El representante de Cabo Verde, Henrique Borges, alegó este viernes, 5 de febrero, que el empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, no tiene ninguna condición diplomática.
Además, señaló que el país no reconoce la autoridad del Tribunal de África Occidental (Cedeao) para decidir este caso, pues no ha firmado los protocolos adicionales de esta instancia.
Las declaraciones del abogado se dan en medio de la audiencia sobre el caso de extradición del empresario, cuya defensa espera que la Cedeao emita un fallo.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de millones de dólares.
La defensa del empresario presentó en octubre una demanda ante el tribunal africano, con sede en Abuya, al considerar ilegal su detención.
En la sesión de este viernes la defensa, ejercida por el abogado nigeriano Femi Falana, insistió en que, en el momento de su detención, Saab «realizaba una misión especial humanitaria en Irán», por lo que «tenía, y sigue teniendo, la condición de enviado especial de Venezuela».
«Por lo tanto, goza de inmunidad e inviolabilidad diplomática. Por consiguiente, no sólo no puede ser sometido a prisión y a procesos judiciales por parte de Cabo Verde, sino que tales acciones violan el derecho internacional consuetudinario», alegó Falana.
El 24 de diciembre de 2020, recordó, Saab fue nombrado «representante permanente alterno de Venezuela en la Unión Africana», con lo que su «inmunidad quedó así reforzada».
La defensa reconoció que Cabo Verde sacó de la cárcel a Saab para ponerlo bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud, como dictó la corte africana el pasado 30 de noviembre, pero dijo que las condiciones están «muy por debajo de las normas internacionales».
Estados Unidos considera a Saab, de 49 años, testaferro de Maduro y sospechoso de haber lavado -junto a su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido– hasta 350 millones de dólares para supuestamente pagar actos corruptos del presidente venezolano.
El pasado mes, el Tribunal de Apelación de Barlovento, situado en la isla septentrional caboverdiana de San Vicente, confirmó un fallo anterior favorable a la extradición del presunto testaferro a Estados Unidos, una decisión apelada por la defensa.
EFE/Analítica
