué esas transiciones tienden a ser institucionalmente incompletas.
Hay que entender que una democracia pospulista sería la transición desde un autoritarismo populista hacia una democracia institucional con controles efectivos. No es solo “más elecciones”, sino más Estado de derecho.
Crisis orgánica y disputa por la hegemonía
La crisis venezolana es una crisis de hegemonía. El chavismomadurismo logró durante años articular un sentido común basado en soberanía, justicia social y antagonismo antiimperialista. Esa narrativa organizó expectativas, legitimó sacrificios y estructuró identidades. Hoy, ese relato está exhausto. El fracaso económico, la corrupción sistémica y la emigración masiva han erosionado su capacidad de persuasión. El régimen conserva dominación, pero ha perdido dirección intelectual y moral.
Sin embargo, la erosión de la hegemonía no implica la emergencia automática de una alternativa democrática. La oposición democrática enfrenta el problema inverso: dispone de legitimidad electoral y respaldo internacional, pero carece de un relato hegemónico que integre las nuevas expectativas sociales en un proyecto histórico coherente. La política venezolana se encuentra, así, en el interregno que Gramsci describía: lo viejo no puede seguir, lo nuevo no termina de nacer.
Este vacío hegemónico explica la paradoja contemporánea: estabilización sin consenso. Una estabilización de este tipo no constituye transición democrática, sino administración de un orden agotado. Sin hegemonía, la dominación tiende a apoyarse cada vez más en coerción, pactos opacos y extracción rentista.
Transición, élites y estructura material
Las transiciones políticas son procesos estructuralmente condicionados por la economía política. En Venezuela, la renta petrolera no es solo un recurso fiscal, sino el fundamento material de las coaliciones de poder. Cualquier transición estará condicionada por la disputa sobre su control. La apertura del sector energético, impulsada por Estados Unidos y empresas internacionales, puede facilitar la recuperación económica, pero también consolidar una transición tutelada, con déficits de legitimidad interna.
La historia latinoamericana muestra que las democracias nacidas bajo tutela externa tienden a enfrentar vulnerabilidades populistas posteriores. El petróleo, por tanto, es simultáneamente una oportunidad de reconstrucción y un vector de dependencia política.
Justicia transicional y legitimidad
Uno de los dilemas más delicados es la justicia transicional. Las élites del antiguo régimen demandan garantías de impunidad; la sociedad civil exige verdad y reparación. Desde una perspectiva materialista, la justicia no es solo un imperativo moral, sino una condición de legitimidad estructural del nuevo orden. Una transición que sacrifica completamente la rendición de cuentas puede estabilizar el corto plazo, pero genera una deuda simbólica que el populismo explotará en el futuro.
El desafío consiste en diseñar mecanismos híbridos: comisiones de verdad, sanciones selectivas y reformas institucionales que prevengan la repetición de abusos. La legitimidad democrática no se deriva únicamente de elecciones, sino de la percepción social de justicia.
¿Democracia pospopulista?
Una democracia pospopulista es el intento de construir una hegemonía democrática-institucional después del populismo, es decir, un nuevo “sentido común” basado en reglas, derechos y pluralismo, no en líder carismático. No implica la ausencia de conflicto, sino su institucionalización.
Supone partidos programáticos, autonomía institucional y una ciudadanía organizada en torno a derechos y procedimientos, no a identidades plebiscitarias. El populismo fue, en parte, una respuesta a la debilidad institucional y a la desigualdad social. Sin reformas estructurales en educación, economía y Estado de derecho, el populismo reaparecerá bajo nuevas formas ideológicas.
La figura de Edmundo González Urrutia simboliza un liderazgo despersonalizado y constitucionalista, una ruptura con la lógica plebiscitaria. Sin embargo, la institucionalización de esa ruptura requiere algo más que liderazgo: requiere una nueva hegemonía democrática, capaz de reorganizar el sentido común.
Escenarios estructurales
Tres escenarios estructurales se perfilan:
Autoritarismo reformado: liberalización económica con control político. Estabilidad sin democracia.
Transición pactada: elecciones competitivas y reformas graduales con enclaves autoritarios persistentes.
Ruptura democrática: desmantelamiento del aparato autoritario y reconstrucción institucional profunda.
El primero es el más probable dadas las estructuras de poder; el tercero, el más deseable desde una perspectiva normativa; el segundo, el más plausible en términos históricos.
Conclusión: del interregno a la hegemonía democrática
Venezuela se encuentra en una coyuntura de crisis orgánica. El chavismomadurismo ha perdido su hegemonía como proyecto histórico, pero conserva capacidad de dominación. La oposición ha ganado legitimidad electoral, pero no ha consolidado una hegemonía alternativa. El resultado es un interregno caracterizado por estabilización sin consenso, dominación sin dirección y transición sin ruptura.
La cuestión decisiva no es si Venezuela pasará de dictadura a democracia, sino si podrá superar la lógica populista que estructuró su política desde finales del siglo XX. Una transición limitada a la liberalización económica y a la rotación de élites producirá una democracia formal vulnerable a restauraciones populistas. Solo una transformación institucional profunda, acompañada de una nueva hegemonía cultural, puede abrir la posibilidad de una democracia pospopulista.
El desafío venezolano consiste en fundar una nueva articulación histórica que integre desarrollo económico, justicia social y Estado de derecho en un mismo proyecto coherente. Sin esa síntesis, la actual crisis de época no desembocará en una democracia estable, sino en una prolongación del interregno, con sus inevitables formas anómalas y autoritarias de poder.
Antonio de la Cruz
