Tras la aprobación en primera discusión de la reforma parcial a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que busca elevar nuevamente el número de magistrados de 20 a 32, el abogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, expresó su profunda preocupación por el rumbo de la política judicial en el país.
Una reforma sorpresiva y desconectada de la realidad
En entrevista para el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, Daniels calificó la medida como «sorpresiva», denunciando que no figuraba en la agenda legislativa de principios de año y que fue proyectada sin consultar a facultades de Derecho, colegios profesionales ni organizaciones civiles.
Para el defensor de derechos humanos, la crisis del sistema no se soluciona con más cargos en la cúpula, sino atendiendo las fallas de base. “En Venezuela la justicia penal es clasista, condena solo a los pobres y no protege a los sectores vulnerables. No es gratuita, ni imparcial, ni independiente”, aseveró, señalando que el verdadero retardo procesal se encuentra en los tribunales de instancia por la falta de jueces y fiscales, puntos ignorados en la reforma.
El fracaso de los órganos masivos
Daniels recordó que Venezuela ya experimentó con un TSJ de 32 magistrados entre 2004 y 2022, periodo en el cual la justicia, lejos de optimizarse, entró en un franco deterioro. Además, advirtió sobre la ineficiencia de los órganos colegiados demasiado numerosos: “El número óptimo para un tribunal colectivo es de tres; más allá de eso, tomar decisiones se vuelve un proceso complejo y burocrático”.
Asimismo, cuestionó que se use la «pluralidad» como argumento a favor dentro del máximo tribunal, señalando que esto colide con el principio de imparcialidad política que ordena la Constitución.
La deuda de la carrera judicial
Finalmente, el jurista enfatizó que la verdadera estabilización del sistema pasa por retomar la carrera judicial mediante concursos públicos de oposición, un proceso paralizado desde 2003. Daniels denunció que la designación «a dedo» de funcionarios genera inestabilidad y falta de autonomía. “La triste realidad es que los jueces en Venezuela no juzgan, sino que obedecen; ese es el problema que debemos atacar”, concluyó.