La práctica de no publicar las Gacetas Oficiales en el tiempo y forma correspondientes no ha hecho más que agravarse, afectando así gravemente la transparencia estatal, el acceso a la información pública y la seguridad jurídica en el país.
La práctica de no publicar las Gacetas Oficiales en el tiempo y forma correspondientes no ha hecho más que agravarse, afectando así gravemente la transparencia estatal, el acceso a la información pública y la seguridad jurídica en el país.
Una nueva investigación realizada por Acceso a la Justicia arrojó que al menos 116 ediciones de la Gaceta Oficial, publicadas entre 2021 y julio de 2026 no están disponibles, lo que impide a los ciudadanos conocer el contenido de leyes, decretos presidenciales, resoluciones ministeriales, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como otros actos administrativos y decisiones de los poderes públicos.
La investigación constató que numerosas ediciones, en su gran mayoría extraordinarias, nunca han sido divulgadas por el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo), organismo responsable de la edición, difusión y publicación del diario oficial del Estado.
Una práctica cada vez más frecuente
Los datos recogidos muestran un deterioro progresivo en lo referido al cumplimiento de la obligación de la publicación de la Gaceta Oficial durante los últimos años. Así, en 2021 Acceso a la Justicia registró 8 gacetas desaparecidas, cifra que subió a 10 en 2022 y luego escaló a 14 tanto en 2023 como 2024.
Sin embargo, desde 2025, cuando no se encontró rastro de 24 ediciones, la situación no ha hecho más que agudizarse. Hasta julio de 2026, el número de gacetas que no se encontraron ni en físico ni en sitios web alcanzó 46, siendo todas extraordinarias. Esto equivale a un promedio de 19 gacetas ocultas por año.
Esta situación supone una clara violación a lo dispuesto en la Ley de Publicaciones Oficiales de 2022, la cual señala en su artículo 6 que el Saingo es el responsable de la «edición e impresión» de la Gaceta Oficial, que se «publicará de forma ordinaria todos los días hábiles, sin perjuicio de que se publiquen números extraordinarios cuando sea necesario».
Por su parte, el artículo 9 de dicho instrumento establece que la publicación de la Gaceta Oficial se realizará bajo un «sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico».
Asimismo, la investigación determinó que las gacetas que sí son publicadas tienden a hacerlo con retrasos de varios meses, sin importar que algunas de ellas contengan normas de aplicación inmediata.
Leyes y decretos que existen, pero no pueden consultarse fácilmente
La ausencia de las gacetas expone a los ciudadanos a posibles incumplimientos por desconocimiento de los instrumentos legales. Un ejemplo es la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, incluida en la Gaceta Oficial n.º 6.937 extraordinario del 11 de noviembre de 2025, pero cuyo contenido no ha sido publicado en el portal oficial del Saingo y pudo conocerse solo a través de la página web del Ejército.
Situaciones similares se registraron con las recién aprobadas leyes para el Fomento y Promoción del Café y del Cacao venezolano, así como con el Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La existencia de estas normas se conoció por la circulación de sumarios en redes sociales.
Asimismo, la investigación identificó casos de publicación tardía. Un ejemplo es la Gaceta Oficial n.º 6.977 extraordinario, que contiene el decreto de creación del Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética. El decreto fue emitido el 28 de enero de 2026, pero apareció publicado oficialmente 6 meses después.
A lo anterior hay que sumarle las leyes de presupuesto y endeudamiento, que año tras año son discutidas y aprobadas durante el último trimestre por la Asamblea Nacional sin mayores detalles. No obstante, dichos instrumentos llevan más de una década sin ser publicados oficialmente.
Lo que actualmente se conoce del presupuesto en ejecución para 2026 proviene de las explicaciones ofrecidas por la vicepresidenta ejecutiva ?hoy presidenta encargada? durante su comparecencia ante el Parlamento en diciembre de 2025.
