La República democrática está muerta. La cultura pluralista en el ejercicio del poder, también. La vitalidad creativa y esperanzadora, por ejemplo, de casi todo el sector mediático, académico o artístico, otro tanto. La actividad productiva seria y sólida, por lo menos anda moribunda.

Los derechos ciudadanos en salud o educación o servicios públicos son una especie en extinción. Ni hablar de las libertades políticas, sociales y económicas. La legitimidad electoral ya se encuentra sepultada.

Todo esto se sabe bien y son, por tanto, obviedades propias de una hegemonía despótica y depredadora. No importa la malévola propaganda oficial o las igualmente malévolas complicidades de los que buscan justificar la agonía por sus intereses criminales.

¿Estamos condenados a esta realidad trágica? Muchos piensan que sí, y entonces emigran, se resignan o se dedican al “resuelve”. No los culpo. El pésimo ejemplo que reciben de la mayoría de los voceros que están llamados a representarlos, así lo ocasiona. Ya no son parte de una clase política. No. Son capos de mafias que orbitan la megamafia del poder.

¿Este panorama puede cambiar? Un sí rotundo es la respuesta. Es posible liberarse de un secuestro o de una situación de forzosa dominación. Es posible pero no fácil. Y es lo que toca para que la nación tenga la oportunidad de renacer y de iniciar una compleja reconstrucción desde sus cimientos. Sí, es posible la resurrección de Venezuela.

Fernando Luis Egaña 

Derecho Humano consagrado en la Convención Americana aunque suscrita en 1969 en vigor desde 1978, el Debido Proceso es un principio jurídico que garantiza que todas las personas sean tratadas de manera justa en un procedimiento legal, sea éste judicial o administrativo.

En inglés due process of law denomina a un derecho constitucional que protege a los ciudadanos del abuso del poder público. Válido en materias penal y civil, compromete a los órganos del Estado a ceñirse a las normas establecidas y tratar a todas las personas equitativamente.

En 1791, los Estados Unidos aprobaron las diez primeras enmiendas en la llamada Bill of Rights o Carta de Derechos, de ellas la quinta, muy conocida por el cine y la televisión, establece que ninguna persona puede ser obligada a responder por un delito sin ser acusada ante jurado, salvo en caso de militares en servicio activo en guerra o peligro público, ni ser juzgada dos veces por el mismo delito, ni obligada a atestiguar contra sí misma, ni privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso, ni puede una propiedad de particulares ser tomada para uso público sin debida compensación.

Este año, medidas ejecutivas como deportaciones, revocación genérica del Estatus de Protección Temporal (TPS) y de la Parole (libertad condicional) Humanitaria han conculcado ese derecho y en medio de un clamoroso debate público en los medios, las redes, la academia y el foro parlamentario, se presentan recursos en los estrados judiciales y el gobierno se ha visto obligado a defenderse.

En Venezuela, aunque el artículo 60 de la constitución de 1961, la más duradera y la menos irrespetada de nuestras leyes fundamentales, establecía el marco para la inviolabilidad de la libertad y la seguridad personales, el legislador lo consideró insuficiente y tras cuatro años de trabajo riguroso en 1998 dictó un Código Orgánico Procesal Penal mucho más garantista desde su primer artículo.

El Constituyente de 1999 que reiteró en el artículo 44 la inviolabilidad de la libertad personal que ya estaba en aquel 60 de la Carta precedente, elevó esos principios al texto constitucional con un artículo 49 extenso, detallado.

Encabezado “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas…” sus ocho numerales lo explicitan: Inviolabilidad del derecho a defensa y asistencia jurídica; presunción de inocencia; derecho a ser oído oportunamente y con las garantías debidas; derecho a ser juzgado por sus jueces naturales con las garantías establecidas; derecho a no ser obligado a declararse culpable o a declarar contra sí mismo o a ser condenado por actos u omisiones no previstas como delitos ni juzgado dos veces por los mismos hechos y puede “solicitar del Estado restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados” con posibilidad de exigir la responsabilidad personal de quien le juzgó.

El COPP, saludado nacional e internacionalmente como progresista, al punto de haber asumido la propia Constitución sus innovadoras premisas, ha sido desfigurado en siete reformas, ninguna de las cuales ha cumplido seria, rigurosamente, con las consultas previstas en el artículo 211 constitucional.

