Desde hace unas semanas el dictador que gobierna Venezuela ha dedicado buena parte de sus apariciones públicas a promocionar una reforma constitucional que se llevaría a cabo antes de finalizar este año.

De la iniciativa, innecesaria en medio de la crisis humanitaria y política que vive el país provocada por el propio régimen, poco se sabe más allá del compendio de lugares comunes y fanfarronadas que se repite por la señal de Venezolana de Televisión. El apego al “Plan de la Patria” y las “siete transformaciones” (vademécum doctrinarios de la dictadura), la promoción de un “Estado comunal” y la designación de los amigos incondicionales de Maduro como corredactores del texto constitucional es todo lo que necesitamos saber para comprender que estamos a la espera de otra estafa política con la que se pretende afianzar la dictadura en Venezuela.

El “Estado comunal” que nacería con la carta magna, como hemos indicado en anteriores escritos, es el eufemismo con que pretenden fusionar el partido de gobierno con las comunas creadas por el régimen, una estrategia envolvente en la que los ciudadanos estarían obligados a ser leales a la dictadura a fin de preservar sus puestos de trabajos, ser incluidos en los programas sociales y poder disponer de los servicios públicos que de un modo precario siguen existiendo en el país. El régimen está empeñado en crear un Estado sobredimensionado, donde la lealtad política al dictador sustituya el derecho a la ciudadanía y donde toda disidencia pueda ser aplastada.

Esta es la verdadera razón que mueve al régimen en este proyecto de reforma constitucional y es la causa por la que Nicolás Maduro ha puesto más empeño en su promoción que en las elecciones regionales a las que mira con desconfianza. Lo ha afirmado claramente en sus apariciones públicas, con la reforma a la Constitución, las alcaldías y gobernaciones quedarían sujetas a un nuevo poder, el “comunal” (controlado por Miraflores) que limitaría su libertad de acción y pondría en coto los liderazgos regionales. Con la nueva carta magna el régimen avanzaría en la recentralización dejando a los poderes locales vacíos de competencias, presupuestos y desconectados, a efectos prácticos, con su electorado.

Con la nueva Constitución los poderes locales quedarían como cascarones vacíos, apenas apéndices de las órdenes ejecutivas de Miraflores, todo un retroceso al proceso de descentralización que con tanto esfuerzo comenzamos hace muchos años en Venezuela, un giro autoritario escudado en el llamado poder comunal. Los venezolanos lo saben, cada vez que la revolución pretende reformar la Constitución lo hace con base a cálculos mezquinos, como cuando querían incluir la reelección indefinida (2007) y tuvimos que salir a la calle, en un movimiento de organización y resistencia popular, para acotar las ambiciones de Hugo Chávez, uno de los hitos de nuestra resistencia como ciudadanos y escuela de activismo político con el que muchos venezolanos seguimos comprometidos.

Nicolás Maduro Moros ha decidido convertir el 2025 en el año de la consolidación de su proyecto dictatorial cociendo, sobre el entramado institucional venezolano, un traje hecho a su medida, una camisa de fuerza para los venezolanos que luchamos por el cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría.

Estamos viviendo tiempos complejos que ponen a prueba nuestra capacidad de resiliencia frente a la dictadura. Miraflores avanza en su intento de imponernos una institucionalidad que certifique, desde la Constitución, el autoritarismo, un proyecto que pueda dar una apariencia de legitimidad a una dictadura que desea consolidarse a espaldas de la voluntad popular que lo abandonó el 28 de julio. El régimen ha decidido legalizar la dictadura con la nueva Constitución y burocratizar la represión con la construcción de este supuesto “Estado comunal”, un gigante con pies de barro que no podrá detener la voluntad de cambio que persiste en los venezolanos.

www.rpatino.com

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, pone a disposición de los venezolanos, en su página web, un «Kit de Emergencia en Derechos Humanos», un manual que contiene herramientas útiles y sencillas para actuar en casos de allanamientos, detenciones ilegales, desapariciones forzadas, acoso laboral, entre otros abusos que forman parte del cotidiano repertorio represivo del gobierno de Nicolás Maduro.

