Naciones Unidas, 3 dic (EFE).- El Comité de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU ha abierto un caso contra el Gobierno de Venezuela para investigar el presunto fraude electoral en los comicios del pasado julio y le ha exigido conservar las actas de escrutinio, según anunciaron este martes un grupo de abogados denunciantes.

Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, confirmó a EFE que el Comité les notificó hoy que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.

Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE.UU.), que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.

La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha «solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales» incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación» mientras investiga.

Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un «avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela», y que «probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela».

En su denuncia «se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025», agregaron.

Ese venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en EE.UU., y que denuncia una privación del voto que es común al resto de sus conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.

Los abogados exponen en su denuncia la situación en Venezuela antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio, donde señalan un «patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados».

E inciden, al pedir medidas provisionales, «la posibilidad inminente de que se materialicen daños irreparables a los derechos humanos», ya que no es «un típico caso en el que se cuestionan los resultados electorales por parte de un candidato» sino «un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección».

En ese sentido, destacan que «a pesar de que se impidió votar al 99 % de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela».

El Comité de DDHH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes. EFE

nqs/asg/nvm

Fernando Flores fue designado como el nuevo director encargado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

A través de la Gaceta Oficial 43016 del 27 de noviembre de 2024, el Estado oficializó el nombramiento de Flores, quien sustituye a Gustavo Vizcaíno Gil.

Vizcaíno, que se desempeñó como director del Saime desde 2018, fue nombrado contralor general de la República el pasado 31 de octubre y asumió el cargo el 6 de noviembre de 2024.

Guison Fernando Flores ocupó diferentes cargos en la gestión pública en los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, reseñó Unión Radio.

Brasilia, 3 dic (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado alertó este martes al Congreso brasileño de una nueva ola migratoria y una mayor represión en Venezuela si el presidente Nicolás Maduro asume un nuevo mandato el próximo 10 de enero.

Machado, desde un lugar no precisado, y el abanderado de la oposición mayoritaria Edmundo González Urrutia, desde su exilio en Madrid, participaron por videoconferencia en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de Brasil, a la que pidieron apoyo para que se cumpla la «voluntad popular» en Venezuela.

Ambos insistieron en denunciar como fraudulentas las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le atribuyó la victoria a Maduro frente a González Urrutia.

Ese resultado fue luego refrendado por el Tribunal Supremo, pero sin que hasta hoy se hayan publicado las actas del proceso, exigidas por buena parte de la comunidad internacional e, incluso, por el Gobierno brasileño.

Machado afirmó que quien debe asumir el próximo 10 de enero es González Urrutia, «que fue elegido presidente por el 67 % de los venezolanos» y logró una «victoria avasalladora», enfatizó.

No obstante, alertó de que si se impone lo que tildó de «fraude cometido por Maduro», aumentará la represión política y se acelerará la ola migratoria que en los últimos años ya ha llevado a unos ocho millones de venezolanos a abandonar el país.

«Si Maduro prolonga esa agonía, el número de venezolanos que salen se multiplicará por diez y será una tragedia para Venezuela y para toda la región», aseguró.

Machado y González Urrutia también instaron a Brasil a insistir ante las autoridades venezolanas para lograr un salvoconducto que permita la salida de los seis opositores alojados en la embajada argentina en Caracas desde marzo pasado.

Brasil asumió la protección de esa legación diplomática después de que los representantes del Gobierno de Javier Milei fueron expulsados, pero la autorización para esa custodia fue revocada un mes después por las autoridades venezolanas.

Desde entonces, Brasil aguarda que Argentina proponga a otro país para asumir la custodia, pero eso aún no ha ocurrido y mantiene su representación de los intereses argentinos en Venezuela.

Según González Urrutia, esos seis opositores «enfrentan una grave situación», pues la embajada argentina en Caracas ha sido «asediada» por la «policía política» venezolana, en una «clara violación» de las convenciones internacionales, aseguró.

También pidieron al Parlamento brasileño que «aumente la presión» para la liberación de las casi 2.000 personas detenidas tras las elecciones de julio pasado.

Machado denunció que, entre ellos, hay «198 niños y adolescentes, que han sido torturados», y cuyo «único delito fue salir a protestar pacíficamente después de las elecciones».p

La líder opositora subrayó que la crisis venezolana «ya no es una cuestión de izquierdas o derechas», sino «un asunto de respeto a los derechos humanos y a la propia democracia». EFE

Nicolás Maduro afirmó que la líder de la oposición democrática,María Corina Machado regresó a Caracas y se refugió en la residencia del embajador de los Países Bajos y luego en la embajada de Estados Unidos.

Así lo expresó en su programa semanal Con Maduro +, este lunes, cuando acusó a Machado «de planificar acciones terroristas y solicitar sanciones contra el país desde Panamá y Colombia».

«Ella regresó y pensó que iba a movilizar a un millón de personas en Caracas, pero el gran fracaso fue tan estrepitoso que cayó en depresión», declaró Maduro.

Según Maduro, la supuesta estancia de Machado en la sede diplomática estadounidense generó molestias entre quienes custodiaban el lugar, debido a su presunto estado de ánimo.

«Allí ella durmió varios días, pero la gente que está cuidando esa sede se obstinó porque la señora estaba amargada y más tóxica de lo normal: está aquí, volvió, aunque tienen la promesa de repente de que se va otra vez».