El ruido de redes y el tsunami de críticas dirigido contra Donald Trump –que en buena lid ha de ser observado, tanto como demandarle enmiendas concretas a sus actos cada vez que corresponda, como ha de ser en toda democracia– está revelando que, en nombre de la democracia y de la protección de derechos humanos lo que se busca, en un marco de polaridades, es renovar la criminalización de la política; su judicialización con claros fines políticos y a costa del mismo Estado constitucional y de Derecho.
Si más allá de haber declarado enemigos de Estados Unidos a Nicolás Maduro y sus aparatos criminales: el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, la cuestión es la de su personalidad, su talante de mandón es dato viejo y ya conocido. Le ha ofrecido sus dos victorias electorales. De donde, si algo cabe preguntar es ¿por qué los norteamericanos lo han reelegido abrumadoramente?
Quienes lo ametrallan y desde ya le llaman «dictador» –obviemos a los demócratas, legítimos opositores– son en buena parte los que validan y justifican con sus silencios e incluso normalizan al usurpador de Maduro, perseguido por la comisión de crímenes de lesa humanidad y haber desmaterializado el orden legal en Venezuela.
¡Que si a mí me gusta Trump, diría que no! A mis años prefiero gobernantes con el talante de Juan Pablo II o de san José Gregorio Hernández. Pero ni este ni aquel están preparados para conducir una guerra –me refiero a la de quinta generación en boga y que deja víctimas, lamentablemente– y que es de alcance global. Se inició en 1989 tras el derrumbe de la Cortina de Hierro y el fin de la bipolaridad. Alcanzó su primer hito luego de que Trump impusiera aranceles del 25% a las exportaciones de China y, al sobrevenir como respuesta la pandemia, originada dentro de esta, en 2019. Quedaron a la vera 15.000.000 de muertos. Triplicaron los del Holocausto. Nadie, menos la ONU, se inmutó o le reclamó a China la reparación de los daños transfronterizos ocurridos, enterrándose así los cánones del vigente y, por lo visto, agotado Derecho internacional posbélico, el de 1945. ¿De qué hablamos, entonces?
Esa guerra vive hoy su fase final, la de la reordenación global. Avanzamos hacia un renacimiento en pleno parto, tras treinta años de deconstrucción cultural, social y política, y de demolición de todas las certezas que conoció Occidente hasta el momento en que decide destruir sus propias raíces. Hemos quemado nuestras iglesias y desmontado los crucifijos, para no ofender a los musulmanes. Hemos derribado la estatuaria colombina, para negar a nuestros padres y volvernos adánicos.
En ese tiempo largo, que se ha tragado a dos generaciones y media, el régimen venezolano, declarado enemigo por Estados Unidos, una vez como pacta su asociación con el narcotráfico colombiano en agosto de 1999 creó su espiral de violencia. Hasta 2022, 300.000 venezolanos inocentes fueron víctimas de homicidios. ¿Estamos o no en una guerra?
Contextualicemos, entonces, lo que viene ocurriendo para mejor comprenderlo. El cinismo no abre caminos hacia la paz con libertad; que es muy distinta de la paz negociada a la que aspira, para los venezolanos, el encuestador del régimen. Cree posible establecer una mesa de diálogo con los integrantes del Tren de Aragua y se queja de Trump. Permaneció distraído cuando Maduro ordenaba encarcelar y torturar, sin fórmula de juicio, a más de 2.006 venezolanos luego de robarse las elecciones del 28J.
Maduro y su cohorte de normalizadores, entre tanto, le reclaman a Estados Unidos no haber respetado el debido proceso en el caso de los deportados hacia El Salvador, calificados como miembros del Tren de Aragua. ¿Le preguntaron a Estados Unidos sobre la verificación previa de antecedentes y el agotamiento del debido proceso con relación a los otros 607 deportados procedentes de Estados Unidos entre el 10 de febrero y el 24 de febrero pasados, recibidos en Caracas? ¿A los miembros del Tren de Aragua Maduro los regresó a la cárcel, les condecoró, los nombró ministros como hizo con el testaferro Alex Saab?