Sin opciones
La investigación también arrojó que las páginas web de organismos públicos como el TSJ, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público (MP), que durante años funcionaron como mecanismos alternativos de consulta, han perdido utilidad.
El caso más evidente es el de las páginas del MP y de la PGR, que simplemente eliminaron el acervo histórico de gacetas publicadas y dejaron de publicar las nuevas. Entre tanto, en el caso del TSJ, se observa que su repositorio de gacetas presenta retrasos incluso mayores que los observados en el portal del Saingo.
Un ejemplo de ello es la última Gaceta Oficial publicada en el sitio web del máximo juzgado, la n.º 43.399 del 17 de junio, que permaneció como la última publicada durante casi 2 meses. Sin embargo, en este momento aparecen publicadas gacetas hasta el 12 de agosto, lo que representa una gran mejoría. Una ventaja importante del portal del TSJ frente al del Saingo es que se pueden encontrar gacetas desde el año 2000, mientras que en el del Saingo se encuentran a partir de 2012.
La opacidad antes descrita explica los malos resultados obtenidos por Venezuela en materia de transparencia en evaluaciones internacionales. En el más reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país obtuvo apenas 0,27 puntos sobre 1 en el indicador de Gobierno abierto, ocupando el puesto 141 de 143 países evaluados en el orbe y el último lugar de América Latina y el Caribe.
Y a ti venezolano, ¿Cómo te afecta?
La ausencia o demora en la publicación de leyes, decretos y otros actos oficiales genera una importante situación de incertidumbre jurídica, pues normas que deberían ser públicas terminan aplicándose sin que los ciudadanos tengan conocimiento oportuno de ellas.
La Constitución y la Ley de Publicaciones Oficiales establecen claramente que los actos jurídicos del Estado deben publicarse en la Gaceta Oficial para surtir efectos, por lo que al no cumplirse con este formalismo, dichos actos legales o administrativos no deberían tener vigor. Sin embargo, en la práctica, numerosas disposiciones son ejecutadas sin que la ciudadanía pueda acceder fácilmente a su contenido.
Para Acceso a la Justicia, esta situación contradice los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública y abre las puertas para abusos, colocando a los venezolanos en una situación de indefensión frente al poder.
Una nueva investigación realizada por Acceso a la Justicia arrojó que al menos 116 ediciones de la Gaceta Oficial, publicadas entre 2021 y julio de 2026 no están disponibles, lo que impide a los ciudadanos conocer el contenido de leyes, decretos presidenciales, resoluciones ministeriales, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como otros actos administrativos y decisiones de los poderes públicos.
La investigación constató que numerosas ediciones, en su gran mayoría extraordinarias, nunca han sido divulgadas por el Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial (Saingo), organismo responsable de la edición, difusión y publicación del diario oficial del Estado.
Una práctica cada vez más frecuente
Los datos recogidos muestran un deterioro progresivo en lo referido al cumplimiento de la obligación de la publicación de la Gaceta Oficial durante los últimos años. Así, en 2021 Acceso a la Justicia registró 8 gacetas desaparecidas, cifra que subió a 10 en 2022 y luego escaló a 14 tanto en 2023 como 2024.
Sin embargo, desde 2025, cuando no se encontró rastro de 24 ediciones, la situación no ha hecho más que agudizarse. Hasta julio de 2026, el número de gacetas que no se encontraron ni en físico ni en sitios web alcanzó 46, siendo todas extraordinarias. Esto equivale a un promedio de 19 gacetas ocultas por año.
Esta situación supone una clara violación a lo dispuesto en la Ley de Publicaciones Oficiales de 2022, la cual señala en su artículo 6 que el Saingo es el responsable de la «edición e impresión» de la Gaceta Oficial, que se «publicará de forma ordinaria todos los días hábiles, sin perjuicio de que se publiquen números extraordinarios cuando sea necesario».
Por su parte, el artículo 9 de dicho instrumento establece que la publicación de la Gaceta Oficial se realizará bajo un «sistema mixto que comprenderá uno digital y automatizado, y otro físico».