Provea forma parte del grupo de ONG que siguen en nuestro país luchando por la libertad de los presos políticos. Trabajar por el retorno de la democracia forma parte del esfuerzo colectivo por lograr la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

Las excusas son un refugio cómodo para los gobiernos en crisis. En Venezuela, la narrativa oficial insiste en que la reciente Licencia 41A de la OFAC—que restringe las operaciones de Chevron en el país—es la responsable de la nueva presión inflacionaria y la crisis económica. Según esta visión, si las sanciones desaparecieran, todo volvería a la normalidad.

Pero la realidad es otra. La inflación en Venezuela no nació con las sanciones; es el resultado directo de políticas económicas erradas, adoptadas durante años por el régimen chavista-madurista que ha utilizado la impresión de dinero sin respaldo y el gasto público descontrolado como herramientas de supervivencia. Esta es la verdad que muchos prefieren ignorar.

La falacia de culpar a la OFAC

Para comprender el problema, hagamos un ejercicio sencillo. Imagine que un hombre se encuentra gravemente enfermo debido a años de mala alimentación, sedentarismo y consumo excesivo de alcohol. De repente, recibe un golpe en la pierna y su recuperación se complica. Ahora bien, ¿culparíamos únicamente al golpe por su estado crítico, ignorando todo lo anterior?

Eso es exactamente lo que ocurre con la economía venezolana. Antes de que la OFAC endureciera las restricciones este mes, la inflación ya era un problema crónico. Entre 2017 y 2021, Venezuela sufrió una hiperinflación que alcanzó 132.000% en 2018, mucho antes de las sanciones petroleras más severas. Las cifras son claras: el Banco Central de Venezuela imprimió dinero sin respaldo para financiar déficits fiscales descomunales, que en sus picos alcanzaron 30% del PIB.

Mientras otros países sancionados, como Irán y Rusia, han implementado políticas fiscales estrictas para contener la inflación, en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro ha seguido un modelo insostenible: gastar más de lo que tiene y cubrir la diferencia con emisión monetaria. Es un manual de instrucciones para la catástrofe.

Las reformas que no llegan

El problema de fondo es que el chavismo-madurismo nunca ha corregido su modelo económico. Durante el auge petrolero de principios de siglo, el país desperdició la oportunidad de diversificar su economía y generar estabilidad fiscal. Se creó una estructura de subsidios insostenible —incluido el absurdo de regalar gasolina a costa de miles de millones de dólares al año— y se destruyó el aparato productivo con expropiaciones y controles.

Hoy, en lugar de asumir responsabilidad, el régimen prefiere culpar a factores externos. Y lo más grave es que algunos economistas le siguen el juego, promoviendo la idea de que la Licencia General 41A es la causa principal de la inflación. Esta visión no solo es equivocada, sino que también impide abordar las reformas urgentes que necesita el país: disciplina fiscal, eliminación de subsidios irracionales y un Banco Central independiente.

El espejismo del crecimiento reciente

Algunos argumentan que Venezuela está en camino a la recuperación. Se habla de un repunte del PIB desde el colapso de 2020, pero lo que no se dice es que seguimos siendo una economía devastada. Para ponerlo en perspectiva, el PIB venezolano pasó de 352.000 millones de dólares en 2012 a apenas 120.000 millones en 2024. Es como si un hombre que pesaba 100 kilos se redujera a 30: no está recuperado, solo dejó de perder peso a una velocidad alarmante.

Mientras tanto, el PIB per cápita de 4.020 dólares nos ubica al nivel de 1999, con una pobreza que ronda 80% y una emigración de más de 7 millones de personas. Decir que la economía está mejor solo porque ya no cae a la velocidad de años anteriores es como aplaudir porque un enfermo terminal dejó de perder peso: sigue desnutrido, sigue en peligro.

Mirar la verdad de frente

Aceptar la realidad económica venezolana es incómodo, pero necesario. La inflación no se resolverá con más ingresos petroleros si el régimen sigue gastando sin control. Las sanciones de la OFAC son un problema adicional, pero no el origen de la crisis. Mientras sigamos buscando culpables externos en lugar de exigir reformas internas, el país seguirá atrapado en un ciclo de colapso y falsas esperanzas.

La pregunta que debemos hacernos no es si la Licencia General 41A agrava la situación, sino por qué Venezuela sigue dependiendo de factores externos para sostener una economía que, en teoría, debería ser soberana. Sin reformas estructurales, sin disciplina fiscal y sin reconocer que el problema es interno, la inflación persistirá, con o sin Chevron, con o sin OFAC.