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Ayer, no más, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela. Los investigadores han concluido que Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, por razones políticas. Y, ¡oh sorpresa!, revelan que ordenó encarcelar “a 150 personas extranjeras, caracterizándolas de mercenarios”, bajo su libre albedrío. “Estas personas son, principalmente, de nacionalidad colombiana y estadunidense”, según se lee en el Informe analizado en Ginebra. A estos detenidos se les impidió tener acceso o “comunicarse con una oficina consular o misión diplomática del Estado del que son nacionales…” y las autoridades de Caracas “han ignorado solicitudes de información de consulados y misiones diplomáticas sobre casos específicos”, declara la Misión.
Por formación y convicción he denunciado repetidamente los llamados dobles estándares, en materia de derechos humanos. Una muy valiosa amiga periodista me decía, con buenos argumentos, que ella no puede absolver a Donald Trump, sin más. Y tiene razón. Yo mismo rechazo su personalidad de gobernante, tanto como rechacé la de Hugo Chávez Frías –freidor de cabezas– y que otra mayoría electoral, sumadas las élites comunicacionales y financieras, decidió llevarle a la presidencia venezolana. Mas la cuestión y lo que cabe evaluar –no miremos a Chávez por sus palabras, sino por sus actos, me decía el embajador norteamericano en 1998– y lo que corresponde resolver es sobre el polémico acto del presidente Trump. Nada más.
He sido juez interamericano de derechos humanos, y mal puedo concluir obviando el contexto. Si lo hago dejo de juzgar con objetividad y me vuelvo soldado de trinchera.
¿Dice la orden de Trump que todos los venezolanos mayores de 14 años que se encuentren en Estados Unidos y sean miembros del Tren de Aragua serán detenidos y deportados? Es cierto. ¿A primera vista, se trata de una norma de discrecionalidad abierta, por ende, arbitraria? También es cierto. El mandato de Trump no prescribe y especifica las características concretas de atribución de la calidad de miembro del Tren de Aragua. Puede ser cualquiera y ello viola el principio de la legalidad y al debido proceso.
¿La declaratoria como enemigo del Tren de Aragua, ordenada por Trump, es dictatorial y despótica? No. No es cierto. La orden presidencial, aun cuando se le fundamente en una vetusta Ley de 1798, le encarga a la Fiscalía General y al secretario de Homeland Security ejecutarla adoptando “todas las medidas necesarias, conforme a la Ley de Enemigos Extranjeros”, a fin de hacer efectiva esta proclamación “de conformidad con la legislación aplicable” (Cursivas nuestras). Es decir, las deportaciones, aún ancladas sobre esa ley antigua y draconiana, han de hacerse y deben hacerse de modo compatible con “la legislación aplicable”, a nivel federal. Habrá arbitrariedad si y sólo si el fiscal y el secretario realizan deportaciones sin precisar previamente, mediante normas –llamémoslas reglamentarias o secundarias– las condiciones de atribución para que un venezolano u otro extranjero sea considerado miembro del Tren de Aragua.
Es esto, pues, lo que corresponde exigir en modo tal que los venezolanos de bien, esa gran mayoría de casi 1.400.000 que nos encontramos en Estados Unidos legalmente –como residentes, beneficiarios de TPS o “parole”, o asilados o con trámites de asilo– seamos separados de la horda criminal de malos venezolanos que, ciertamente, secuestró a nuestra Casa Común y a todos nos malpuso. Su jefe nos expulsó de ella. Y si aspiramos a verla libre, las medidas de desalojo forzado, tal como ocurre cuando alguien invade nuestra vivienda ilegalmente y es un ocupa, no deberían escandalizarnos.
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“Al menos seis integrantes de una banda delictiva denominada Los Piratas actúa en Chile como una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua”. Uno de estos precisó que la orden de asesinar al teniente Ronald Ojeda provino del régimen de Maduro.
