Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), condenamos severamente el vil asesinato de Fernando Villavicencio Valencia, candidato a la presidencia del Ecuador, quien como legislador había investigado, documentado y denunciado, en especial, la corrupción del gobierno de Rafael Correa y los vínculos perversos de funcionarios y políticos con el crimen de narcotráfico; grave precedente que compromete la paz y a la democracia.
Expresamos a la familia de Fernando Villavicencio, a sus amigos, dirigentes y militantes de la agrupación política que lideraba, así como a sus partidarios y votantes, nuestro hondo pesar por la pérdida de un idealista y valiente líder político, comprometido con los valores superiores de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Declaramos nuestro apoyo expreso a la democracia ecuatoriana; nos complace la decisión de las autoridades de continuar con el proceso electoral en marcha, en el que se garanticen la equidad, justicia y transparencia de los escrutinios a realizarse en Ecuador. Y respaldamos la decisión del gobierno del presidente Guillermo Lasso de utilizar sus facultades constitucionales para realizar una exhaustiva investigación del hecho criminal y combatir con toda la fuerza de la ley a los criminales. Y pedimos este, los partidos políticos, sus líderes y el pueblo ecuatoriano, a cambiar la actitud de confrontación o de complacencia por la de unirse en una cruzada que permita recuperar los bienes inapreciables de la paz y de la seguridad individual y colectiva.
De lo contrario todos pueden verse arrastrados a situaciones semejantes a la que condenamos. Nos sentimos obligados a sonar la alarma sobre la expansión del entramado criminal en la vida política en la región. Hace poco tiempo manos criminales cegaron la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien investigaba hechos de corrupción y lavado de dineros de alto perfil en su país, relacionados con el narcotráfico.
Nada que agregar sobre la situación endémica que afecta a México, mientras llegan las amenazas de muerte del ELN, desde Venezuela, contra el fiscal general Francisco Barboza, quien tiene a su cargo las investigaciones del hijo del presidente de Colombia por el presunto financiamiento del narcotráfico durante la campaña electoral de su padre. Más recientemente, desde Caracas, tanto dirigentes del partido oficialista de la dictadura, como autoridades militares, han invitado a la agresión de la precandidata presidencial María Corina Machado, arguyendo, sobre todo el comandante general de la Guardia Nacional, que la aspiración de una inhabilitada por el régimen busca imponer “la normalización de la violencia para desestabilizar al país”. En nuestro criterio, resulta un imposible el pretender conjugar la experiencia democrática y la del Estado de Derecho mientras gobiernos e instituciones, de forma cada vez más desenfadada, muestran la asociación de las mafias de la corrupción política con el crimen del narcotráfico.
El Consejo Permanente de la OEA y la ONU no pueden mirar a los lados. 11 de agosto de 2023 Óscar Arias, Costa Rica José María Aznar, España Nicolás Ardito Barletta, Panamá Felipe Calderón H., México Rafael Ángel Calderón, Costa Rica Alfredo Cristiani, El Salvador Iván Duque M., Colombia José María Figueres, Costa Rica Vicente Fox, México Federico Franco, Paraguay Eduardo Frei R., Chile Lucio Gutiérrez, Ecuador Luis Alberto Lacalle H., Uruguay Mauricio Macri, Argentina Jamil Mahuad W., Ecuador Carlos Mesa G., Bolivia Lenin Moreno, Ecuador Mireya Moscoso, Panamá Andrés Pastrana, Colombia Ernesto Pérez Balladares, Panamá Sebastián Piñera, Chile Jorge Tuto Quiroga, Bolivia Mariano Rajoy, España Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica Julio María Sanguinetti, Uruguay Álvaro Uribe V., Colombia Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.
NP
