El vuelo de la funcionaria venezolana a la Asamblea General de la ONU genera interrogantes sobre la logística y el financiamiento tras el cambio en el uso de la flota presidencial.
La llegada de Delcy Rodríguez a la zona metropolitana de Nueva York para participar en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas marcó un llamativo punto de quiebre logístico. Rodríguez no arribó en el avión presidencial venezolano ni en ninguno de los jets ejecutivos históricamente empleados por la alta dirigencia del gobierno nacional.
El traslado se realizó a bordo del Gulfstream G500, matrícula estadounidense N818CA, una aeronave registrada bajo la entidad financiera Bank of Utah Trustee y operada por la firma comercial colombiana Helistar S.A.S.
El giro en la estrategia de vuelo
La elección de esta aeronave contrasta con el historial reciente de las autoridades venezolanas en materia de aviación ejecutiva. En años anteriores, aeronaves oficiales vinculadas a la administración estatal —como el Dassault Falcon 900EX de matrícula T7-ESPRT e instrumentos aéreos vinculados a la estatal PDVSA— fueron objeto de incautaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo señalamientos de triangulación para eludir sanciones financieras internacionales.
En esta ocasión, la travesía desde Caracas hacia territorio estadounidense empleó un esquema operativo completamente distinto:
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Matrícula y Trustee: Registro formal bajo regulaciones de Estados Unidos (N818CA / Bank of Utah Trustee).
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Operador privado: Servicios chárter prestados por la compañía colombiana Helistar S.A.S.
El historial de la operadora Helistar y del empresario colombiano Orlando Cabeza ha figurado previamente en reportes de prensa sobre estructuras corporativas de aviación privada y la prestación de servicios comerciales a figuras de la política de ese país. No obstante, las contrataciones de la firma corresponden a servicios chárter facturados de carácter privado.
Las interrogantes logísticas y financieras
El uso de una plataforma privada con registro norteamericano para trasladar a la vocera de la delegación venezolana ante la ONU deja abiertos cuestionamientos de orden administrativo e institucional:
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Disponibilidad de la flota estatal: La razón por la cual no se utilizaron aeronaves oficiales del Estado venezolano para un desplazamiento diplomático de alto nivel.
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Financiamiento de la operación: La identidad de la persona jurídica o natural que contrató y ejecutó el pago correspondiente al vuelo chárter internacional de Caracas a Nueva York.
En el ámbito de la aviación gubernamental y la diplomacia regional, el cambio de estrategia en el transporte aéreo refleja los nuevos matices en la movilidad de las delegaciones oficiales venezolanas en el exterior.
Con información de Morfema.com