Además, se ha legislado con el mismo signo restrictivo en contravención de la Constitución, desde sus mismos principios fundamentales. Sus preceptos vienen siendo quebrantados y con mayor agresividad desde el segundo semestre de 2024.

Sin embargo, se ha confinado el tema a reductos muy estrechos, imposibilitado el debate público que la Constitución garantiza en su artículo 57, el cual me atrevo a ejercer en estas líneas y convertido en más que quimérica, la mera idea de intentar ante los tribunales los recursos correspondientes, por ejemplo, el de amparo del artículo 27. Del monólogo “parlamentario” actual, ni hablar.

Comerse la luz roja constitucional cuando para colmo se maneja en dirección contraria a su flechado inflige daño severo e indebido a venezolanos y a sus familias que sufren y como si fuera poco, genera un perjuicio a Venezuela toda, cuya legalidad queda en entredicho, alejando inversiones que nos hacen falta, disminuyendo así oportunidades de empleo, producción y en general, de la “prosperidad y bienestar del pueblo” que son fines estatales esenciales según el artículo 3 de la Constitución y por añadidura, debilita la credibilidad del Estado venezolano a la hora de reclamar, como debe, el injusto trato a nuestros compatriotas en otros países.

Ramón Guillermo Aveledo

“A medida que Estados Unidos y China profundizan su rivalidad geopolítica, la asimetría de sus enfoques estratégicos amenaza con fragmentar el sistema global y obliga a las potencias intermedias a redefinir su papel”.

La confrontación actual entre Estados Unidos y China no es simplemente una guerra comercial, ni una escaramuza diplomática pasajera. Es una lucha estructural y prolongada entre dos actores globales que no solo compiten entre sí, sino que operan bajo lógicas estratégicas fundamentalmente distintas. No se trata de tácticas o disputas aisladas sobre aranceles o tecnología, sino de una profunda asimetría en la percepción del poder, del tiempo, de la legitimidad y de la arquitectura del orden internacional.

Washington juega en un tablero abierto y plural. Su estrategia es fluida, reactiva y a menudo limitada por ciclos electorales y presiones mediáticas. El poder se mide en incrementos trimestrales: crecimiento económico, creación de empleo, rendimiento bursátil y primacía tecnológica. Para Estados Unidos, la dominación se ejerce a través de instituciones, alianzas y reglas de mercado —o mediante la capacidad de reescribir esas reglas cuando ya no les son útiles—.

China, por el contrario, despliega una estrategia de largo plazo sobre un tablero centralizado y civilizacional. Concibe el poder como un proceso continuo, cimentado en agravios históricos, continuidad ideológica y una paciencia estructural. Pekín no depende de validación electoral ni de instituciones abiertas. Su fortaleza no se basa en el crecimiento económico inmediato, sino en la resiliencia estructural, la cohesión social bajo control estatal y la acumulación paulatina de influencia en sectores clave a nivel global.

El contraste no podría ser más marcado. Washington percibe la determinación de Pekín como una amenaza expansiva y desestabilizadora. Desde la perspectiva china, las medidas de contención —aranceles, sanciones tecnológicas y pactos militares— son síntomas de una hegemonía en declive que se aferra a un orden global en retroceso.

Esta disonancia estratégica alimenta un ciclo de percepciones erróneas y respuestas escalonadas, reforzando la convicción en ambos lados de que el conflicto no solo es probable, sino inevitable.

Esta dinámica refleja lo que el historiador griego Tucídides identificó como una trampa estructural: “Cuando una potencia en ascenso amenaza con desplazar a una potencia gobernante, la tensión estructural resultante hace que el choque violento sea la regla, no la excepción”. Lejos de ser una simple analogía histórica, esta trampa sugiere que el riesgo de conflicto entre Pekín y Washington es elevado, especialmente si no se establecen mecanismos de contención creíbles y sostenido.

La trampa de la percepción estratégica

Esto no es una reedición de la Guerra Fría. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética se estructuraba en torno a bloques ideológicos y líneas rojas militarmente disuasivas, sostenidas por la disuasión nuclear. La competencia actual con China es más compleja: combina una interdependencia económica significativa con una acelerada bifurcación tecnológica en sectores críticos como semiconductores, inteligencia artificial y redes 5G. Este desacoplamiento no es solo económico; tiene implicaciones geoestratégicas profundas, con ambos bloques construyendo cadenas de suministro paralelas, infraestructuras digitales autónomas y alianzas militares que reflejan visiones antagónicas del orden global. A diferencia de Japón en los años ochenta, Pekín no busca acomodo dentro del sistema liderado por Occidente. Está diseñando uno alternativo, con sus propias reglas, instituciones y esferas de influencia.

