Las actuaciones de la Asamblea Nacional desde el 28 de julio, fecha en la que la Directiva de la Asamblea Nacional decidió incorporar a los tres diputados de la MUD al Parlamento, hasta el martes 15 de noviembre, cuando pidieron ser retirados del mismo, son nulas, de acuerdo a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Durante ese período la Plenaria aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Seguridad Social para los Funcionarios Policiales, el Proyecto de Ley de Saneamiento del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica, la Ley Orgánica del Sector Eléctrico, y la Ley Reforma Parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Además se constituyó el Comité de Postulaciones Electorales que tendrá la responsabilidad de gestionar la sustitución de dos rectores del CNE, sin la presencia del Psuv que se autoexcluyó del proceso argumentando que ese acto no era válido.
El abogado constitucionalista, Juan Luis Núñez, explicó que todo lo discutido y aprobado en ese lapso de tiempo es “nulo de nulidad absoluta, no convalidable por las partes porque estaban en desacato de una sentencia del TSJ. Esos actos no tienen efecto retroactivo porque se hayan desincorporado los diputados. La nulidad fue de carácter absoluta porque afectaba el orden público debido a que se estaba violando una sentencia y esas decisiones son para acatarlas, no para que nos gusten o no. La Asamblea se puso al margen de la justicia”.
Respecto al Comité de Postulaciones, Núñez consideró que si el Parlamento está en el lapso y cumple los requisitos tendría que volverlo a convocar. En el caso de los proyectos de ley deben volver a la Plenaria.
Sin embargo, la oposición espera que la situación se solvente como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo, reconoció el diputado Juan Pablo Guanipa, miembro del Comité.
“Según el TSJ esos actos serían nulos, pero para nosotros no lo son. No se pueden anular los actos de una institución a futuro. No obstante, los acuerdos van a permitir que esos asuntos sean superados”, respondió Guanipa.
Opinión que es compartida por el diputado Elías Matta (UNT): “Según mi criterio esos actos no son nulos porque esos diputados fueron proclamados por el CNE y luego de una manera extraña el TSJ tomó una decisión de desincorporar a éstos tres compañeros basándose en un supuesto fraude”.
Cree que la decisión, tomada el 15 de noviembre, de Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana de desincorporarse fue un gesto por la paz. “Los compañeros están esperando ahora por las elecciones. Ellos fueron incorporados porque un estado no puede permanecer sin representación”.
Por casi siete meses estuvieron los tres parlamentarios esperando por una decisión de la Sala Electoral que aún no se pronuncia.
El presidente Nicolás Maduro dijo ésta semana que habrá elecciones en esa región.
Matta dijo que esperarán cómo se termina de arreglar la situación, puesto que en la mesa de diálogo nacional se acordó respetar los poderes del Estado.
Desde el Psuv, el diputado Julio Chávez también es partícipe de que la solución sea parte de la mesa de entendimiento.
“Todo eso que quedó en el limbo de la ilegalidad debe ser discutido en la mesa de diálogo. Aquello que contravino y violó el Reglamento de Interior y de Debates y decisiones del máximo tribunal son nulos e írritos, de lo que se trata es que esos temas se enmarquen en el camino del diálogo y se puedan enrumbar por la constitucionalidad, sin violar leyes, ni reglamentos”, respondió a este diario.
Los actos administrativos, leyes promovidas, proyectos de acuerdo, y todas las comunicaciones emitidas de julio a noviembre quedaron en ese estatus de ilegalidad.
“La Junta Directiva debe emitir una comunicación al TSJ en la que manifiestan que fueron desincorporados esos tres ciudadanos y ya lo tomaría el TSJ como el inicio de la restitución y el respeto a la Constitución en que habría incurrido la AN”, continuó Chávez, quien agregó que además la bancada del Psuv solicitó al tribunal un recurso de interpretación sobre el desacato de la Asamblea al Reglamento de Interior y de Debates.
“El reglamento establece cómo se deben hacer las consultas públicas, y en el caso de muchas leyes de enero para acá no cumplieron con ese paso. Además de eso, algunas leyes requieren de un estudio de impacto económico, por ejemplo, la de privatización de la vivienda o la del bono de alimentación, ninguna de las propuestas que ellos presentaron tenían ni el estudio de impacto económico, ni habían cumplido con la consulta pública”, detalló.
Falta esperar qué se decidirá en las reuniones que entre las partes se están realizando en Caracas con la presencia de los mediadores de Unasur y el Vaticano.
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