El informe de Marco Rubio en el Senado describe el colapso venezolano como un problema estructural y propone una transición diseñada y administrada, con la estabilidad como condición previa. Afirmó que, durante años, la tragedia venezolana fue interpretada como un problema de exceso ideológico: demasiado socialismo, demasiado populismo, demasiada polarización. Esa lectura fue cómoda. También fue profundamente errónea. Venezuela no colapsó por una mala doctrina económica, sino porque el Estado dejó de cumplir su función elemental y se transformó en una plataforma criminal.
La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 cerró un ciclo político, pero no resolvió la cuestión central: ¿qué ocurre cuando cae el líder, pero sobrevive intacta la arquitectura de poder? La historia reciente ofrece respuestas incómodas. En Europa del Este, los Balcanes y amplias regiones de África, la caída de regímenes autoritarios no condujo automáticamente a democracias funcionales. En muchos casos, produjo interregnos prolongados donde el vacío institucional fue ocupado por redes informales, mafias políticas o élites recicladas.
En este contexto, el papel de Delcy Rodríguez no puede entenderse como liderazgo transicional, sino como administración de continuidad. No se trata de una anomalía venezolana. Tras la disolución de la Unión Soviética, numerosos aparatos estatales en Europa oriental sobrevivieron a sus líderes y se reacomodaron bajo nuevas etiquetas. En Rumania, Bulgaria o Ucrania en los años noventa, la sustitución de figuras visibles ocultó la persistencia de servicios de seguridad, redes clientelares y economías políticas opacas. El resultado fue una “democracia formal” sin Estado de derecho efectivo.
Los Balcanes ofrecen un paralelismo aún más inquietante. En Bosnia-Herzegovina y Kosovo, la comunidad internacional apostó por procesos institucionales rápidos —elecciones, constituciones, misiones de observación— sin haber desmantelado primero las economías de guerra ni las redes criminales surgidas del conflicto. El resultado fue una estabilidad superficial combinada con corrupción estructural y dependencia crónica de la tutela externa. La lección es clara: sin desmontaje previo del poder real, la legitimidad electoral se convierte en una fachada.
Por dos décadas, Venezuela fue tratada con ese mismo enfoque ritualista. Las Naciones Unidas y un circuito profesional de mediadores privilegiaron el proceso sobre el resultado. Mesas de diálogo, misiones técnicas y comunicados sustituyeron la pregunta esencial: ¿quién controla realmente el territorio, los recursos y la coerción? Esta lógica no es nueva. En varios países africanos —desde la República Democrática del Congo hasta Sudán del Sur— la insistencia internacional en acuerdos políticos formales permitió la supervivencia de élites armadas que capturaron el Estado mientras cumplían, de manera simbólica, con los requisitos del reconocimiento externo.
No fue neutralidad. Fue una forma de omisión funcional. En nombre de la soberanía, se toleró la impunidad; en nombre de la estabilidad, se aceptó la degradación institucional. La experiencia comparada demuestra que estas transiciones “administradas por el lenguaje” rara vez producen democracias duraderas.
A esta dinámica interna se sumó la instrumentalización geopolítica. China actuó en Venezuela como lo ha hecho en varios Estados frágiles africanos: no como agente de desarrollo, sino como acreedor estratégico que asegura activos a largo plazo, incluso a costa del colapso social inmediato. Irán, por su parte, replicó un patrón observado en Líbano o Siria: inserción logística y política en Estados debilitados para proyectar poder más allá de sus fronteras.
El chavismo, que durante años se presentó como un proyecto de soberanía nacional, terminó ejecutando una de las cesiones de soberanía más profundas del hemisferio occidental. La contradicción entre discurso y práctica no fue accidental; fue estructural. Como en tantos regímenes autoritarios, la retórica antiimperialista sirvió para ocultar una dependencia selectiva de potencias no democráticas.
La respuesta de Estados Unidos tras la salida de Maduro se apartó deliberadamente de los manuales de reconstrucción de la posguerra fría. No hay promesas de grandes planes de ayuda ni discursos de democratización inmediata. Hay contención, control de daños y condicionalidad estricta. Este enfoque recuerda más a las estrategias adoptadas en los Balcanes tras el fracaso inicial del idealismo liberal que a las intervenciones maximalistas de Irak o Afganistán.
Desde una perspectiva de elección bajo riesgo, esta lógica resulta comprensible. Cuando una sociedad se enfrenta a pérdidas potenciales irreversibles —fragmentación territorial, consolidación de economías criminales—, las soluciones imperfectas se vuelven aceptables. La historia de Europa en el siglo XX demuestra que ignorar ese cálculo conduce a resultados peores, no mejores.
Nada de esto garantiza una transición democrática exitosa. El riesgo de un “autoritarismo reformado” —una liberalización económica sin democratización política— es real y está ampliamente documentado en África y Eurasia. Pero reconocer ese riesgo no implica negar el punto de partida. Venezuela no está en una transición fallida; está en una ausencia de Estado funcional.
El verdadero desafío comienza ahora. No es solo desmantelar redes criminales, sino reconstruir una noción de ciudadanía en un país donde el Estado fue, durante años, un instrumento de depredación. Como escribió Antonio Gramsci, los interregnos son tiempos de monstruos. También son momentos de decisión histórica.
Si la comunidad internacional quiere evitar repetir los errores cometidos en Europa del Este, los Balcanes y África, deberá abandonar el confort del formalismo democrático y enfrentar una verdad incómoda: la democracia no puede nacer donde el poder real permanece intacto. Primero debe desmontarse el sistema que la hace imposible. Todo lo demás es retórica.