El giro de China del lema «reforma y apertura” (Deng Xiaoping ) hacia «autosuficiencia y trabajo duro” (Xi Jinping) marca un proceso deliberado de desvinculación de la interdependencia económica con Occidente. Esta transformación no es retórica. Incluye fuertes inversiones en capacidad tecnológica interna, minerales estratégicos, cadenas de suministro para la defensa y lealtad política. La diplomacia de Xi hacia aliados tradicionales de Washington —desde Europa hasta el sureste asiático— no busca integrarse, sino fragmentar las coaliciones de contención que la contrarrestan.

Mientras tanto, la imposición y suspensión selectiva de aranceles por parte de la administración Trump forma parte de una narrativa más amplia de «nacionalismo económico» revestido con retórica de reciprocidad. El mensaje al mundo es claro: Estados Unidos ya no seguirá actuando con las reglas de la globalización si estas limitan su capacidad de actuar unilateralmente. Pero esta postura también conlleva riesgos: invita a represalias, malentendidos y una deriva hacia una diplomacia transaccional entre aliados que antes compartían normas comunes.

Potencias intermedias en la encrucijada

En este panorama fragmentado, potencias intermedias como la Unión Europea y los países de América Latina no son espectadores pasivos. Están siendo arrastrados hacia una polarización que no buscaron y que deben navegar sin sacrificar su soberanía.

Para América Latina, el desafío es evitar alineamientos binarios. El valor geopolítico de la región reside en su capacidad para diversificar alianzas sin comprometer su autonomía en energía, infraestructura y gobernanza digital. Caer en la dicotomía Estados Unidos-China reduciría al continente a una zona de influencia —una condición que ha sufrido históricamente y que hoy debe rechazar con claridad—.

Para la Unión Europea, los riesgos son aún mayores. Bruselas debe transformar su retórica declarativa de «autonomía estratégica» en una doctrina concreta. La dependencia de las garantías de seguridad estadounidenses y de las cadenas de suministro chinas ha dejado al continente expuesto a la volatilidad de ambos frentes.

Una estrategia verdaderamente multipolar —que incluya política industrial activa, revisión de inversiones estratégicas y modernización de la defensa— es esencial no solo para la relevancia europea, sino para la estabilidad del orden liberal en su conjunto.

Conclusión: la confrontación que redibuja el orden mundial

El mundo no está simplemente asistiendo a una transferencia de poder entre dos superpotencias; presencia un choque profundo entre visiones irreconciliables de cómo debe organizarse el sistema internacional. Estados Unidos y China no solo compiten: operan bajo lógicas estratégicas, marcos normativos y objetivos finales que no pueden coexistir sin fricción constante. Esa asimetría es lo que hace que esta confrontación sea especialmente propensa a la escalada: no existe un marco común de entendimiento, ni canales previsibles de disuasión, ni mecanismos compartidos para gestionar la tensión.

La próxima década pondrá en tensión no solo la solidez del poder económico, militar y tecnológico de Washington y Pekín, sino también la capacidad del resto del mundo para no ser arrastrado a una espiral de polarización estructural. La rivalidad entre Trump y Xi es más que una pugna bilateral: es un proceso de reconfiguración sistémica que amenaza con fragmentar cadenas de suministro, bloquear instituciones multilaterales y erosionar principios fundamentales del derecho internacional.

En ese contexto, el nuevo orden global no dependerá exclusivamente de quién imponga su fuerza, sino de quién logre reinterpretar las reglas de coexistencia entre modelos civilizatorios divergentes. Las potencias intermedias —desde India hasta Brasil, desde la Unión Europea hasta Indonesia— ya no son solo espectadores o mediadores: se convierten en actores estratégicos cuya arquitectura de alianzas, marcos regulatorios y apuestas tecnológicas moldearán la dirección del siglo XXI.

Si este conflicto se intensifica sin mecanismos de contención podría desembocar en una confrontación abierta y prolongada con consecuencias impredecibles para la humanidad. No se trata solo de comercio, influencia o seguridad: está en juego la forma misma en que las naciones coexistirán —o colapsarán juntas— en una era de interdependencia vulnerable.

Antonio de la Cruz