La historia del petróleo demuestra que los recursos por sí solos no crean poder ni prosperidad; son las instituciones, las reglas y la capacidad de gestionarlos las que determinan si un país transforma riqueza geológica en estabilidad duradera
En la larga historia del petróleo, los momentos de inflexión rara vez nacen de la geología. Surgen, más bien, cuando el poder político, el marco legal y los flujos de capital se reordenan al mismo tiempo. Venezuela se encuentra hoy exactamente en uno de esos puntos críticos: un país con las mayores reservas probadas del mundo, pero con una industria incapaz de convertir ese potencial en estabilidad económica, producción sostenida o confianza internacional.
El debate actual sobre el futuro del petróleo venezolano no gira en torno a si el crudo existe —eso está fuera de duda— sino a si puede volver a operar como un sistema funcional. Un sistema en el que invertir tenga sentido, producir sea técnicamente viable, exportar sea logísticamente seguro y cobrar no dependa de favores políticos ni de mecanismos opacos. En otras palabras, si el petróleo puede dejar de ser un botín y volver a ser una industria.
El estado real de la industria: más allá del subsuelo
La industria petrolera venezolana es hoy un caso extremo de deterioro acumulado. Dos décadas de desinversión, mala gestión, politización y pérdida de capital humano dejaron una infraestructura envejecida, con miles de pozos inactivos, instalaciones corroídas y una cadena de servicios fragmentada. La producción, que alguna vez superó los 3 millones de barriles diarios, se mueve ahora en una franja muy inferior, pese a contar con una base de recursos que pocos países pueden igualar: más de 300.000 millones de barriles.
Pero el problema no es solamente técnico. Existe un pasivo institucional profundo: expropiaciones, arbitrajes internacionales, deudas con contratistas, compromisos con acreedores y un historial de cambios unilaterales de reglas. Todo esto convirtió al país en un territorio donde el riesgo no se mide solo en puntos porcentuales, sino en la posibilidad misma de ejecutar un proyecto sin interrupciones abruptas.
Para cualquier empresa energética de escala global, actualmente, el dilema venezolano no es si el barril puede salir del subsuelo, sino si el capital puede entrar y permanecer sin quedar atrapado.
Un nuevo rediseño: comercialización y control externo
En este contexto emerge un planteamiento estratégico por parte de la administración Trump que rompe con la lógica tradicional del negocio petrolero en Venezuela: separar la producción y comercialización del control político interno. La idea central es que las empresas operen bajo un esquema en el que la relación principal no sea con el Estado venezolano, sino con una arquitectura de supervisión, cumplimiento y control financiero diseñada fuera del país, específicamente en la Casa Blanca.
Este enfoque apunta directamente al núcleo del problema histórico venezolano: la incertidumbre sobre el destino de los ingresos. Durante años, el petróleo fluyó, pero el dinero se perdió en descuentos, intermediaciones, corrupción o esquemas paralelos. El resultado fue una industria que producía sin generar estabilidad y un Estado que recibía renta sin construir instituciones ni mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano.
El nuevo diseño busca lo contrario: vender el crudo a precios de mercado, reducir los descuentos artificiales, capturar el valor completo del barril y administrar esos ingresos mediante mecanismos verificables —fideicomisos, cuentas segregadas, auditorías— que limiten la discrecionalidad política. En términos prácticos, se trata de trasladar el riesgo desde la promesa soberana hacia un sistema de control financiero creíble.
Sanciones, flujos y realineamiento energético
Otro elemento clave del debate es el reconocimiento implícito de que, durante años, el petróleo venezolano circuló a pesar de las sanciones impuestas a Pdvsa. Lo hizo con descuentos pronunciados y a través de rutas opacas que beneficiaron a intermediarios y actores geopolíticos con agendas propias. En lugar de impedir el flujo, las restricciones lo distorsionaron.
El giro actual propone un uso distinto de ese instrumento: no bloquear el petróleo, sino canalizarlo. Permitir ventas controladas, a precio pleno, bajo esquemas transparentes, donde el diferencial entre precio de mercado y precio realizado no se disuelva en la opacidad. En la industria energética, quien controla la comercialización controla el ritmo del sistema. Y el ritmo, en momentos de crisis, es poder.
