La lenta captura del Estado
Desde el inicio de su mandato, Petro ha desplegado lo que podríamos llamar una ofensiva de desgaste institucional, una suerte de guerra de posiciones cuyo objetivo final es evidente: debilitar los frenos republicanos que limitan su poder, hasta hacerlos irrelevantes.
Ha intentado imponer consultas populares ilegales, burlando el control constitucional. Ha presionado sin pudor al registrador nacional, Alexander Vega Rocha, quien hasta ahora ha tenido el coraje cívico de resistir. Ha movido piezas para reconfigurar la Corte Constitucional y para capturar organismos esenciales como la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Todo bajo el pretexto, siempre eficaz, de «profundizar la democracia», esa máscara semántica que los populismos autoritarios han perfeccionado hasta el cinismo.
Pero lo más grave no son los actos públicos, sino lo que sucede en los márgenes de la legalidad. Líderes opositores, periodistas incómodos, empresarios independientes y jueces rebeldes denuncian seguimientos, interceptaciones, amenazas y desprotección calculada. Miguel Uribe Turbay elevó más de veinte solicitudes formales de refuerzo de seguridad a la UNP antes de ser atacado. Todas fueron ignoradas. No por negligencia, sino por diseño.
El lenguaje de la intimidación
Como ocurre siempre que un líder populista comienza a sentirse acorralado, el discurso de Petro se ha vuelto más agresivo, más amenazante. Divide a los colombianos entre el «pueblo» (él) y «los enemigos del cambio» (los demás). Desacredita al Congreso, a los jueces, a la prensa, al registrador, a cualquiera que ose recordarle que la Constitución aún existe.
Ha desplegado además campañas digitales de linchamiento, esas turbas virtuales que funcionan como instrumento de intimidación, acompañadas de insinuaciones sobre futuras judicializaciones masivas por delitos como «sedición» o «saboteo al proyecto social».
El método no es nuevo. Fue ensayado en Venezuela con impecable eficacia. Primero, capturar el aparato judicial. Luego el sistema electoral. Después, la represión selectiva de la oposición. Y, finalmente, el control total de la vida económica, mediática y social. El espejo venezolano está frente a los ojos de Colombia, pero muchos prefieren no mirarlo todavía.
Las grietas del sistema
Aún existen, sin embargo, resistencias dignas de aplauso. El Congreso ha logrado, en varias ocasiones, frenar las maniobras legislativas más agresivas del gobierno. El registrador ha desobedecido las órdenes ilegales de convocar consultas espurias. Algunos magistrados de la Corte Constitucional se mantienen firmes.
Incluso las Fuerzas Armadas, que han sido tradicionalmente leales al orden constitucional, no han cedido —todavía— a las tentaciones de la politización. Aunque no faltan señales de movimientos discretos para intentar influir sobre los mandos medios.
Pero la presión aumenta. Petro sabe que el tiempo conspira contra su proyecto. Las elecciones de 2026 se aproximan y cada día que pase sin consolidar su control absoluto representa un riesgo para sus ambiciones de permanencia.
La evidencia perturbadora del caso Uribe Turbay
El expediente de la investigación sobre el atentado confirma las sospechas de manipulación:
El arma fue adquirida en Estados Unidos y traída a Colombia en 2020.
El sicario fue capturado con el arma en la mano, pero pronto surgieron inconsistencias en la cadena de custodia.
El celular del atacante desapareció temporalmente, pieza clave para desentrañar los vínculos detrás del crimen.
Los abogados de la familia Uribe han recibido amenazas por intentar aportar pruebas a la Fiscalía.
El caso parece diseñado para enturbiar la investigación, no para esclarecerla. La confusión, el desgaste, la dilación son parte del método.
El reloj de la democracia
Colombia ha entrado en su zona de máximo riesgo democrático. Las próximas decisiones de la Corte Constitucional y los movimientos dentro de las Fuerzas Armadas serán determinantes. Si las instituciones resisten, Petro terminará su mandato sometido a límites efectivos. Si logra romper estos diques, el camino hacia un régimen híbrido —formalmente democrático, sustancialmente autoritario— estará abierto.
Aún existe margen de acción para la comunidad internacional. La presión diplomática, las advertencias de las organizaciones multilaterales, las señales firmes de Estados Unidos y Europa pueden inclinar la balanza. Pero el tiempo es el adversario más peligroso. Cada día que pasa, el costo de frenar la deriva autoritaria aumenta.
La gran elección moral
El drama colombiano plantea, en el fondo, una elección moral que define la esencia de las democracias liberales: o se enfrenta al autoritarismo cuando todavía es posible contenerlo, o se le normaliza y se le entrega todo, esperando ingenuamente que su apetito sea saciable.
Como ya ocurrió en Caracas, el riesgo no es el golpe violento, sino la lenta y meticulosa demolición de las libertades por vía legal. El autoritarismo moderno no necesita tanques en las calles: le basta con controlar a los fiscales, los jueces, los organismos electorales y las narrativas del poder.
Colombia aún está a tiempo. Pero la pregunta es: ¿quedará el coraje, la lucidez y la convicción suficiente para frenar a Petro antes de que se repita en ese país la historia de Venezuela?