El autoengaño es un lujo que ya no podemos darnos.

Antonio de la Cruz

“El universo tiene tantos centros como seres vivos hay en él. Cada uno de nosotros es un centro del universo. Y el cosmos se desmorona cuando le dicen a uno entre dientes: ¡Queda usted detenido!”. Aleksandr Solzhenitsyn

Me ha venido al espíritu el deseo de releer algunos textos clásicos, por así llamarlos, desde que se habló recientemente de una reforma constitucional que, entre varios propósitos tan genéricos como posibles, incluye crear otro hombre.

La idea de forjar un hombre distinto al que es, aquí o allá, siempre estuvo en la aspiración especialmente de los distintos totalitarismos. La idea es que no seas tú sino un modelo en el que debes encajar so pena de sobrar.

A propósito de la misteriosa y secreta propuesta de reforma constitucional que se ha planteado entre los chavomaduristasmilitaristascastristasideologistas y, por cierto, apenas comentada ante el país y, tomando en cuenta el ensayo fallido de 2007 y las leyes más recientes sancionadas por la Asamblea Nacional madurista, destacándose entre varias, la Simón Bolívar; hay fundados motivos para entrever el talante que trae la que constituye el producto final que, entre otros hitos, presenta el desconocimiento del acto electoral del 28J, seguido por la impostura del 10 de enero de 2025 y el discurso autoritario de los voceros oficialistas que en coro amenazan con edificar a rajatablas una hegemonía.

Porque no se trata de una elección regional trucada que parece no atraer al ciudadano, incrédulo e indignado por el robo de su voto en las presidenciales últimas, sino de la carencia de atractivo que puede tener una consulta, a todas luces gatopardiana, sesgada, manipulada piensan muchos y no sin razón.

Otra cosa, por lo que está en juego, es la reforma constitucional que ciertamente también puede ser falseada y hasta birlada la decisión por un CNE corrupto, pero que podría dar ocasión para que nuevamente el cuerpo político rechace lo que sería el salto formal hacia una sociedad con visos totalizantes, sin propiedad privada, sin libertades, sin educación libre, sin justicia independiente, imparcial y neutral, sin soberanía de la nación y con el poder definitivamente conculcado.

El dilema de votar o no votar reaparece y puedo comprender las dudas que inmediatamente regresan perturbadoras a la conciencia del ciudadano, pero pienso que hay que meditar fríamente cómo encaramos el zarpazo constitucional del pretendido hegemón y sus deletéreas consecuencias. No sé si es el rojo del capote o el movimiento se oye decir en la tauromaquia, pero embestir nosotros sin razonar o simplemente obviar, omitir, por emoción, con otra huelga electoral, como diría mi fratelloFreddy Millán Borges, puede resultar en la muerte civil y ciudadana. Y con la muerte no se juega.

¿Y si se les ocurre a nuestros opresores otra maniobra y llaman a votar también, junto a los comicios del 25 de mayo próximo para escoger gobernadores, su chucuta reforma constitucional? ¿O poco después del evento electoral? ¿Y si nos ausentamos de la consulta, dejará la misma de realizarse o en caso de que la aprobaran aun con la mínima participación, dejaría de aplicarse?

Especulamos ciertamente y es mejor entonces ir día a día evaluando y decidiendo. Una petición ciudadana puede ser exigirle al proponente Maduro que publicite para el conocimiento de los venezolanos cuál es el texto de su propuesta de reforma constitucional cuya naturaleza justificaría, como él mismo afirmó, una amplia consulta y participación de todos los sectores del país.

Preocupa o más bien angustia que no se percibe interés en los compatriotas en ir a votar y ello ya lo hemos analizado antes, destacando el dilema que como dos agujas amenaza con hincarnos por una u otra razón. Emerge una interrogante, resuelve ir o no ir alguno de los más apremiantes problemas que el país padece, sufre, expía y la respuesta es más árida todavía.

El drama es que no abunda el patriotismo ni el compromiso democrático ni el respeto por la república en el chavomadurismomilitarismocastrismoideologismo y mantenerse en el poder a cualquier costo, solo nos ha traído agonía a los venezolanos, a sus instituciones y un porvenir abortado de antemano.

 Nelson Chitty La Roche
nchittylaroche@hotmail.com
@nchittylaroche