Todos presionados, uno con margen de maniobra
Desde una perspectiva estratégica, el momento venezolano se caracteriza por una asimetría decisiva. La dirigencia interna enfrenta una crisis fiscal y social severa. Las empresas internacionales arrastran pérdidas históricas y activos congelados. Actores externos han operado en condiciones de legitimidad precaria. En ese tablero, solo un jugador —administración Trump— tiene la capacidad de ralentizar o acelerar el proceso sin sufrir un impacto inmediato interno.
Esa asimetría explica por qué se acepta hoy lo que ayer parecía políticamente inviable. Cuando la alternativa es el colapso, la cooperación deja de ser ideológica y se vuelve funcional. El petróleo se convierte, entonces, en un instrumento para ganar tiempo: tiempo político, tiempo económico y tiempo social.
Tres momentos operativos: del flujo temprano al equilibrio
El plan propuesto por la Casa Blanca no promete una reconstrucción perfecta desde el inicio. Propone algo más pragmático: avanzar por etapas superpuestas.
El primer momento es el de la estabilización. Aquí, la prioridad es generar flujo de caja rápidamente. En este punto, las empresas con presencia continua y experiencia en campos maduros tienen una ventaja clara. No se trata de grandes descubrimientos, sino de optimización, mantenimiento, recuperación secundaria y eficiencia operativa. Cada barril adicional comprado con inversión incremental reduce la presión fiscal y social.
El segundo momento es el de la reorganización financiera e institucional. Con flujo en marcha, se abre espacio para renegociar deudas, ordenar pasivos y reconstruir una relación mínima con acreedores y organismos financieros. No es aún una reforma estructural completa, pero sí un reordenamiento suficiente para reducir la parálisis.
El tercer momento es el del escalamiento. Aquí entran los proyectos de largo plazo: desarrollo de nuevas áreas, reposición de reservas, inversiones de gran magnitud y horizontes de varias décadas. Este paso exige reglas más sólidas, estabilidad contractual y una institucionalidad que resista ciclos políticos. Sin eso, el capital de largo plazo no llega.
El ancla legal: por qué las reglas importan más que la retórica
Uno de los debates más interesantes gira en torno al marco jurídico. La experiencia venezolana demuestra que el riesgo mayor no es siempre la expropiación directa, sino la incertidumbre permanente. Cuando nadie sabe qué regla se aplicará mañana, la inversión se congela.
De allí surge la propuesta de apoyarse en marcos legales históricos como la Ley de Hidrocarburos de 1943, conocidos por las grandes compañías, como punto de partida transitorio. No como nostalgia, sino como puente de credibilidad. Un marco transparente, con cláusulas de estabilidad y contratos auditables, puede ser más valioso que una ley nueva sin confianza.
El verdadero enemigo del desarrollo petrolero hoy no es la falta de soberanía formal, sino la ausencia de previsibilidad.
Seguridad y disciplina: el factor silencioso
Ninguna estrategia energética sobrevive si el entorno operativo es volátil. Sabotajes, violencia focalizada o ausencia de control territorial elevan costos, retrasan cronogramas y erosionan confianza. La seguridad interna no es un tema separado del petróleo: es parte integral del costo del barril.
Sin un control efectivo del orden público y sin una mínima disciplina institucional, incluso la arquitectura financiera mejor diseñada pierde viabilidad operativa. En consecuencia, cualquier factor que obstruya el proceso de estabilización terminará siendo contenido o desplazado por la propia lógica de supervivencia del sistema.
¿Tutela o transición?
El dilema final es inevitable. Un esquema de control externo de los flujos petroleros puede interpretarse como tutela. Pero también puede verse como una fase de estabilización necesaria tras el colapso institucional. La historia energética muestra que, en momentos extremos, los países han aceptado mecanismos extraordinarios para reconstruir capacidad productiva y credibilidad.
La diferencia clave está en el resultado: si el control se traduce en instituciones más fuertes, reglas claras y eventual autonomía funcional, habrá cumplido su objetivo. Si se perpetúa como sustituto del Estado habrá fracasado.
Conclusión: el petróleo compra tiempo, no legitimidad
El petróleo puede estabilizar una economía, pero no reemplaza la política ni el derecho. Venezuela tiene ante sí una ventana estrecha: usar su principal recurso para reconstruir un sistema energético funcional y, a partir de allí, abrir espacio para una transición institucional real.
Esta vez el desafío no es encontrar el crudo. Es construir las reglas que permitan que el barril financie el futuro y no repita el pasado. La historia del petróleo enseña que los recursos no salvan a los países; lo hacen las instituciones que los gobiernan. Venezuela está a punto de comprobarlo, una vez más, desde el principio.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends