No hay buenos y malos en la guerra sin cuartel que se libra en torno al dinero del narcotráfico en México. Esto es al menos lo que se desprende del informe presentado ayer por Amnistía Internacional (AI) con el título «Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México», en el que denuncia abusos y torturas frecuentes a ciudadanos inocentes por parte de las autoridades. Según la ONG, en multitud de casos, fueron los policías y funcionarios que debían debían hacer cumplir la ley y proteger los derechos de los ciudadanos quienes los sometieron a maltratos y vejaciones propios de los más despiadados sicarios del narco.
Amnistía ha registrado denuncias por asfixia simulada, palizas, simulacros de ejecución, violencia sexual, amenazas de muerte y descargas eléctricas, entre otras prácticas. El torrente de tropelías que denuncia la organización no deja de incrementarse desde que en el año 2006 el Gobierno Federal lanzara su ofensiva general contra los cárteles de la droga. Según Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para América, se ha producido «un alarmante aumento del uso de la tortura», que se traduce en «una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México».
«Impunidad casi total»
A la luz de los datos del estudio, entre 2003 y 2013 se produjo un incremento en el número de quejas, 1.505 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de en torno a un 600 por ciento entre 2003 y 2013. Lo peor es que la inmensa mayoría de ellas no fueron objeto de ninguna investigación. De acuerdo con los datos de AI, los responsables de torturas y malos tratos gozan de una «impunidad casi total». Según el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales sólo tramitaron 23 procesos entre 2005 y 2013 y, de ellos, tan solo siete condujeron a sentencias condenatorias, lo que supone un 0,006 por ciento del total. En Amnistía interpretan este escaso porcentaje como la prueba de que el Gobierno mira para otro lado ante este problema y «no protege los Derechos Humanos».
Un ejemplo paradigmático sería el de Ángel Amílcar Colón Quevedo, afrodescendiente de Honduras y víctima de torturas y abusos a manos de miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas. La ONG asegura que fue golpeado, asfixiado con una bolsa, desnudado y sometido a tratos humillantes e insultos racistas.
Colón permanece en prisión a la espera de un juicio, en el que podría ser acusado sobre la base de una declaración supuestamente obtenida bajo tortura.
México tiene también el desafío de esclarecer el paradero de miles de personas desaparecidas. A finales de agosto de este año, las autoridades reconocieron que hay más de 22.000 personas cuyo paradero se desconoce, lo que incluiría numerosos casos de desaparición forzosa. Amnistía ha advertido de que las «pocas víctimas» localizadas mostraban señales de torturas y malos tratos.
ABC.es
