“Lo decimos con todo el respeto, la doctora María Lourdes Afiuni era la presa del presidente Chávez”, expresó José Amalio Graterol, abogado de la ex juez, quien señaló que esperan que ahora, luego del fallecimiento del primer mandatario, los que se quedaron a cargo del Gobierno actúen con sensatez y apuesten por la reconciliación el pueblo venezolano.
“Desde aquel 13 de enero de 2011, cuando el presidente Chávez pidió la pena máxima para la doctora Afiuni, no ha pasado nada más que la ejecución de una orden contra una persona que sólo aplico la Ley”, dijo el jurista.
Graterol recordó que dentro del propio chavismo hubo innumerables manifestaciones por los conflictos internos en los que los simpatizantes del Gobierno decían que las cosas malas sucedían porque el Presidente no las sabía y responsabilizaban a sus representantes.
“Esta gente que está gobernando después de la muerte de Chávez es precisamente ese entorno al que el pueblo le echaba la culpa por sus calamidades. Hacemos un llamado para que den una muestra de sensatez y no de más odio para que tomen las medidas pertinentes para evitar que los presos políticos continúen encarcelados y el país se reconcilie. Ellos apenas son una figura, el líder era Chávez. Ahora tenemos un gobierno sin líder, por lo que sólo les exigimos que haya respeto a las leyes y a la Constitución, y eso pasará con la liberación de los presos políticos”, comentó el representante legal de la ex jueza.
Envió condolencias. El jurista aprovechó la oportunidad para enviar pésame a los familiares del presidente Hugo Chávez. “La muerte del Presidente debe tomarse con mucho respeto porque es la de un ser humano y todas las situaciones de adversidad que pase una persona deben ser respetadas, por lo que no debe haber celebración alguna por lo que le sucedió a Chávez”, expresó Graterol.
Sin embargo, advirtió que ve con preocupación cómo, a su juicio, han sido utilizados los actos fúnebres del Presidente para hacer proselitismo político e impulsar la candidatura presidencial del vicepresidente Nicolás Maduro.
“El futuro del país debe signarse por lo que establece el artículo 233 de la Constitución, sin importar lo que estableció la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 9 de enero de este año, cuando la presidenta dictaminó que había una continuidad administrativa del actual Gobierno, y que el Presidente se podía juramentar y tomar posesión en cualquier momento, pero eso no ocurrió”, aseguró.
Dada la actual situación –según el abogado de María de Lourdes Afiuni– quien debe encargarse de la Presidencia del país mientras se convocan y se realizan las nuevas elecciones es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y no el vicepresidente Nicolás Maduro.
“Lo que corresponde en Derecho es que asuma Cabello y que el vicepresidente, si quiere ser candidato presidencial, renuncie a su cargo porque la Constitución es clara y así lo establece. Pareciera que la intención no es esa sino darle largas y dejar abierta la posibilidad de darle continuidad a Nicolás Maduro al frente del Gobierno”, dijo.
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