Abogados vinculados a la defensa de los imputados en el caso Pdvsa-Cripto ofrecerán este viernes una rueda de prensa para exponer detalles sobre el desarrollo del juicio y las presuntas irregularidades que, aseguran, han marcado el proceso.
De acuerdo con familiares y defensores, el juicio ha estado marcado por demoras procesales, restricciones a la defensa, obstáculos para acceder al expediente y limitaciones al principio de publicidad judicial.
Caso Pdvsa-Cripto
Este proceso judicial se lleva a cabo sin ninguna información pública por parte del Ministerio Público (MP) o del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, se conoce que los implicados enfrentan cargos que incluyen traición a la patria, apropiación de patrimonio público y legitimación de capitales.
Aunque inicialmente se señalaron cifras superiores a los 23.000 millones de dólares, la cifra oficial de la Fiscalía estima el daño en 5.550.544.290,74 dólares. Pese a esto, estimaciones independientes sugieren que el daño patrimonial real podría superar los 16.900 millones de dólares.
Entre los señalamientos que serán abordados en la rueda de prensa de este viernes figuran la realización del juicio a puertas cerradas, la presencia de funcionarios armados dentro de la sala, las restricciones de acceso para familiares de los detenidos y la imposibilidad de que los abogados obtengan copias completas del expediente, según han denunciado fuentes vinculadas a la defensa.
Los abogados también expondrán lo ocurrido en las últimas audiencias, que han sido suspendidas o paralizadas por problemas en el traslado de los imputados desde distintos centros de reclusión. En la audiencia número 17, según la defensa, solo fueron trasladados los detenidos recluidos en el Sebin, mientras que los procesados ubicados en otros centros penitenciarios no fueron llevados al tribunal.
La audiencia prevista para el 1 de junio fue suspendida luego de que abogados y acusados rechazaran realizarla de forma telemática.
En una audiencia posterior, de acuerdo con la denuncia de los familiares, fueron trasladados algunos detenidos recluidos en Yare y en el Centro de Formación Femenina La Crisálida, pero nuevamente no habrían sido llevados al Palacio de Justicia los procesados que permanecen en Rodeo I.
Para los defensores, estas situaciones constituyen una cadena de irregularidades que afectan el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y la transparencia del proceso. Este caso, que involucra a decenas de imputados, ha generado un amplio interés público por sus implicaciones políticas, económicas e institucionales.
Con información de El Nacional