El secuestro y asesinato del teniente de primera Ronald Ojeda Moreno, refugiado político en Chile, enluta una vez más la vida venezolana. Solo tenía 32 años y era padre de un hijo de 6 años. Todas las miradas están ahora sobre la justicia chilena para determinar cómo se produjo la desaparición y muerte del militar venezolano, y quién o quiénes son los responsables de este muy lamentable suceso.
Ojeda Moreno fue raptado de su vivienda en la comuna Independencia de Santiago de Chile el 21 de febrero en la madrugada por hombres que se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), que incluso presentaron lo que aparentaba ser una orden de detención, según lo que ha venido publicando la prensa local.
El cuerpo sin vida de Ojeda Moreno fue hallado el viernes primero de marzo en el campamento Vicente Reyes de Maipú, en el oeste de la capital chilena, en el interior de una maleta enterrada a 1,40 metros de profundidad y cubierta por una capa de cemento.
Aunque las primeras sospechas de los familiares cercanos de Ojeda y de medios y usuarios de las redes en Venezuela apuntaron hacia el régimen de Nicolás Maduro, la Fiscalía chilena ha procedido con un hermetismo inusual, de acuerdo con los medios, para proteger primero la vida del secuestrado y luego la investigación en curso.
Lo que se sabe hasta ahora es que en la operación del secuestro de Ojeda Moreno participaron entre 5 y 8 hombres, que la muerte se produjo por asfixia mecánica posicional por un elemento de tracción (aunque se espera el informe final de Medicina Legal) y que hay un detenido, un joven de 17 años identificado como Ángel, quien entró irregularmente en el país austral.
Y lo más importante, de acuerdo con el fiscal del caso, Héctor Barros, es que se estableció la participación del joven detenido y que el secuestro y asesinato se produjo en un contexto de «criminalidad transnacional y criminalidad transnacional organizada, vinculada al Tren de Aragua».
El portal independiente chileno El Mostrador advierte que muchos medios locales especularon que al señalar al crimen organizado en la autoría de los hechos quedaba descartado el móvil político. Sin embargo, el fiscal nacional Ángel Valencia precisó en una entrevista radial que «sigue primando la tesis de que hubo otra intención» distinta al habitual secuestro extorsivo, porque los captores no pidieron dinero a la familia de Ojeda Moreno, como ocurre en todos los casos, ni cuando ya habían dado muerte al militar, lo que ha sucedido también en alguna oportunidad.
Lo que cobra fuerza entre los investigadores es que fue un «contrato» adjudicado al Tren de Aragua o a relacionados con esa organización criminal. La gran pregunta es quién ordenó la contratación.
El abogado de la viuda de Ojeda Moreno, Juan Carlos Manríquez, admitió que con las evidencias existentes hasta ahora la pregunta clave de la investigación no está resuelta. “Lo que sí puedo decir es que la diligencia está en curso y bien orientada”.
Aunque se habla de contactos con autoridades venezolanas, no ha habido, ni se espera, una declaración oficial del régimen, ni cooperación alguna en el esclarecimiento del crimen. Porque no puede ser oficial lo que Diosdado Cabello diga en su programa Con el mazo dando. “Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro, arreglen su problema allá en Chile, sigan dándole alojamiento a mafiosos, la duda ofende”, soltó el diputado y vicepresidente del partido oficial. Lo que ofende es su desplante.
Editorial de El Nacional