Ahora bien, ¿estamos o no en medio de una guerra que nos lleva a tropezar con estas situaciones de excepcionalidad que desplazan y desprecian al Estado de Derecho y a sus garantías democráticas? A mí me escandalizan. Como jurista, sin embargo, debo estar atento a las crisis históricas en las que las normas legisladas pierden su materialidad por falta de asidero social y real, o cuando se aplican, como en Venezuela, para legalizar a la ilegalidad, burlando al valor integrador de la Justicia. De no hacerlo me quedaría, como analista, pastoreando nubes.
Las guerras, en la historia de la humanidad, surgen por motivos de poder, de ampliación de las fronteras geopolíticas de unos países contra otros o, en el marco de la disolución de una nación, cuya guerra civil o intestina trasvasa fronteras, entre otras muchas tantas hipótesis. La guerra de los Balcanes implosionó a Yugoslavia tanto como al Imperio soviético, al igual que en pasado el Tratado de Versalles de 1919 y los de París (1947) determinaron esas realidades geopolíticas agotadas. El derecho, salvo el humanitario, permaneció en suspenso.
Si vemos a la distancia los hechos, cualquier observador cuidadoso puede decir bien que las guerras del siglo XXI y sus crisis constitucionales –la quiebra del Estado de Derecho– se iniciaron en Venezuela con El Caracazo y sus miles de muertos. Entre tanto ocurrían la Masacre de Tianamen en China y los alemanes sufrían del cáncer de la xenofobia.
Y hagamos la historia corta. Al apenas iniciarse la guerra contra Ucrania –cuando el democrático Estados Unidos, por enésima vez y por razones netamente petroleras vuelve a la mesa del dictador venezolano para entenderse– Rusia, la agresora, que a la sazón media en el entendimiento entre Maduro y la oposición de partidos en Venezuela, anunció junto a China las bases del Orden Global en la Era Nueva emergente.
Habían pasado tres décadas de sismos en el planeta y sobre todo en Occidente, por lo que Xi Jinping y Vladimir Putin (a) dicen ser y representar a civilizaciones orgullosas y milenarias, mientras la frivolidad occidental ha acabado con la suya; (b) que, por consiguiente, les corresponde gobernar a la globalización económica y financiera desde el mundo pacífico; y que, (c) si quieren paz los occidentales, han de permitirle a sus pueblos escoger por vía electoral a sus dictadores; a sus “autoritarismos electivos”, como les titula el academicismo sibilino de factura anglosajona.
En ese contexto, y sigo con lo del contexto, pues mucho importa, entre 1989 y 2019 se construyeron las agendas del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, del Programa 2030 de la ONU y la del Gran Reinicio de Davos. Todas a una, sin la protesta de los medios occidentales, tampoco de los normalizadores venezolanos, omitieron sus énfasis sobre la democracia y el Estado de Derecho. Emerge, en su defecto, el Law Fare, la indicada criminalización o judicialización de la política. La mencionan los poblanos en 2019 y es un descubrimiento para Pedro Sánchez en España.
Casualmente es este el nombre, Law Fare, que lleva el portal del grupo de abogados y comunicadores norteamericanos coaligados que judicializa toda actuación desplegada por Donald Trump, desde el primer día de su primer mandato. ¿Y lo han hecho en defensa del Estado constitucional y democrático de Derecho, o a favor de su deconstrucción?
En suma, “Venezuela es un eje clave del narcotráfico global”, observa Transparencia. Que cada uno y cada cual mire hacia donde desee, con vista miope o hipermétrope. En eso consiste el discernimiento. Cada uno y cada cual, si lo desea, puede vacacionar en los círculos del infierno. La historia y sus realidades, como esa indicativa de que vivimos la fase terminal de una guerra por etapas, estarán allí, cuando pase el sueño onírico de la razón. Nos demostrarán que al tiempo de la maldad y del cinismo social sigue otro, de libertad y centralidad constitucional, por un tiempo, pero no muy largo.
Asdrúbal Aguiar
correoaustral@gmail.com
