El Parlamento saliente aprueba el nombramiento de las nuevas autoridades con mayoría simple: se vislumbra un choque de poderes en 2016. La oposición dice que los va a revoca
Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, anunció la aprobación por «mayoría constitucional» de los nombramientos de los magistrados.
La Asamblea Nacional saliente de Venezuela aprobó ayer de manera exprés las designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que se vislumbra como el primer choque de poderes en 2016, luego de que Jesús «Chúo» Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), asegurara en su programa de radio que los 112 diputados de la fracción opositora, que se instalarán el próximo 5 de enero, revertirán el proceso por “inconstitucional”.
Como la bancada oficialista no tenía las dos terceras partes del Parlamento, la designación de los magistrados se aprobó con mayoría simple luego de cuatro sesiones de debates, que se llevaron a cabo en dos días consecutivos. José Ignacio Hernández, abogado y profesor universitario, aseguró que el nombramiento apresurado de las nuevas autoridades del Poder Judicial tiene -al menos- 10 violaciones a la Constitución de la República, la Ley del TSJ y el Reglamento del Comité de Postulaciones.
«La designación de magistrados del TSJ podía tardar 42 días, y solo tardó 15. Ello solo evidencia una clara desviación del procedimiento», comentó Hernández en su cuenta Twitter, donde aclaró que la ley exige que cada sesión de designación se haga con tres días de separación.
José Vicente Haro, constitucionalista, coincidió con Hernández en que el nombramiento de los rectores del TSJ es violatorio de la Carta Magna. «Viola el artículo 263 de la Constitución porque los ciudadanos postulados no reúnen los requisitos allí establecidos; también viola el 264 porque no se cumplió totalmente el procedimiento de consulta e impugnaciones de los candidatos».
Pese a la negativa de la oposición, Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, anunció la aprobación por «mayoría constitucional» de los nombramientos de los magistrados, y, como en las sesiones anteriores, dijo que las designaciones se hicieron apegadas a la constitución y las leyes.
Willian Dávila rechazó a nombre de la bancada opositora los nombramientos asegurando que se violaron los procedimientos, y consideró el acto como «nulo», lo que ratifica las palabras de Torrealba. «La Asamblea Nacional del pasado no puede decidir, no debería decidir sobre el Tribunal Supremo de Justicia del futuro ¿Qué va a ocurrir con eso? lo decimos con absoluta claridad: eso no va a pasar, eso no se va a quedar así».
Para que la alternativa democrática pueda cumplir su promesa de remover a los nuevos magistrados, siguiendo con los procedimientos establecidos en la Constitución, tendrá que ponerse de acuerdo con el Poder Ciudadano (integrado por el defensor del Pueblo, el fiscal general de la República y el contralor general, todos parcializados con el oficialismo), según escribió José Ignacio Hernández en Prodavinci. «Esta remoción requiere que el Poder Ciudadano califique la falta bajo la cual se acordará dicha remoción (Artículo 265 de la Constitución)».
No obstante, Haro sostuvo que el nuevo Parlamento podría hacer una declaratoria de nulidad de las designaciones realizadas por la Asamblea Nacional saliente, esto por considerarlas el resultado de un acto violatorio de la Constitución y de la ley que incluso puede calificarse como fraude constitucional. «La declaratoria es un acto parlamentario sin forma de ley, sin embargo, tiene la fuerza de una, pues debe ser discutida por la plenaria de la Asamblea Nacional (…) El Parlamento puede promulgarlo sin necesidad de aprobación de ninguno de los otros Poderes Públicos, no obstante podría ser impugnado por la Sala Constitucional del TSJ, es decir, los mismos magistrados decidirían si su designación es o no constitucional”, explicó el abogado en entrevista con El Nacional.
Rechazo
El Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela manifestó ayer su rechazo por la designación apresurada que hizo la AN saliente de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. “El Comité de Postulaciones Judiciales vigente como máximo órgano representativo de la sociedad venezolana y asesor del Poder Ciudadano para la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no está debidamente integrado por auténticos representantes de los diferentes sectores de la sociedad, en particular por ninguno de los legítimos representantes de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales y Privadas venezolanas”, expresa en un documento.
Otros artículos de la Constitución violados, según José Haro
Artículo 254 «porque esta designación atropellada de Magistrados compromete la autonomía e independencia del TSJ».
Artículo 256 «porque designó como Magistrados a personas comprometidas políticamente con el régimen»
Leopoldo Márquez / lmarquez@laverdad.com