Asimismo, la investigación determinó que las gacetas que sí son publicadas tienden a hacerlo con retrasos de varios meses, sin importar que algunas de ellas contengan normas de aplicación inmediata.
Leyes y decretos que existen, pero no pueden consultarse fácilmente
La ausencia de las gacetas expone a los ciudadanos a posibles incumplimientos por desconocimiento de los instrumentos legales. Un ejemplo es la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, incluida en la Gaceta Oficial n.º 6.937 extraordinario del 11 de noviembre de 2025, pero cuyo contenido no ha sido publicado en el portal oficial del Saingo y pudo conocerse solo a través de la página web del Ejército.
Situaciones similares se registraron con las recién aprobadas leyes para el Fomento y Promoción del Café y del Cacao venezolano, así como con el Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La existencia de estas normas se conoció por la circulación de sumarios en redes sociales.
Asimismo, la investigación identificó casos de publicación tardía. Un ejemplo es la Gaceta Oficial n.º 6.977 extraordinario, que contiene el decreto de creación del Centro Nacional de Defensa y Seguridad Cibernética. El decreto fue emitido el 28 de enero de 2026, pero apareció publicado oficialmente 6 meses después.
A lo anterior hay que sumarle las leyes de presupuesto y endeudamiento, que año tras año son discutidas y aprobadas durante el último trimestre por la Asamblea Nacional sin mayores detalles. No obstante, dichos instrumentos llevan más de una década sin ser publicados oficialmente.
Lo que actualmente se conoce del presupuesto en ejecución para 2026 proviene de las explicaciones ofrecidas por la vicepresidenta ejecutiva ?hoy presidenta encargada? durante su comparecencia ante el Parlamento en diciembre de 2025.
Sin opciones
La investigación también arrojó que las páginas web de organismos públicos como el TSJ, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio Público (MP), que durante años funcionaron como mecanismos alternativos de consulta, han perdido utilidad.
El caso más evidente es el de las páginas del MP y de la PGR, que simplemente eliminaron el acervo histórico de gacetas publicadas y dejaron de publicar las nuevas. Entre tanto, en el caso del TSJ, se observa que su repositorio de gacetas presenta retrasos incluso mayores que los observados en el portal del Saingo.
Un ejemplo de ello es la última Gaceta Oficial publicada en el sitio web del máximo juzgado, la n.º 43.399 del 17 de junio, que permaneció como la última publicada durante casi 2 meses. Sin embargo, en este momento aparecen publicadas gacetas hasta el 12 de agosto, lo que representa una gran mejoría. Una ventaja importante del portal del TSJ frente al del Saingo es que se pueden encontrar gacetas desde el año 2000, mientras que en el del Saingo se encuentran a partir de 2012.
La opacidad antes descrita explica los malos resultados obtenidos por Venezuela en materia de transparencia en evaluaciones internacionales. En el más reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país obtuvo apenas 0,27 puntos sobre 1 en el indicador de Gobierno abierto, ocupando el puesto 141 de 143 países evaluados en el orbe y el último lugar de América Latina y el Caribe.
Y a ti venezolano, ¿Cómo te afecta?
La ausencia o demora en la publicación de leyes, decretos y otros actos oficiales genera una importante situación de incertidumbre jurídica, pues normas que deberían ser públicas terminan aplicándose sin que los ciudadanos tengan conocimiento oportuno de ellas.
La Constitución y la Ley de Publicaciones Oficiales establecen claramente que los actos jurídicos del Estado deben publicarse en la Gaceta Oficial para surtir efectos, por lo que al no cumplirse con este formalismo, dichos actos legales o administrativos no deberían tener vigor. Sin embargo, en la práctica, numerosas disposiciones son ejecutadas sin que la ciudadanía pueda acceder fácilmente a su contenido.
Para Acceso a la Justicia, esta situación contradice los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública y abre las puertas para abusos, colocando a los venezolanos en una situación de indefensión frente al poder.